Derecho a decidir e izquierda democrática

En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.

Excélsior

La presentación por parte del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo en esa entidad ha generado una serie de reacciones adversas de algunos sectores conservadores, tanto de las derechas como de las izquierdas.

En 2015 habrá elecciones generales en el estado de Guerrero y ya desde ahora podemos observar a líderes políticos, incluidos algunos del PRD, enarbolando sus discursos alrededor del tema de la moral y lo religioso.

Sin embargo, en el Estado democrático y social de derecho, ninguna iglesia o político (así milite en la izquierda) pueden imponer que las mujeres vayan a la cárcel por decidir interrumpir un embarazo. Esas visiones son autoritarias, ambas penalizan la pobreza, ambas violentan derechos fundamentales de las mujeres.

En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.

Para las mujeres, principalmente las adolescentes que viven en las zonas de alta marginalidad del país, el embarazo no planeado es una de las causas de la pobreza familiar.

Para superar la pobreza femenina es indispensable que los gobiernos, especialmente si son de izquierda, hagan efectivos los derechos sociales básicos como son la educación, la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal para todas y todos. Pero también es necesario hacer aplicable el derecho humano fundamental de las mujeres a decidir sobre su vida y su propio cuerpo.

Hacer realidad el derecho de las mujeres a decidir implica llevar a cabo cambios legislativos y acciones de gobierno que impidan —como debe ser en un Estado laico— la imposición de postulados religiosos o criterios morales personales sobre preceptos legales basados en la ciencia de aplicación universal.

Ante esta realidad, el Estado mexicano está obligado a preservar su condición laica, la libertad de las personas a profesar o no cualquier religión, a compartir o no cualquier pensamiento político o moral, tal y como lo establece nuestra Constitución Política. Las concepciones religiosas de las personas están referidas al ámbito de lo particular y nuestra Constitución Política nos garantiza a los particulares el derecho a profesarlas. Pero esas concepciones particulares sobre religión, filosofía, ideología política, etcétera, no pueden imponerse a todas las personas. Cuando eso sucede, el Estado laico y republicano se desvanece y es sustituido por visiones totalitarias.

La igualdad entre los géneros, el reconocimiento a las diversas identidades sexo-genéricas y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son avances que debemos exigir al Estado laico que preserve, pero también debemos defenderlos en la propia izquierda ante visiones de quienes se dicen pertenecer a este espacio del espectro político, pero que en realidad sostiene visiones oportunistas y conservadoras.

        *Expresidente del PRD

        Twitter: @jesusortegam

        http://ortegajesus.blogspot.com/

            agsjom52@gmail.com

Carta de Jesús Ortega a militantes guerrerenses

A las compañeras y compañeros del PRD en Guerrero

Presentes:

Pasó, para el PRD, la funesta etapa del intento de imponer el “pensamiento único” y ahora, en nuestro partido, se puede debatir, discutir, confrontar ideas y pensamientos con absoluta libertad. Esto es característico de un partido progresista, democrático y de izquierda.

En razón de lo anterior es que me atrevo a escribir esta carta para refutar, con el debido respeto, algunas de las declaraciones del compañero David Jiménez Rumbo acerca de la iniciativa que envío al H. Congreso del Estado el Gobernador ÁngelAguirre.

Ello con el propósito de despenalizar la interrupción del embarazo y con ello resolver un grave problema de salud pública en esa entidad, pero además para garantizar el derecho de las mujeres guerrerenses a decidir sobre su propio cuerpo.

1.- David Jiménez Rumbo declara a algunos diarios y medios de comunicación de la entidad, que: “El PRD no lucha por lesbianas, homosexuales, abortistas porque esos no son principios de la izquierda”.

Desde luego que en esta desafortunada declaración, David se equivoca rotundamente. Lo que dice es precisamente el discurso de la derecha fascista que se encuentra enquistada entre algunos de los sectores más reaccionarios de Guerrero y del país.

-¿Sabe Jiménez Rumbo que la discriminación por cualquier razón está prohibida y es penalizada por las leyes mexicanas y los tratados internacionales que nuestro país ha signado?

-¿Sabe que la igualdad jurídica es un derecho establecido en la Constitución General de la República y desde luego, se encuentra contenido en la declaración de principios y en el programa político del PRD?

-¿Sabe Jiménez Rumbo que los Nazis perseguían, encarcelaban y asesinaban a las personas sólo por el hecho de ser homosexuales o lesbianas?

-¿Sabe Jiménez Rumbo que los Nazis sentenciaban con pena de muerte a las mujeres que por diversas circunstancias tenían que abortar?

-¿Sabe que una de las mayores causas de pobreza familiar en Guerrero es el embarazo no deseado de niñas y adolecentes (de entre 12 y 18 años)?

-¿Sabe que en Guerrero hay uno de los índices de mortandad mayores por abortos mal practicados?

Es posible que no sepa esto, y si lo sabe entonces tendría —en consecuencia con los principios y el programa del PRD— que apoyar la iniciativa que ahora se encuentra en el Congreso Estatal.

2.- En sentido diferente a la derecha y a los fascistas, la izquierda lucha por la igualdad en todos sus sentidos y contenidos y por lo tanto los heterosexuales, los homosexuales, las lesbianas, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas tienen y deben de gozar de todos los derechos humanos, constitucionales y legales. El PRD ha dado desde siempre, la lucha para que nadie sea discriminado por condición alguna, incluido el género, la edad, la condición económica, el origen étnico, la preferencia sexual, la condición civil, etcétera.

¡La lucha por la igualdad jurídica y social de todas y todos los guerrerenses y mexicanos es la esencia del ser de izquierda!

3.- Dice David Jiménez Rumbo: “Las mujeres que apoyan la despenalización del aborto están mal de la cabeza, no tienen ni marido, nunca van a parir, ni abortar, porque ni marido tienen”.

Esta declaración no sólo es desafortunada, es verdaderamente aberrante y sólo da cuenta de su extremismo misógino que no puede ser admitido en el PRD y que sólo merece el más enérgico rechazo. Esta declaración insulta a todas las mujeres en el mundo, en México, en Guerrero y sobre todo a aquellas que están dando una lucha por que se reconozca su derecho a decidir y a no ser encarcelas por decidir sobre su propio cuerpo.

Pero además, con tan grosera declaración, llena de odio y fanatismo, agrede — ¡vea usted que tontería!— a las mujeres “que no tienen marido”. Su declaración es homofóbica, alienta la discriminación y es evidencia de un pensamiento totalitario.

4.- Jiménez Rumbo dice que “Jesús Zambrano y Jesús Ortega se encargaron de hacernos estúpidos y señalar que el PRD lucha por homosexuales, lesbianas y abortistas”. Esta última parte de su declaración es simplemente grotesca.

La lucha porque no sean discriminadas las personas por su condición genérica o por su preferencia sexual se encuentra en el ADN de la izquierda libertaria y democrática. Así ha sido desde nuestro surgimiento y así seguirá siendo.

¡Democracia ya, Patria para todas y todos!

Atentamente

Jesús Ortega Martínez

Consejero Nacional del PRD

Sr. Director

Le agradezco su gentileza y le pido que tomando en cuenta mi derecho de réplica, pudiera publicar en su prestigiado diario una aclaración y respuesta al artículo de Carlos Loret de Mola  del día 9 de julio del año presente y en el cual hace referencia a mi persona.

El día 10 de julio, la mayoría de los diarios de la ciudad capital,  publicaron una nota de gran importancia para el País y su economía. En palabras llanas, la empresa de Slim, (claramente un monopolio)  dejará de tener más del 50% del mercado de la telefonía y con ello se logrará que puedan participar otras empresas y en consecuencia se abrirá una verdadera competencia que redundará en mejor servicio y menores costos para los usuarios.

Esto es el primer gran logro de la Reforma Constitucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones y en la cual el PRD participó de manera decisiva.

Sin embargo, ¿a qué se debe que este logro contra el monopolio Telmex-Telcel que seguramente se traducirá en  beneficio de los consumidores y del país, no se pueda reproducir en el caso de otros monopolios como lo es  Televisa?

Esto sucede porque los legisladores federales del PRI, PAN y PVEM aprobaron cambios a ley de telecomunicaciones que —contrariando el espíritu de la Constitución— permiten que “de facto”, Televisa siga actuando como monopolio, especialmente,  en el negocio de la televisión de paga.

Como el PRD está en contra de todos los monopolios (en telecomunicaciones, en radiodifusión, en la industria de alimentos, de la construcción, etcétera) es que nuestros legisladores votaron en contra de dicha ley. Esta negativa del PRD a favorecer los intereses económicos y políticos de cualquier monopolio, incluyendo al de Telmex o al de Televisa,  es lo que ha provocado el enojo de Azcárraga y la ira de algunos de sus empleados.

Dice Loret de Mola que con la ley ya no se cobrará la larga distancia, que se terminarán los abusos de Telmex-Telcel,  que no habrá costo para la interconexión telefónica.

 ¡Bien! ¡Bien por todo esto y por muchas cosas más que el PRD propuso e impulsó!

 Pero…  ¿Y la Cheyenne Don Carlos?

¿Y el monopolio de Televisa qué, se conservará intacto?

 ¿Y el monopolio que mantendrá el control sobre la información pública?

 ¿Y el monopolio que continuará sobreponiendo sus intereses particulares a los del país?

 ¿Y el poder fáctico que, como otros,  es capaz de doblegar al gobierno?

¡Esto es lo trascendente y es lo verdaderamente grave para la economía del país y desde luego, para los derechos de los consumidores!

De ello no habla ni escribe Carlos Loret de Mola y no lo puede hacer porque escribe por consigna y, generalmente, los que escriben por consigna generan instintivamente un recurso exculpatorio: el de asumir que todos los demás hacen lo mismo.

¡Se equivoca Loret de Mola!

El PRD es un partido político en donde participan ciudadan@s que comparten una causa, una convicción política. Ni incondicionales a ningún poder, ni empleados de nadie, ni devotos de ningún fundamentalismo económico o ideológico. 

Atte.

Jesús Ortega Martínez

Rabieta de Televisa contra PRD por Telecom

El poder de Televisa y la debilidad del gobierno

Desde hace unas semanas, algunos periodistas han asumido el papel de voceros de Televisa para lanzar una ofensiva política en contra del PRD y particularmente en contra de su presidente nacional, Jesús Zambrano, y de todos aquellos dirigentes y líderes partidarios identificados con Nueva Izquierda (Los Chuchos, como se nos identifica coloquialmente).

Excélsior

Las causas de tales ataques son varias, pero identifico dos principalmente. La primera tiene que ver con que el PRD y principalmente Nueva Izquierda, fuimos los promotores e impulsores de la reforma constitucional en materia de competencia económica y la respectiva en materia de telecomunicaciones. Tan es así, que hasta los más acérrimos críticos del Pacto por México ahora reconocen la valía y la trascendencia de tales reformas constitucionales, al grado de que su discurso crítico contra las leyes secundarias se sustenta en que éstas se desapegan o contradicen el texto constitucional reformado.

A Telmex, a Televisa y a sus respectivos socios, no les agradó, desde luego, ninguna de las mencionadas reformas constitucionales y ahora están utilizando todos sus recursos para echarlas abajo o, en su caso, hacerlas inservibles. Uno de esos recursos —y  la segunda causa de los ataques de Televisa al PRD— es nuestra resistencia a aprobar las leyes secundarias, y esto es así debido a que precisamente en varios de sus artículos y en la propia exposición de motivos contradicen lo alcanzado en la reforma constitucional en telecomunicaciones.

Sí se utilizó la fuerza del Estado para imponer a los monopolios (los poderes fácticos) las mencionadas reformas  constitucionales,  y ello se hizo con el propósito de impedir que continuaran controlando la economía del país; con la reforma secundaria en telecomunicaciones, los poderes fácticos, es decir, los monopolios, están haciendo valer todo tipo de presiones para doblegar al gobierno priista y al Estado mexicano.

La estrategia mediática de Televisa consiste en colocar el debate en una falsa disyuntiva en donde partidos, dirigentes políticos y legisladores que están por que prevalezca —en la ley secundaria— la sustancia de la reforma constitucional, son (dicen perversamente) favorables a Telmex y a Slim.

Esta estrategia contradice totalmente las concepciones y los objetivos en que se apoyó la elaboración de la reforma al artículo 28 constitucional y en donde se buscó, siempre, contener y eliminar al conjunto de monopolios, incluyendo a los de telecomunicaciones y radiodifusión (Telmex, Telcel, Televisa-Azteca y otros).

Por ello mismo, es que el grupo parlamentario del PRD en el Senado votó en contra de la ley secundaria; porque ésta contradice —en varias partes a la Constitución— y porque había que enfrentar la estrategia mediática de Televisa o de Telmex.

Seguirán los de Televisa con sus ataques a través de sus empleados disfrazados de periodistas o de legisladores cooptados del PVEM, del PRI y algunos del PAN, pero ello mismo dará cuenta ante la población de qué partidos fueron realmente consecuentes en la acción política de combate a los monopolios.

En ese sentido, resulta lamentable que el gobierno priista haya cedido a las presiones de algunos de los poderes fácticos.

Ello es prueba del poder de éstos, pero también exhibe al gobierno en su debilidad y en su peligrosa inconsistencia, misma que finalmente a quien daña es al conjunto del país.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

                http://ortegajesus.blogspot.com/

                agsjom52@gmail.com

Licenciado Juan Francisco Ealy Jr.
Director General de El Universal

Le solicito, en uso de mi derecho de réplica, la publicación de el siguiente escrito en respuesta a la columna de Carlos Loret de Mola, publicada en su prestigiado diario el día 2 de julio del presente año y que lleva por título: “Los Chuchos de Slim”.

1.- Carlos Loret de Mola dice: “Los negociadores perredistas de las reforma en materia de telecomunicaciones y los directivos de Telmex-Telcel que les tiran línea”, la cita era en el hotel Geneve de la Zona Rosa del DF, propiedad de inmuebles Carso. “La sintonía entre ambos se inició desde tiempos del Pacto por México”.

Respuesta: ¡Loret de Mola miente de manera deliberada!

Yo fui uno de los negociadores del PRD en el Pacto por México,  los cuales participamos en la elaboración de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, de radiodifusión y de competencia económica. El propósito de tal reforma era, y sigue siendo, terminar con los monopolios como los de Telmex-Telcel,  como Televisa y sus socios y como otros que existen en diversas áreas de la economía del país  (los poderes fácticos a que hace referencia el Pacto), y que han obstaculizado la competencia, obstruido el desarrollo de la industria debilitando la competitividad del país y, desde luego,  afectando los ingresos de millones de usuarios.

Desde que iniciamos las pláticas para impulsar el Pacto, durante las discusiones del mismo y ahora en el proceso de las leyes secundarias,  no me he reunido ni hablado con Slim ni con ninguno de los directivos de su empresa y de igual manera con ninguno de los socios o directivos de Televisa o TVAzteca para tratar asuntos de telecomunicaciones o de competencia económica.  

2.- Loret de Mola dice: “Según fuentes bien informadas (el clásico recurso para inventar) a un alto dirigente perredista se le escuchó decir: Esto no le va a gustar a Carlos”.

Respuesta: Es posible que así haya sucedido. La reforma constitucional, claro está,  no le gustó a Slim, como tampoco, es evidente,  le ha “gustado” a Azcárraga y socios, y de igual manera no les gusta a otros dueños de monopolios.

¿Qué no le gusta a Slim y a Azcárraga? ¡Y qué importa que no les guste! De eso se trataba la reforma constitucional, es decir: de contener, de impedir su enorme poder de control sobre la economía del país y detener su dominio sobre muchos políticos.

3.- Loret de Mola dice: “varios de los asesores estrella del PRD en materia de telecomunicaciones exhiben su falsa imparcialidad”.

El reportero de Televisa se refiere a la diputada Purificación Carpinteyro,  Mony de Swaan, Alfredo Figueroa, Ángel García (¿y quién es ese?)  y hace referencia a Guadalupe Acosta Naranjo. 

Respuesta: Acosta Naranjo es dirigente del PRD y parte de los negociadores en las sesiones del Pacto, y Purificación Carpinteyro que es diputada perredista fue, como tal, consultada en varias ocasiones;  Figueroa y de Swaan igualmente fueron consultados en algún momento sobre temas específicos, pero salvo Acosta Naranjo ninguna de estas personas asistió a las múltiples reuniones del Pacto por México.

¿Pero que los dirigentes del PRD consulten a especialistas es condenable? Desde luego que no.  Es incluso necesario. Lo que debo decir, sin embargo, es que los consultábamos en ocasiones, precisamente por su clara posición en contra de los monopolios (el de Televisa, Telmex y todos los demás).

4.- Dice Carlos Loret de Mola: “Trabajo en Televisa y llevo meses pidiendo que todos los que opinamos del tema telecomunicaciones transparentemos ante nuestros públicos cualquier conflicto de interés”.

Respuesta: El conflicto de interés de Loret de Mola es evidente, pero falta a su condición de periodista cuando sacrifica objetividad por defender los intereses económicos de la empresa para la que trabaja. Cuando eso sucede desaparece el periodista y aparece el empleado. 

5.- Es lamentable que, por presiones de esos mismos monopolios el gobierno haya cedido, y que una magnifica reforma constitucional que alentaría la competencia en beneficio de los usuarios,  esté siendo arruinada en una de sus partes sustantivas. 

Jesús Ortega Martínez

Coordinador Nacional de Nueva Izquierda

Conflictos de interés en ciertos legisladores y en algunos periodistas

En el periodismo, la crítica hacia la política le es consustancial. No podría entenderse a un periodista profesional si éste no estuviera observando, analizando y criticando a las y los políticos.

Excélsior

Por ello, nadie debería alarmarse y menos sorprenderse ante eventos como el que se presentó recientemente con la diputada Carpinteyro y que haya suscitado un alud de críticas desde varios frentes periodísticos.

Pero pienso que el análisis y la crítica hacia la política nacional, si no contempla el análisis del periodismo que hace política y que lo hace con la misma pasión con que lo realizan los políticos profesionales, será incompleto.

Los políticos, obviamente, enarbolan o defienden ideas, convicciones, programas partidistas y, desde luego, intereses económicos y sociales que se identifican con su orientación ideológica. Igualmente hay políticos que, con el gafete de periodista, enarbolan y defienden ideas, convicciones ideológicas, programas partidistas y, desde luego, determinados intereses económicos y sociales.

Veamos que en el tema de telecomunicaciones y específicamente en el asunto de cómo definir quién es un agente económico preponderante, la posición política del senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional, es diáfana en la defensa de los monopolios en televisión o en telefonía y, en cierto sentido, la claridad con que lo plantea se le agradece, pero quizá más poderosa que la opinión del senador Lozano, es la de los políticos-periodistas-políticos que actúan en, por ejemplo, el programa Tercer Grado de Televisa.

Es correcto, opino, que los periodistas localicen y señalen a legisladores que tienen o podrían tener “conflicto de interés” y, sin embargo, lo deleznable del trabajo de algunos periodistas-políticos o políticos-periodistas es que (por intereses económicos o políticos) se resisten a señalar a tod@s los legislador@s que mantienen o pudieran mantener conflictos de interés.

Raymundo Riva Palacio hace bien en criticar el conflicto de interés en el que se situó la diputada Purificación Carpinteyro, pero ¿qué opina Riva Palacio de los conflictos de interés en que incurren los diputados Antonio Cuéllar, del PVEM, exdirector jurídico de Televisa; el diputado Enrique Cárdenas del PRI, accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca; el diputado Javier Orozco, del PVEM y exabogado general de Televisa?

O de la senadora del PVEM, Ninfa Salinas; de la senadora Areli Gómez, del PRI, y del senador Luis Armando Melgar, del PVEM,  presidente de Fundación Azteca en Chiapas.

Hay otros más que son empleados, directivos de las empresas, pero también los hay que son concesionarios del espectro del Estado para trasmitir por radio y televisión.

¿Tienen todos estos y otros más conflicto de interés? Evidentemente, pero para algunos políticos-periodistas estos legisladores de la llamada “telebancada” no son mencionados como parte de un claro conflicto de interés.

¿Por qué esto? Porque en lugar de informar con veracidad, algunos periodistas prefieren defender los intereses de ciertas empresas involucradas en el litigio político-legislativo-económico que implican las reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Algunos, no lo desconozco, lo harán defendiendo ideas, pero otros lo hacen defendiendo simplemente los intereses de los monopolios.

Fue necesario que la diputada Carpinteyro se excusara de participar en la discusión en Telecom, pero ¿cuándo?, me pregunto, se excusarán Emilio Gamboa, Antonio Cuéllar, Javier Orozco, Javier Lozano, Ninfa Salinas, Areli Gómez y otros senadores y diputados que visiblemente “tienen conflicto de interés”.

Dice Raymundo Riva Palacio que excusarse de una discusión en donde hay conflicto de interés es una norma establecida en el Reglamento General del Congreso de la Unión. ¡Bien! Entonces muchos más legisladores deben excusarse de intervenir en tal debate y votación.

Ojalá que los periodistas más atendidos, más vistos y más escuchados actuaran con profesionalismo y demandaran a los presidentes de los partidos en donde se ha incrustado la “telebancada” que actúen en consecuencia, es decir, que se excusen de participar en el debate de Telecom porque tienen conflicto de interés.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

                http://ortegajesus.blogspot.com/

                agsjom52@gmail.com