Los recientes hechos violentos en diversas partes del país nos obligan a preguntarnos ¿hasta cuándo veremos resultados concretos de las autoridades y una disminución real del crimen? ¿Cuánto más podrá resistir el tejido social frente a esta situación que impera a lo largo y ancho de México? ¿Y por qué las autoridades encargadas de procurar justicia parecen no inmutarse ante estos acontecimientos?
Hace apenas unos días el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaró que tendrían que pasar siente años para ver una disminución en los índices de violencia, pues la experiencia internacional de estrategias aplicadas en lugares como Chicago, Nueva York y Colombia, encaminadas a terminar con el crimen organizado, así lo demuestran.
Tan mal se encuentra la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que aunada a las declaraciones de García Luna y sus “siete años” de violencia, se encuentra la decisión del Ejecutivo de cambiar, de nuevo, al titular de la Procuraduría General de la República, sin que los anteriores hayan tenido que rendir cuentas de sus nulos resultados.
Marisela Morales será la tercera persona en ocupar durante este sexenio el cargo de Procuradora General de la República, pero mientras esta institución se mantenga supeditada como parte del gabinete presidencial no tendrá forma de cumplir con sus funciones constitucionales, y así no le sirve a la sociedad.
A finales de marzo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, James Winnefeld, declaró que el crimen organizado mexicano cuenta, por ingresos disponibles, con el equivalente a una de las 10 fuerzas armadas más grandes del mundo, mientras que el director del FBI, Robert Mueller, afirmó que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, se continúa desatando una “violencia extrema”.
Mientras las acciones de la administración de Felipe Calderón han resultado inútiles, pues mantener al Ejército en las calles no ha evitado que, según cifras que publicó un periódico de circulación nacional la semana pasada, en lo que va de este sexenio se han localizado alrededor de 700 cadáveres en narcofosas en diversos estados de la República.
Este diario también señala que de diciembre de 2006 a la fecha han sido reportadas 121 narcofosas en al menos 19 estados del país, donde destacan Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas como las entidades donde más violencia se presenta.
La existencia de narcofosas y demás hechos violentos como en el que perdió la vida el hijo del poeta Javier Sicilia, obligan al gobierno federal a replantear su estrategia, pues estas situaciones son una clara muestra de que no es verdad que está “ganando la guerra” contra la delincuencia.
Somos testigos de que los programas para reincorporar a los jóvenes al sector productivo o darles oportunidades para que concluyan sus estudios son precarios. En lugar de buscarles alternativas para que no caigan en las manos del crimen organizado, el gobierno federal solamente se esmera en distribuir fuerzas federales en todo el país e instalar retenes para interrogar a posibles sospechosos. Nada más. ¿Y la inteligencia policiaca?, en ese rubro no hay avances.
Presumen ante los medios de comunicación a presuntos culpables “cabecillas de cierta organización” y se repite la escena hasta llegar a ser lugar común, pero la violencia sigue.
El gobierno no puede eludir su responsabilidad en el incremento de la violencia, y por lo mismo debe modificar su estrategia de combate al crimen organizado mediante acciones de prevención social del delito, labores de inteligencia financiera, policíaca y militar.
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