El día de ayer, en el marco del Pacto por México, fue finalmente aprobada la reforma constitucional en materia educativa. Se ha hablado mucho de ésta, pero vale la pena decir que su contenido es de trascendencia y ciertamente, contribuirá de manera decisiva para alcanzar, en el menor tiempo posible, el principal objetivo estratégico: que el Estado tenga la capacidad de garantizar que la educación pública sea gratuita, universal, laica, de calidad y todo ello contribuya al desarrollo democrático del país y al bienestar de todas y todos los mexicanos.
Ahora hay que dar otros pasos que le corresponden al Ejecutivo federal, a los gobiernos de los estados y desde luego al Congreso de la Unión.
Avanzada y culminada esta reforma, ahora se está en el proceso político-legislativo de aprobar otra igual de importante, pero con un impacto inmediato en la economía del país y desde luego en el escenario político. Se trata, por un lado de terminar con una economía dominada por los monopolios que han paralizado el desarrollo económico de nuestra nación y por el otro, se trata de garantizar por el Estado, el derecho de las y los mexicanos a la información veraz, oportuna, verificable, objetiva; de garantizar la libertad de expresar, sin posibilidad de censura y sin obstáculos de ninguna naturaleza, nuestras opiniones y pensamientos sobre la política, cultura, gobierno y sobre cualquier otro tópico.
Pero siendo esto fundamental, la reforma en cuestión también terminaría con los monopolios y duopolios que existen en el sector de las telecomunicaciones y en la radio y televisión.
El ejercicio del derecho para acceder a la información y la garantía de expresar nuestro pensamiento sin cortapisas es parte fundamental del programa de una izquierda democrática, pero igualmente lo es impedir que algunos medios de comunicación impongan reglas que burlan las del Estado nacional e impongan condiciones que permiten sujetar la acción pública y de gobierno a la satisfacción de sus intereses económicos particulares.
Se trata de terminar con monopolios económicos y se trata de terminar con monopolios informativos.
El Tigre Azcárraga expresaba con sugerente frase la perversa relación del poder político con el poder mediático: soy, decía Azcárraga, “un soldado del PRI y del Presidente”. Así, mientras él construía un imperio económico, también contribuía de manera insustituible al mantenimiento de la “dictadura perfecta” como llamó Vargas Llosa al sistema priista de partido de Estado.
En contraprestación, el régimen priista pagaba permitiendo la consolidación de un monopolio económico y un todavía más peligroso monopolio ideológico.
La reforma antimonopólica en todos los sectores de la economía y la que tiene que ver con telecomunicaciones y radiodifusión busca que la economía mexicana crezca sin distorsiones, pero sobre todo busca hacer efectivo el derecho humano y constitucional de las y los mexicanos a la información, y busca hacer verdadera la libertad de expresión sin obstáculo alguno.
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