El derecho humano de acceso al agua es la garantía de todas y todos a disponer de este líquido en forma suficiente, salubre, potable, aceptable y accesible. Además de considerar al agua como un derecho humano resulta prioritario valorar su distribución y administración como recurso estratégico y central para el desarrollo sustentable nacional, y como elemento de seguridad humana.
Para disfrutar de este derecho elemental de las personas es indispensable preservar la gestión pública del agua basada en el manejo equitativo y sustentable. Por ser el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento un derecho fundamental, el Estado tiene la obligación de controlar y proveer estos servicios a la población en general, sin discriminación alguna.
Debido a que el acceso al agua es fundamental para la vida, la salud, la alimentación, el bienestar y el desarrollo, el agua no puede considerarse como una simple mercancía. Es indispensable reconocer el carácter de bien común público del agua, no sólo para lo que concierne el uso potable, puesto que es esencial e insustituible también para otras actividades económicas (agrícolas, energéticas e industriales) de naturaleza fundamental por el derecho a la vida digna.
Los objetivos exclusivamente de obtención de renta, de acumulación de dinero, respecto a la gestión de los recursos hídricos, son incompatibles con el suministro de un servicio al público, y una gestión exclusivamente comercial del recurso se convierte fácilmente en un freno al desarrollo socioeconómico de la población que vive en las zonas en que el suministro de este servicio se percibiría como no rentable.
Desafortunadamente, en la forma de presentarse y en el contenido de su texto, la iniciativa de Ley General de Aguas redactada por el Ejecutivo federal y asumida por sus seguidores del PRI, del PAN y del PVEM en la Cámara de Diputados, pretende trasladar a particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país.
La Ley General de Aguas que pretende imponer el Ejecutivo es una transgresión a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nulifica el derecho humano de acceso al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión, incluso en zonas de baja disponibilidad de este recurso natural.
De aprobarse la iniciativa que impulsa el Ejecutivo se pondría en manos de grandes consorcios constructores, con intereses simultáneamente en agua, energía, gas y petróleo, cantidades ilimitadas del vital líquido para destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos de uso y contaminación, como el de fractura hidráulica (fracking) para la obtención de gas shell.
De imponerse y aplicarse el proyecto de ley del Ejecutivo, propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, porque implica transitar del actual modelo de sobreexplotación y contaminación a un modelo de expoliación del recurso sin importar los costos económicos, sociales y ambientales.
Resulta indispensable que este proyecto se reformule, contando esta vez con la participación de la sociedad civil y tomando en cuenta las opiniones de todos los grupos parlamentarios. No hacerlo, buscando una imposición, sólo polarizará más el ambiente político por la vulneración de los derechos humanos de una población de por sí ya harta y descontenta.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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