Excélsior
En nuestra Constitución Política nunca se habla de que el Ejecutivo federal deba legitimar mediante una “promulgación” los actos del Poder Legislativo. La Constitución no le da esa facultad al Presidente para que éstos tengan validez. Para esto último, bastaría que fuesen publicados en el Diario Oficial de la Federación o, en caso contrario, debiera utilizar su capacidad de veto.
Pero al margen de este procedimiento de reafirmación del presidencialismo, el hecho tangible es que se culmina un proceso de reformas constitucionales y legales que, en materia energética, lesionan no sólo la soberanía de la nación sobre nuestros recursos naturales sino que, además, afectarán gravemente la economía del país y, desde luego, impactarán negativamente en la vida diaria del conjunto de las y los mexicanos.
Esta opinión no se sustenta en planteamientos ideologizados que pretenden darle continuidad al anacrónico precepto de que el Estado debe ser el único ente que pueda involucrarse o decidir sobre la economía o sobre el conjunto de la vida de las sociedades. El estatismo, que durante muchos años fue contenido programático (y dogmático) de la izquierda, ha sido superado por la realidad y a principios del siglo XXI no hay izquierda en ningún país del mundo que lo siga compartiendo.
En China, por ejemplo, el gobierno es conducido casi de manera absoluta por el Partido Comunista y éste, como en ninguna otra nación, ha impulsado el desarrollo capitalista y la economía de mercado, involucrando de manera decisiva —no podría ser de otra manera— a los particulares nacionales y extranjeros.
“No importa —decía Deng Xiaoping— de qué color sea el gato, lo que importa es que sepa cazar ratones”. Esta visión pragmática de los dirigentes del PCCH no es necesariamente lesiva, entre otras cosas porque han dejado atrás aquellas visiones ideologizadas y totalitarias sobre el papel del Estado en la economía.
En el otro lado, el presidente de Estados Unidos —el país liberal por antonomasia— está proponiendo que desde una decisión del gobierno se pueda materializar un aumento generalizado a los salarios de los trabajadores en ese país. Obama considera que esta medida del gobierno —igualmente pragmática— es indispensable para reactivar su deteriorada economía.
El problema con los gobernantes en México es que, siendo “más papistas que el Papa”, insisten en darle continuidad a lo que en otros países ha sido superado, es decir, la llamada “revolución neoliberal” que comenzó en los años 80 del siglo pasado y que desde hace décadas —igual que con el estatismo— ha evidenciado su inviabilidad económica y su fracaso político.
Son ellos, por lo tanto —no la izquierda— los dogmáticos, y bajo esa condición tratan el asunto de la Reforma Energética como un asunto de ideología. Se trata, entonces, desde la perspectiva de la “doctrina neoliberal”, debilitar al Estado, reducirlo, minimizarlo en el sector de la economía más importante y estratégico para el país.
Pero ¿por qué aplicar esta visión a rajatabla en el sector energético y no en otras actividades?
Considero que esto es así porque, tomando en cuenta el PIB, la parte importante de la economía nacional continúa “petrolizada” y, por lo tanto, la privatización o el mayor debilitamiento de las empresas del Estado involucradas en el sector energético son para los dogmáticos del gobierno mexicano, parte obligada en la aplicación del liberalismo extremista.
Con objetividad, desde posiciones de una izquierda contemporánea, nadie pensaría en que no debieran participar, en ninguna circunstancia, los particulares en la industria energética; en realidad ya lo están haciendo y de manera importante. A lo que nos oponemos es a que los particulares nacionales o extranjeros controlen —en lugar del Estado— esta actividad estratégica para el país y eso fue precisamente lo que el gobierno está logrando con las reformas en materia energética.
El PRI y el PAN tienen mayoría en las Cámaras del Congreso, pero según la Constitución, la opinión de esta mayoría legislativa debiera ser ratificada o rectificada por la ciudadanía en una consulta popular. Así debe ser porque, según el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el asunto de la energía para el país es obviamente un tema de trascendencia nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debiera reafirmar este derecho político fundamental de las y los ciudadanos.
*Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
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