Se ha suscitado una controversia entre Televisa, Joaquín López-Dóriga, que es su principal conductor en sus espacios informativos, y en el lado contrario, algunos ciudadanos —entre ellos el que esto escribe— que se encuentran afiliados al PRD. No ha podido ser, evidentemente, un debate, porque éste, por definición, se debe dar ante uno o varios temas específicos, en igualdad de condiciones, con equidad para que los participantes puedan exponer libremente sus pensamientos e ideas y controvertir las de su o sus interlocutores. Ha habido, insisto, una controversia (que no un debate) en donde se han tocado diversos tópicos, entre ellos, el de la libertad de expresión.
Motivadas por dicha controversia, algunas personas han llegado a la insensatez de afirmar que controvertir o criticar (en las redes sociales o por otros medios) lo que dice el señor Joaquín López-Dóriga u otro profesional de la comunicación en sus noticiarios, atenta contra la libertad de expresión.
Digo insensatez porque según la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”.
Dice además, que “la libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole”.
Pero además, la CIDH establece que “todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole”.
Apoyado en estos principios que son norma en nuestro país, considero que es un despropósito afirmar que si algunos ciudadanos que ejercen su derecho constitucional de agruparse en un partido político, hacen un señalamiento —a través de las redes sociales o de cualquier medio— acerca de un manejo falaz, tendencioso, “de real malicia” en información difundida en un programa noticioso, ello pudiese atentar contra la libertad de expresión. Menos aun lo sería, si consideramos que los medios de comunicación masiva como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etcétera, de todos los habitantes y que especialmente en México, estos medios son controlados por un reducido número de individuos. “La carencia de pluralidad en la información —de nueva cuenta cito a la CIDH— es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia”. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático.
Por lo anterior, considero que ningún poder institucional o fáctico, que ningún grupo político, económico, delincuencial; que ningún individuo debe, en una sociedad democrática, atentar contra la libertad de expresión de los medios de comunicación, pero igualmente, ningún medio de comunicación, por más poderoso que sea, puede —constitucional, legal y éticamente— cancelar la libertad de expresión de los individuos, se encuentren estos, asociados o no políticamente. Y el Estado —el INE incluido— es el responsable de garantizar esta libertad fundamental a los medios de comunicación y, desde luego, a los ciudadanos.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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