En su registro como precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador planteó una idea-fuerza que, de llevarse a la práctica, podría sentar las bases para lograr el propósito de transformar al país. El tabasqueño estableció que es necesaria la unidad, pero no sólo de las fuerzas progresistas y de izquierda, sino de la gran mayoría de los sectores sociales y económicos del país.
Debemos entender, en ese sentido, que hay un cambio radical en su propuesta y que, a diferencia de ocasiones anteriores, ahora convoca y llama a construir entre todas y todos un nuevo pacto nacional, construido éste con indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, estudiantes y desempleados. Pero al cual le agrega ahora, acertadamente, a los amplios sectores de las clases medias e incluso a los grandes empresarios.
Es en este marco, en el de la necesidad de un gran pacto nacional, es donde López Obrador expone, además, la urgencia de construir una alianza para el crecimiento económico y la creación de empleos.
Donde estén incluidos los sectores sociales y públicos de la economía y, desde luego, dice el precandidato de las izquierdas, los empresarios (los pequeños y medianos, pero igualmente los grandes).
Para quienes, ante la grave crisis del Estado mexicano, hemos insistido en la urgencia de un pacto nacional para la transformación a fondo del país, la convocatoria que hace el precandidato presidencial del
Movimiento Progresista resulta no sólo oportuna sino además indispensable.
Es así, debido a que la nación experimenta una grave crisis estructural de carácter político que amenaza con profundizarse y provoca una enorme y creciente debilidad del Estado mexicano. La existencia de un Estado gravemente debilitado es el problema medular y es desde éste que se desprenden otros, como la inseguridad, la violencia, la pobreza que vive la mayoría de la población y el sentimiento generalizado de incertidumbre y desesperanza en la ciudadanía.
Por ello, de manera particular, es que hemos venido insistiendo en la necesidad de los acuerdos políticos de carácter estratégico que abran camino a una profunda reforma del Estado nacional. Una reforma con este contenido permitiría soluciones estructurales a problemas igualmente estructurales: inseguridad, proliferación del delito, impunidad con que actúa la delincuencia; por ejemplo, no se enfrentará con éxito mediante acciones ordinarias o superficiales y, peor aún, unilaterales.
Para caminar en la dirección de un pacto nacional para la transformación estructural, se deben dar pasos sólidos, los mismos que tengan como divisa principal la inclusión. Es necesario dejar atrás la perniciosa idea —que se alimenta de la arrogancia— de que alguien por sí solo puede encontrar respuestas integrales y definitivas a los grandes y complejos problemas nacionales.
Los partidos y candidatos, desde luego, deben confrontar programas y alternativas, pero sin perder de vista que los acuerdos entre diversas fuerzas políticas son —especialmente ahora— indispensables para detener y evitar la ruptura del tejido social. Una izquierda progresista y democrática, para que tenga viabilidad, debe presentarle al país y a los electores, respuestas que sean factibles y que incluyan en su realización a la mayoría de la población. Una izquierda con posibilidades de acceder al poder, es en el siglo XXI, aquella que llama a construir y no a destruir, que llama a los acuerdos y no a la confrontación estéril.
A partir de 2012, México requiere un gobierno en cuyo programa esté incluida una propuesta de un acuerdo nacional para la gran reforma del Estado. Un objetivo y una voluntad de esta naturaleza podría hacer realidad la construcción del nuevo Estado democrático, social y de derecho.
Porque hemos estado convencidos de ello, nos resulta plausible que López Obrador como candidato de las izquierdas recoja la idea de la inclusión como elemento sustantivo de una propuesta que gane la voluntad de la mayoría de los electores.
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