Es explicable que, ante la indignación generalizada por los terribles acontecimientos sucedidos en Iguala, todos nos hagamos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de que ello haya sucedido?
En la búsqueda de respuesta, el conjunto de la sociedad hace sus propias indagaciones, especulaciones y obtiene sus propias conclusiones.
Todas éstas pueden acercarse o alejarse de la verdad, pero como no hay verdades absolutas los Estados modernos han construido, a lo largo de su proceso de formación, la llamada verdad jurídica, que es aquélla que establecen los tribunales, y que, como parte del Estado, se instituyen para aplicar la justicia.
Sin embargo, no siempre la verdad jurídica sirve para aplicar la justicia y de ello hay en el mundo, y en México, muchos ejemplos.
Aun tomando esto en cuenta, ningún Estado podría existir sin los mecanismos e instituciones para encontrar tal verdad jurídica. En el caso de Iguala, cierto, se tiene que descubrir, encontrar la verdad jurídica para que, siendo genuina, auténtica, sea útil para castigar a los responsables de los crímenes en Iguala.
Pero esta noción elemental del derecho no será suficiente para entender el caso de Iguala. Aquí hay otras causas y otras responsabilidades y entonces se habla, por ejemplo, de la “responsabilidad política” en el afán de no limitarse a la penal, lo que sería, para el caso, sin duda insuficiente.
Pero cuando se habla de responsabilidad política, entonces se puede generar lo que el profesor Eugenio Zaffaroni llama “la realidad del delito” como una construcción social, que en los tiempos actuales está dominada por los medios de comunicación. Esa “realidad” es una imagen y por ende un recorte. Esto genera un “pánico moral” que hace que los individuos vivan en un mundo paranoide, en donde se habilitan discursos políticos de tipo represivo, de odio, de violencia, de venganzas y de rencores”.
En la actualidad, cuando lo mediático maneja lo político (y frecuentemente también lo judicial) quien controla los medios (el gobierno, entes privados o ambos) es quien decide en muchos casos —y mucho tiempo antes que los jueces— una “verdad jurídica”, pero especialmente construye, detallada, meticulosa y parcialmente, las denominadas “responsabilidades políticas” y ello se hace, casi siempre, en función de intereses de poder, ya sea político u económico.
Pongo un ejemplo: Si Abarca fue capturado en Iztapalapa, el PRD, que ahí gobierna —decían algunos medios de comunicación— era ¡cómplice de encubrimiento!
Vemos grandes fallas para encontrar en Iguala la verdad jurídica y lograr sancionar a los autores del horrendo crimen, pero para el caso de las llamadas responsabilidades políticas lo que entra en juego son los más diversos intereses que se encuentran involucrados en la lucha por el poder. Es decir: se pierde de vista el crimen y a los criminales para priorizar la acusación política; se olvida la justicia para anticipar la venganza; se deja de lado el dolor de las víctimas para, aprovechando la circunstancia, obtener el mayor rédito político y, lo peor, que en el ánimo de cobrar facturas políticas, se soslayan las causas estructurales que provocan la violencia que recorre al país.
Sé que en los crímenes de Iguala hay responsabilidades penales que no pueden perderse, ninguna, en la oscuridad de la impunidad. Existen, ciertamente, responsabilidades políticas y éstas deben, aparte de ser reconocidas, enmendarse, corregirse de manera autocrítica. Pero ni unas ni otras se resolverán con el odio y la violencia.
PD: De manera genuina en el PRD reconocemos y asumimos, con todas sus consecuencias, la responsabilidad de haber, erróneamente, postulado a Abarca como candidato a presidente municipal en Iguala.
Haremos de inmediato todo lo necesario para evitar que vuelva a suceder.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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