martes, 31 de diciembre de 2013

La política, a pesar de los políticos

Supongo que la mayoría de las personas en México comparten la idea de que la política, poco o nada tiene que ver con la razón y menos aún con la ética. Esta percepción de la política, seguramente tiene que ver con los comportamientos de personas que se dedican a la política y lo hacen, precisamente, alejados de la razón y la ética.


Esto es verdad, pero esa percepción de la política que hoy tiene una buena parte de los ciudadanos en México y en otras latitudes, es la misma —si no es que peor aún— a la que tenían en la antiguedad sobre la política y sobre los políticos.

La percepción tan negativa sobre esta actividad fundamental de los hombres en sociedad es tan antigua como la propia humanidad y, sin embargo, las sociedades antiguas requerían de la política como del agua y las modernas, las contemporáneas, no se podrían elementalmente comprender organizadas y en convivencia civilizada, si no fuese a través y por medio de la política.

Más aún, aquellas sociedades en donde la fuerza se impone a la razón, en donde la anarquía se levanta sobre las leyes; en donde la violencia se arguye como solución a los problemas sociales; en donde los mesías y los profetas aparecen como la respuesta única y totalizadora. Ahí se expresan sintomatologías del deterioro del Estado y de la ausencia de la política.

“En los últimos tiempos son muchos los que dicen —escribe Adam Schaff— que los partidos políticos son un invento anacrónico” y los que esto afirman no hacen diferencia alguna, para como es frecuente, lanzar anatemas que generalizan (Noticias de un hombre con problemas, Adam Schaff).

Estas generalizaciones son altamente peligrosas, pues generan aversiones en los individuos; odios y rencores sociales que, habiéndose consolidado (y las experiencias en México y en el resto del mundo no son pocas) son el inicio de regímenes autoritarios y totalitarios.

Desde luego que en nuestro país y en muchos otros existen partidos políticos que, desde el punto de vista de los “principios” y desde la concepción programática, son ciertamente anacrónicos y, en ese sentido, contribuyen a que parte importante de la población considere al conjunto de la política y de los políticos no sólo como entes anacrónicos, sino factores principales y hasta causa única de los “males” que padece el conjunto de la sociedad.

Por ello es recurrente —y cada vez con mayor intensidad— la presencia del  argumento de que la respuesta a los problemas de las sociedades modernas se encuentra en los agrupamientos o movimientos “ciudadanos” alejados o francamente confrontados con la política,  y mejor —dicen— si estos movimientos se encuentran guiados, conducidos —literalmente— por un “líder” mesiánico o por un individuo (estén en el poder o se encuentren en la oposición) que se asume portador de todas las respuestas y de todas las soluciones.

Esto es falaz y la historia de las sociedades lo ha demostrado contundentemente.

En sentido contrario, si hay soluciones eficaces a los complejos problemas que éstas padecen, sólo se podrán encontrar en la democracia y ésta última, paradójicamente, es posible solamente desde la política.

La política para reconstruir el tejido social desde la existencia de un Estado fuerte y democrático; desde instituciones republicanas sólidas y verdaderamente representativas; desde la participación activa, permanente, influyente de las y los ciudadanos en los asuntos públicos y con la presencia indispensable de partidos políticos radicalmente renovados en sus concepciones de principios, de programas y necesariamente en su visión renovada de un nuevo quehacer político que recupere a la ética como elemento sustantivo en sus propósitos y objetivos.

Entiendo que la reivindicación de la política es un desafío que como premisa debe incluir y reconocer nuestra pluralidad nacional y, si esto es necesario que lo reconozcan todos los actores políticos, lo debemos hacer principalmente desde la izquierda democrática. Es decir: reconocer que existimos como parte del conjunto de la sociedad; que existimos a partir de la existencia de los otros, de los diferentes e incluso de los contrarios.

Por ello, para los partidos de izquierda, la obligada renovación nos obliga a desprendernos de toda nostalgia del socialismo autoritario, de toda ideología totalizadora y de las visiones deterministas y dogmáticas; de los populismos demagógicos y, principalmente, desprendernos de la mitología (que desde Quetzalcóatl venimos heredando) de que nuestra salvación como país y como sociedad será consecuencia, al margen de la política,  de un personaje providencial.

¡Es la política, a pesar de los políticos!

                *Ex presidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

                http://ortegajesus.blogspot.com/

                ortegamartinezjesus@hotmail.com

martes, 17 de diciembre de 2013

Marrulleros en lugar de políticos

Las reformas constitucionales en materia energética causan a la nación un enorme daño y entre varias razones, menciono ahora tres para sostener mi dicho...


Desde luego, opino con seguridad, que las reformas constitucionales en materia energética causan a la nación un enorme daño y entre varias razones, menciono ahora tres para sostener mi dicho.

La primera es que las modificaciones a los artículos 25 y principalmente 27 y 28 constitucionales, de aplicarse harán que perdamos soberanía política a partir de perder autosuficiencia energética.

El gobierno se planteó —con dichas reformas— un objetivo inmediatista (sacar y vender el mayor volumen de gas y petróleo en el menor tiempo posible) en lugar de aplicar una estrategia energética que nos garantizara soberanía energética y que los hidrocarburos y otras fuentes de energía, fuesen utilizados para el desarrollo del país a corto, mediano y largo plazos; para con ello, garantizar menor pobreza y mayor bienestar para la gran mayoría de las y los mexicanos.

La segunda es que el gobierno de Enrique Peña Nieto privilegió, desde el punto de vista económico, la visión neoliberal —a estas alturas anacrónica en casi todo el mundo— en lugar de fortalecer al Estado mexicano como el factor fundamental en la conducción de la vida económica del país. Las reformas en materia energética debilitan y empequeñecen al Estado nacional y, en sentido contrario, fortalecen a poderes fácticos del país y a otros intereses extraños a nuestra nación.

La tercera es que algunos de los personajes principales del gobierno y de otros partidos —incluyendo a algunos del PRD— en lugar de asumir la condición de políticos de Estado, actuaron bajo la concepción vulgar de entender a la política como “la capacidad de comer excreciones sin hacer gestos”. Sé que esta acepción de la política es muy común y muy recurrida, y desde hace muchas décadas se ha convertido en inercial para personajes que se encuentran situados en espacios de decisión para el rumbo del país.

Precisamente de eso se tratan las reformas progresistas, es decir, de vencer esas inercias para transformar el quehacer político y con ello contribuir al progreso y desarrollo de nuestro país.

Estos tres elementos pueden sintetizarse en el comportamiento que adoptaron el gobierno, sus coordinadores parlamentarios y otros legisladores en las sesiones en donde se aprobaron las reformas mencionadas y en aquella en donde se descartó la aprobación de la ley que debiera reglamentar las consultas ciudadanas.

“La toma del salón de sesiones” por un grupo del Morena, del MC y de un reducido grupo de legislador@s del PRD fue una marrullería —planeada por los liderazgos del PRI y del PAN— y admitida (consciente o torpemente) por los “tapiadores” del salón de sesiones, para que la reforma más importante de los últimos 50 años a la Constitución, se llevara a cabo sin cumplir con los procedimientos que obligatoriamente establece la normatividad congresual. “Que tomen el salón de sesiones algunos de los despistados de la izquierda (así decidieron los líderes del PRI y del PAN) y tenemos el pretexto ideal para violentar la norma legal y aplicar impunemente el fast track.

En el caso de la Consulta Ciudadana, en el Senado sucedió lo mismo: “Que suba a la tribuna otro de esos ‘despistados’, que insulte en lugar de argumentar, nos hacemos los ‘indignados’ y —como si se tratara de una fiesta— suspendemos por falta de quórum —con el apoyo inexplicable de algunos perredistas y petistas— el ¡periodo de sesiones del Senado!”

Así, la que suponen la “marrullería” perfecta: “Se aprueban las reformas constitucionales y a lo mejor impedimos la Consulta Ciudadana”.

¿Políticos de Estado? ¡No! simplemente marrulleros que son acompañados de tontos útiles.

                *Ex presidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

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                ortegamartinezjesus@hotmail.com

martes, 10 de diciembre de 2013

Privatizar no es modernizar

En la industria de los hidrocarburos y eléctrica participan ya, y de manera importante, empresa-rios privados.


Cuando aparezca este artículo es probable que en el Senado de la República el PRI, el PAN y el PVEM hayan aprobado las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política. Estas reformas no atienden, según mi punto de vista, a la modernización de la industria energética del país, sino que su propósito principal es abrir casi sin límites esta industria estratégica a capitales privados nacionales y extranjeros.

Ahora mismo, como se sabe, en la industria de los hidrocarburos y eléctrica participan ya, y de manera importante, empresarios privados. Por ejemplo: la mayoría de la electricidad generada hoy es desde empresas privadas; y lo mismo sucede con la industria petrolera en donde a través de contratos con el Estado o con Pemex empresas privadas participan de la exploración, extracción, refinación, conducción y distribución del crudo y sus derivados.

En realidad el tema no es si deben participar los privados (ya lo hacen, insisto) sino de qué manera y en qué condiciones se debe dar esta participación, para que resulte verdaderamente beneficiado el país y la gente.

Por eso, el planteamiento del PRD siempre estuvo orientado a tres aspectos fundamentales: primero, garantizar la seguridad energética del país. Esto es fundamental porque de nuestra seguridad energética depende la soberanía (en todos los sentidos) de nuestra nación. Perderemos soberanía si no somos capaces de ser autosuficientes en algunos de los energéticos principales.

El segundo aspecto está relacionado con la llamada renta petrolera (las ganancias que obtiene la nación por la explotación de los hidrocarburos) y su destino final.

La preocupación fundamental del PRD es que, siendo el petróleo un recurso de la nación, la renta petrolera debe servir para su desarrollo y para lograr el bienestar de las y los mexicanos, especialmente para las nuevas generaciones.

La renta petrolera no debe ser utilizada para resolver los problemas del gobierno en turno ni para solventar su gasto corriente, para el enriquecimiento de los contratistas, líderes sindicales o funcionarios de la empresa, o dilapidada escandalosamente como ha sucedido durante los gobiernos priistas y panistas. Por el contrario, la explotación de este recurso debe servir como la plataforma económica fundamental que permita construir un sistema de desarrollo y crecimiento de la economía, de generación de empleos y de bienestar social para las y los mexicanos.

Y el tercer aspecto está vinculado al tema de la modernización de empresas energéticas del Estado como Pemex y CFE, para que sirvan mejor a los intereses del país y de todas y todos los mexicanos. Nuestra propuesta de modernización (terminar con la corrupción, nuevo régimen fiscal, autonomía de gestión como empresas públicas productivas, creación del fondo financiero soberano, etcétera) contrasta con la posición del PAN y PRI de concebir la modernización con la entrega de nuestros recursos naturales a particulares nacionales y extranjeros. La propuesta gubernamental y del PAN busca en realidad regresarnos a los tiempos anteriores, a la gesta de la expropiación petrolera, es decir: enajenar esta riqueza a particulares en detrimento de nuestra nación y de los derechos sociales de las y los mexicanos.

Debemos hacer el mayor de los esfuerzos para impedir la entrega de la renta petrolera para beneficio de unos cuantos y realizar todas las acciones legales y pacíficas para terminar con la corrupción que ahora carcome a Pemex y la CFE.

Pero nuestras acciones deben ser invariablemente llevadas a cabo en el marco de la propia Constitución e invariablemente de manera pacífica. Debemos reivindicar nuestro derecho a protestar y eso es muy importante, sobre todo debemos reivindicar nuestra capacidad para influir y ser decisivos en el rumbo del país.

Todas las acciones son buenas, pero las que son indispensables son aquellas que pueden influir y cambiar los acontecimientos.

El PRD debe ser una organización que sepa y pueda impedir la pretensión de privatizar la principal riqueza del país.

                *Ex presidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

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martes, 3 de diciembre de 2013

Libertad de expresión

La libertad de expresión debe ser reconocida y defendida como uno de los grandes logros de la humanidad. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.


Por lo tanto, esta libertad es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.

En el artículo 29 de la misma Declaración se reconoce que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 19 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Pero el mismo artículo prevé que el ejercicio de este  derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Así, el hecho de que la libertad de expresión sea un derecho, no significa, como apunta acertadamente el jurista Miguel Carbonell, que no pueda haber reglas para el ejercicio de dicha libertad. Sin embargo, esta reglamentación debe ser clara y muy específica, para que las reglas sean tales que la libertad siga teniendo sentido.

Como lo establece el Derecho Internacional y nuestra propia Constitución General, la libertad de expresión sólo puede estar reglamentada en ciertas circunstancias: para proteger los derechos y la reputación de otros o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

En consecuencia, en un Estado democrático, no todas las expresiones pueden tener el mismo valor ni gozar, en consecuencia, de la misma protección constitucional. Así por ejemplo: las falsedades, es decir, los rumores o insidias que pretenden disfrazarse a través de una narración neutral de hechos y que en realidad carecen de veracidad, así como el  insulto o los juicios de valor injuriosos, carecen de protección constitucional. En sentido contrario, los juicios de valor personales que no sean injuriosos, aunque contengan ironía, sátira o burla, así como la información, entendida ésta como la narración veraz de hechos, estarían protegidas constitucionalmente por la libertad de expresión, a menos que vulnere otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.

Hay, sin embargo, personas y medios de comunicación que tergiversan este derecho a la libertad de expresión para agredir, violentar en sus derechos y en su honor a otras personas. No son auténticos ni buscan la verdad, lo que quieren es dañar para satisfacer propósitos miserables. Un poema de Fabio Morábito los describe:

De una lejana sangre

viene el mosco,

viene a robarnos

lo que cree que es suyo,

viene derecho al grano.



Como los que han vivido

demasiado,

él (ella) lo ha probado todo

hasta quedarse con lo único:

la sangre;

no espera nada de la vida,

porque para vivir

hay que olvidar la sangre,

quien no la olvida ya no vive,

tan sólo zumba

en busca de más sangre,

como la sangre zumba

por las venas que la estrechan

y no la dejan ver el corazón.

                *Ex presidente del PRD

                @jesusortegam

                http: //ortegajesus.blogspot.com/


                ortegamartinezjesus@hotmail.com