En Tlatlaya, presumiblemente un grupo de elementos del Ejército mexicano ejecutó a 22 personas, mismas que supuestamente pertenecían a una banda de delincuentes que operaba en esa región del sur del Estado de México. Ante ese terrible acontecimiento tanto Eruviel Ávila como la Procuraduría estatal, las autoridades federales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se apresuraron, irresponsablemente, a concluir que tales muertes habían sido resultado de un enfrentamiento. Ahora, y como repercusión de un reportaje de la agencia Associated Press, se está evidenciando que muy posiblemente se trató, literalmente, de un fusilamiento.
En Iguala, en el estado de Guerrero, un grupo de estudiantes normalistas por un lado y un equipo de futbol juvenil por otro —ambos que transitaban en vehículos diferentes— fueron sujetos de un atroz ataque con armas de fuego por parte de policías municipales y —se presume— de un grupo de civiles armados vinculados a la delincuencia organizada.
En Reynosa, Tamaulipas, murieron otras personas como resultado de un tiroteo. En Jalisco es secuestrado y posteriormente asesinado el diputado federal Gabriel Gómez Michel, y lo mismo sucedió en Guerrero con un dirigente del PAN.
Aunque estos acontecimientos son alarmantes, no son por desgracia los únicos y menos son “incidentes circunstanciales o aislados”. ¡No! Son en realidad consecuencia de la existencia de una severa crisis del Estado mexicano que le impide cumplir con una de sus principales responsabilidades, es decir: garantizar a las personas la seguridad en su vida y su patrimonio.
Como se sabe, todas las teorías acerca de la formación de los Estados nacionales establecen que la principal razón de su Constitución es la de procurar y garantizar —en el conjunto de un territorio determinado— la seguridad de las personas y, por lo tanto, cuando un Estado no cumple con esa obligación, evidentemente está dejando de serlo y se encuentra, como es el caso del Estado mexicano, en una condición de deterioro creciente que puede llegar al caso extremo de su inexistencia.
En los trágicos eventos mencionados en este escrito y con muchos otros casos a lo largo y ancho del territorio mexicano, es notoria la incapacidad de diversas instancias e instituciones (policías, gobiernos municipales y estatales, procuradurías de justicia estatales y federales, poderes judiciales y legislativos, ejército, etcétera) para hacer cumplir la razón fundacional del Estado, pero sin duda y aun tomando en cuenta nuestro sistema federalista, la principal responsabilidad de esa incapacidad recae en el llamado “jefe del Estado nacional”, es decir, en el Presidente de la República.
El Presidente de la República, según la Constitución, es el único encargado de la administración pública federal y los actos de sus secretarios u órganos dependientes del Ejecutivo, según Tena Ramírez: “Son en derecho actos del Presidente”.
Esto es importante reafirmarlo porque en el régimen presidencialista que se practica en México, el Presidente es el representante del Estado y es, al mismo tiempo, el encargado del gobierno y, en consecuencia, de él depende principalmente hacer cumplir la obligación del Estado mexicano para garantizar seguridad en la vida y patrimonio de las y los mexicanos.
No excluyo la parte de responsabilidad que tienen el Poder Judicial o el Congreso de la Unión o los gobernadores o presidentes municipales, pero aun tomando en cuenta ello, el Presidente de la República representa al Estado mexicano, no sólo para las ceremonias protocolarias o ante gobiernos de otras naciones, representa al Estado, además, para hacer valer con sus amplias facultades los derechos y garantías constitucionales de l@s mexican@s, todas, pero principalmente la garantía a vivir con seguridad y dignidad.
En Tlatlaya, Iguala, Acapulco, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, etcétera, etcétera, debe ubicarse la parte de responsabilidad de las autoridades locales y estatales, la de los policías y jueces, la de los militares, pero no se puede omitir la responsabilidad, la mayor de todas, la del Presidente de la República, la del “jefe del Estado mexicano”.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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