Como es conocido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión para resolver sobre un recurso de amparo que interpusieron un grupo de ciudadanos con el propósito de que su decisión de consumir mariguana con fines “recreativos” no fuese penalizada.
La discusión partirá de una ponencia del ministro Arturo Zaldívar que se sustenta, más que en argumentos de salud o de seguridad, “en razones de derechos humanos fundamentales, desde los que se presupone que el sujeto-usuario-consumidor debe estar amparado por el derecho a la dignidad, mismo que a su vez le permite el libre derecho a la personalidad” (Frank Lozano. El derecho a la mariguana. Juristas UNAM. Octubre 2015).
La ponencia del ministro Zaldívar opone y contradice la cultura del prohibicionismo, que hace del Estado el monstruo autoritario y omnipotente que deberá regir la vida de las y los ciudadanos y que, por ello mismo, es el único que puede resolver cuáles son las libertades y derechos que pueden ejercer las personas; la sociedad del prohibicionismo, como en 1984, en la novela de George Orwell. En ésta, el Big Brother decidía y dictaba “que lo negro era blanco y lo blanco era negro”, donde “la ignorancia era la fuerza; la libertad, la esclavitud, y la guerra, la paz”. Esta concepción autoritaria del Estado es lo opuesto al Estado democrático, social y de derecho que se ha desarrollado a partir de la ilustración, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La resolución que habrán de adoptar los ministros de la SCJN es de gran trascendencia, pues podrían colocar piso a una concepción diferente sobre el desarrollo de la sociedad mexicana.
Y es que, de manera equivocada, desde los centros de poder del Estado mexicano se piensa que un Estado de derecho es un Estado de prohibiciones y entonces observamos cómo el gobierno y el Congreso de la Unión utilizan sus facultades y su tiempo para cohibir, atemorizar, aterrorizar y prohibir. Esto ha llegado al extremo de entender el legislar como el prohibir.
Desde luego que hay normas de convivencia social que obligan a las personas que viven en sociedad a limitarse a llevar a cabo acciones que afectan, limitan o hacen nugatorios los derechos y las libertades de los demás y, en efecto, esto es indispensable en todo Estado democrático.
Pero las prohibiciones deben ser las excepciones y, en sentido diferente, estamos llegando al absurdo de hacer de las prohibiciones lo ordinario y de los derechos y las libertades las excepciones.
Y, por lo tanto, la visión de un Estado autoritario y de una sociedad conservadora alienta a que se legisle y se hagan normas para prohibir, para permanentemente estar prohibiendo. Así, entonces los grupos más conservadores del Estado y de otros grupos de poder se afanan de manera constante en:
Prohibir la homosexualidad, como dicen los fundamentalistas religiosos. Prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Prohibir las familias entre homosexuales, lesbianas, transexuales. Prohibir y castigar con cárcel (sólo para las mujeres, claro) la interrupción del embarazo. Prohibir, dice la Iglesia, el sexo placentero. Prohibir la expresión libre de las ideas, como impulsan los grupos de censura. Prohibir las manifestaciones pacíficas. Prohibir el uso de internet, como lo propone el PRI. Prohibir que las mujeres utilicen minifaldas o calzado con tacón alto (como lo decidió y ordenó El Bronco en el gobierno de Nuevo León). Prohibir la creación de empresas que afecten a los monopolios. Prohibir la laicidad. Prohibir la diferencia (y, en ocasiones, prohibir también la coincidencia). Prohibir el debate, la discusión, la confrontación de las ideas. Prohibir que una persona, en el uso de su derecho y de sus capacidades ya plenas, pueda “elegir el libre desarrollo de su personalidad”. Prohibir el consumo para usos medicinales o lúdicos de la mariguana. Prohibir pensar alternativas diferentes para el combate al narcotráfico que no sean el prohibir. Prohibir el pensar en estrategias de regulación por parte del Estado, de la producción, comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y fármacos como forma eficaz para combatir la violencia y el crimen.
Prohibir, prohibir, prohibir, prohibir…
En eso consiste lo sustantivo del comportamiento político del gobierno actual y de instituciones conservadoras como algunas iglesias o fuerzas de derecha y, de esta manera, podemos ver con preocupación cómo se extiende en la sociedad mexicana una visión que reclama más prohibiciones y que, al mismo tiempo, limita derechos y libertades. Por esta delicada circunstancia, es tanta la trascendencia de la discusión que llevará a cabo la SCJN.
Se trata de definir a nuestra sociedad sólo sostenida en el poder coercitivo, punitivo, violento del Estado o hay otra que, con un sentido y razón diferentes, se desarrolla como una sociedad civilizada que no permite la impunidad cuando se violentan prohibiciones socialmente indispensables, pero, sobre todo, se sabe y se concibe como una sociedad en donde las y los ciudadanos sabemos ejercer responsablemente nuestros derechos y libertades.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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