¿Hannibal Lecter?

Excélsior

En el ya muy próximo 7 de junio se va a definir la nueva composición partidaria de la Cámara de Diputados federal; además, se resolverá qué partidos asumen los Ejecutivos estatales en nueve entidades aparte de los Congresos locales y, junto a lo anterior, se renovarán los cabildos en una buena parte de los municipios del país. Habrá un reacomodo de las fuerzas partidarias en una buena parte del país que podría reorientar el rumbo de las decisiones políticas fundamentales. Siendo esto muy importante, no es la única definición que está en juego: Hay otra, sin embargo, quizás más importante para México. Me refiero a la contienda sorda, oculta y frecuentemente imperceptible para la mayoría de la población.

Esta batalla es acerca de lo que debe prevalecer —como el elemento sustantivo— en la resolución de los grandes problemas nacionales: es decir, la visión de lo público sobre lo privado, lo particular o en sentido diametralmente contrario, la concepción privada sobre el interés público.

Para tratar de explicarme pondré un ejemplo. Desde poderosos medios de comunicación, desde igualmente poderosos grupos económicos y desde algunos grupos insertados en el propio gobierno priista, se ha diseñado y puesto en práctica una gran campaña mediática para descalificar, desprestigiar, desvalorizar todo aquello que tenga que ver con la gestión pública acerca de los temas nacionales. Así sucede en el caso del intenso y  permanente ataque a los partidos políticos que ha logrado que una parte de la población los identifique como la mayor maldad imaginable, un Hannibal Lecter colectivo, el origen del mal. Por ello, algunos periódicos y otros sectores de la derecha apoyan con todos sus recursos a los candidatos que la ley identifica como independientes. No importa quiénes sean, de dónde provengan, cuál sea su trayectoria política o sus antecedentes. Para esos medios no importa si son delincuentes o ladrones, si han cometido graves ilícitos pues los seguirán apoyando sólo por el hecho de que confrontan al sistema de partidos, es decir, contradicen lo público en las decisiones políticas.

El otro ejemplo es el del Instituto Nacional Electoral. Aprovecho este caso para decir que es frecuente que lo público se confunda con lo gubernamental. Claramente son dos cosas diferentes, pues hay gobiernos —como el actual— en los que prevalece el interés privado sobre el público y los eventos de corrupción que son notables en el gobierno actual, hacen evidente esta identidad con lo privado por sobre lo público.

Pero volviendo al INE, es claro que desde columnas periodísticas, desde las pantallas televisivas, desde cabinas de radio y, otra vez, desde grupos empresariales, se nota una estrategia para debilitar a esta institución que, como pocas, representa al interés público, y lo es de esta manera porque nada es de mayor interés para el país que la democracia. Por ello es que debilitar al INE es debilitar la vida democrática y al sistema de partidos. El INE es expresión de la Reforma Política y señalar que la reforma ha fracasado es alentar la idea de que el INE es, desde ahora, incapaz de conducir esta elección y, en consecuencia, de propiciar el desarrollo de la vida democrática. Llegar a esta conclusión —como lo hacen varios— es pernicioso y verdaderamente peligroso.

Y para que no haya confusiones, la defensa del INE no implica el dejar de señalar los errores que han cometido y las deficiencias que acusan.

Todo es perfectible y, desde luego, lo es el INE, pero de lo que se trata es de mejorar su funcionamiento y ello sucederá en la medida en que se mantenga y se haga crecer su fuerza y autoridad.

Los partidos políticos y el INE son las dos instituciones de gran importancia del cuerpo del Estado nacional. La ciudadanía se interesará y se involucrará en los asuntos públicos en la medida en que estas dos instituciones —el sistema de partidos y el INE— se fortalezcan y ello fortalecerá al Estado.

La crítica es condición para cualquier sociedad libertaria y democrática. Pero en ocasiones la crítica se confunde con la destrucción.

¿Destruir el sistema de partidos y debilitar al INE? ¿Y luego?

*Expresidente del PRD


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Juanito

Excélsior 

En las elecciones internas del PRD de 2009 para elegir candidatos a jefes delegacionales, la candidata de Andrés Manuel López Obrador para Iztapalapa, Clara Brugada, no obtuvo la nominación. Ante este hecho, AMLO decidió crear un Frankenstein en la persona de Rafael Acosta, alias Juanito, que a su vez sería postulado a ese cargo por el PT. AMLO, junto con Ebrard, se valieron de todos los recursos para hacer “ganar” al tal Juanito para que, calificada la elección, éste pidiera licencia y, con una burda maniobra, le cediera el cargo a Brugada. Finalmente se llevó a cabo esta tramposa acción política que, burlando la ley y engañando al electorado, convirtió a la nombrada por AMLO en jefa delegacional.

Por otra parte, en el mismo 2009 en una batalla librada desde la izquierda, se modificó el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para incluir acciones afirmativas y, con ello, garantizar el acceso equitativo de las mujeres a puestos de elección popular. Con esta reforma todos los partidos políticos nacionales se obligaban a cumplir con un porcentaje establecido de aspirantes a cargos de elección popular necesariamente del género femenino. Para burlar lo anterior, ocho diputadas electas del PVEM pidieron licencia para que sus escaños fuesen ocupados por personas de género masculino. Debido a esta grotesca manipulación de cargos públicos de elección se desconocía la acción afirmativa, se burlaba la ley y se pasaba por alto la voluntad popular. A estas diputadas del PVEM se les denominó como Las Juanitas.

El más reciente aspirante que pretende utilizar el “método Juanito” es el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, quien tras buscar una candidatura a diputado federal plurinominal por el PRD y no conseguirla por no contar con los votos suficientes en el Consejo Nacional de este instituto político, decidió entonces registrarse simultáneamente al mismo cargo, ¡por otro partido político! 

Lo anterior fue considerado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una violación a la ley, ya que, a juicio de este órgano jurisdiccional, Ebrard “participó en dos procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, que ocurrieron al mismo tiempo formalmente, esto es, de manera simultánea, sin que existiera entre éstos convenio alguno para participar en coalición, circunstancia que actualiza la infracción a la prohibición establecida en el artículo 227, apartado 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición).

Con base en lo anterior, el TEPJF ordenó al INE cancelar el registro de Ebrard como candidato a diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano. Ante esto, Ebrard recurre al “método Juanito” y obtiene, por parte del INE, su registro como candidato a diputado federal suplente de René Cervera, un incondicional suyo desde hace años.

Otorgarle el registro a Ebrard como candidato suplente no hace ninguna diferencia con su registro original por el MC, ya que la candidatura es en la misma posición por la cual quiso ser registrado de manera primigenia. Pero, además, al pretender interpretar que la prohibición era sólo aplicable para la candidatura en calidad de propietario resulta ridículo, ya que es de explorado derecho que los requisitos constitucionales ya contenidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son exactamente los mismos tanto para propietario como para suplente, por lo que resulta una justificación por demás absurda.

Así, nos encontramos de nueva cuenta ante la concepción política de que la ley se puede torcer cuando se le considera injusta o cuando es contraria a un proyecto estrictamente personal. Esta visión de violentar la legalidad cuando así conviene a intereses personales o partidarios contradice de manera sustantiva a la democracia y, desde luego, afecta al país.

Esperemos que el TEPJF no permita que se cometa fraude a sus propias resoluciones ni que permita un desacato tan descarado como el que enfrenta en este caso.

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Debilitar al Ejército: un error estratégico

Excélsior 

Ernesto Zedillo, siendo Presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, adoptó una medida política errónea que, reproducida por sus sucesores, se ha convertido en un grave problema para la seguridad nacional. Lo que hizo, objetivamente, fue un hecho inconstitucional: sacar al Ejército de los cuarteles y convertir a los soldados en policías. En enero de 1999 Zedillo crea la Policía Federal, pero la gran mayoría de sus integrantes ¡son militares a quienes les cambia el color del uniforme y de facto los convierte en policías!

Lo sustantivo de esta decisión de Zedillo estriba en que para regularizar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública expide el decreto que crea la Policía Federal. En otros términos: el entonces Presidente se vale de una argucia legal para violentar la Constitución.

A partir de entonces, el Ejército patrulla las calles, suple en sus funciones a las diversas policías —desde las municipales hasta las federales— y no lo hace bien, pues no fue preparado para cumplir con tales funciones. Se conoce, por ejemplo, de su actuación violentando derechos humanos y garantías constitucionales. Junto a lo anterior, al Ejército lo ha alcanzado un mayor descrédito, pues lo ha penetrado la corrupción en todos sus niveles, incluyendo a algunos de sus mandos de mayor grado. Véase, si no, el caso del general Rebollo y, para colmo, se está viendo al conjunto de las Fuerzas Armadas como un cuerpo que evidencia debilidad frente a la delincuencia organizada, la misma que hace gala, impunemente de su cada vez mayor capacidad de fuego. La destrucción de un helicóptero del Ejército con misiles tierra-aire da cuenta de ello.

Pero la responsabilidad principal de todo ello no está localizada ni en el Ejército ni en la Armada, en sentido contrario, el que esto suceda es responsabilidad, básicamente, de los gobiernos —priistas y panistas— que tomaron la decisión de convertir a las Fuerzas Armadas en policías.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha planteado con claridad “que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución; entiendo —dice Cossío— que todo el sistema de seguridad pública está construido a partir de servicios de policía, no a partir de servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si no existe una declaración de guerra, un decreto de disposición de Fuerzas Armadas o un decreto de suspensión de garantías, las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar haciendo funciones que no les corresponden”.

Zedillo cometió un grave error, pero Fox, Calderón y Peña Nieto lo convirtieron en uno de carácter estratégico. Es así, desde el punto de vista constitucional, pero también lo es desde el punto de vista militar. Las Fuerzas Armadas son el principal recurso para garantizar la seguridad nacional cuando ésta se encuentra en riesgo por una fuerza militar extranjera o por diversas acciones que, como dice el artículo 29 constitucional, lleven a cabo “grave perturbación de la paz pública o pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Este recurso principal para la seguridad nacional lo está debilitando cuando es utilizado irresponsablemente y, para colmo, al margen de lo que dicta la Constitución.

El Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero eso no le da facultad alguna para que las utilice poniendo en riesgo su fortaleza e integridad.

Por ello, es tan urgente cambiar la estrategia de seguridad pública y eso implica “desmilitarizarla”, implica reconstruir desde el fondo los aparatos policiacos, pero sobre todo, debe contemplar una nueva concepción para la reconstrucción del tejido social, la cual se sostenga fundamentalmente, en la educación y el desarrollo cultural, el crecimiento económico, la creación de empleos dignos —especialmente para los jóvenes—, en fin, de una estrategia que combata, principalmente las causas que alientan la existencia de los agentes externos e internos que atentan contra la seguridad pública y la seguridad nacional.

*Expresidente del PRD


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Y, sin embargo, se mueve

Excélsior

Años antes de 1989 (año en que se constituyó el PRD y el mismo en el que se observó por el mundo, el derrumbe del llamado “socialismo realmente existente”) muchos simpatizantes de la izquierda en México, pertenecientes a diversas organizaciones político-partidarias, ya habíamos llegado a la conclusión de que la llamada “revolución armada” o la “vía insurreccional” no fueron, y menos lo serían ahora, opciones políticas adecuadas e incluso posibles para que la izquierda mexicana accediera al poder político.

En sentido radicalmente diferente, fuimos coincidiendo en que la única vía posible, viable, correcta para acceder al poder era —y sigue siendo ahora— la de la lucha democrática, es decir, la de la participación de la izquierda en elecciones en las cuales, las y los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos y preferencias políticas de manera libre.

Para hacer viable esta vía democrática impulsamos a lo largo de estos 26 años profundas reformas de carácter democrático, político, social, económico, para terminar con el régimen priista de partido de Estado; con los esfuerzos de millones de mexicanos, hombres y mujeres hemos hecho frente al anacrónico Estado nacionalista-revolucionario y hemos contribuido en el avance hacia la creación de un sistema político pluripartidista que aporta significativamente a la creación de un nuevo Estado democrático, social y de derecho.

Junto a otras fuerzas democráticas participamos con éxito en el logro de reformas que posibilitaron la legalización de los partidos de izquierda, la participación de estos en elecciones, la pluralidad partidaria y social en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos estatales. Hemos llevado a cabo reformas para que ahora sea posible ejercer libremente, por las y los ciudadanos, los derechos civiles y políticos; hemos logrado reformas para crear órganos de Estado autónomos del Presidente y del gobierno, como el INE, la CNDH, el IFAI, la Fiscalía de la Federación, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto para la Evaluación Educativa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones; hemos construido instrumentos que aportan a la equidad social, como la pensión universal a los adultos mayores, las becas-salario, el apoyo a jefas de familia, los útiles escolares gratuitos, el acceso sin discriminaciones a los derechos constitucionales.

Mediante reformas logramos que los gobernantes en la capital del país sean electos democráticamente, contribuimos a las reformas más importantes en la historia del país en materia de derechos humanos y contra cualquier forma de discriminación, logramos hacer tangible el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y el respeto constitucional a todo tipo de preferencias, incluida la sexual, el derecho de homosexuales, lesbianas transgénero a formar una familia, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la perspectiva de género en las políticas públicas, la paridad de género en muchos órganos del Estado, de la administración y en las candidaturas a cargos de elección popular; logramos nuevas legislaciones progresistas en materia de combate a los monopolios, del establecimiento de un  sistema de seguridad social universal, de legislación que mejora la equidad en las competencias electorales, etcétera, etcétera. 

Cierto es que otras fuerzas políticas son corresponsables de estos avances, pero nadie con elemental apego a la verdad podría decir que el PRD no ha sido uno de los actores fundamentales en estos logros progresistas e igualitarios.

En ese sentido, la creación del PRD es resultado de un proceso político para hacer que la democracia —en contraposición del autoritarismo, el dogmatismo y sectarismo— se asumiera, junto con la lucha por la igualdad, como los elementos fundamentales y sustantivos de la lucha de la izquierda mexicana. El PRD es, desde su surgimiento y hasta ahora, expresión genuina de la izquierda democrática y su programa político expone con claridad la lucha, necesariamente pacífica, por los cambios sociales, políticos y democráticos que México necesita.

*Expresidente del PRD


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