Sin mitos ni ataduras ideológicas

Excélsior

Por muchos años, en la izquierda mexicana —y especialmente en los 26 años de existencia del PRD— se ha pensado que el logro de sus objetivos estratégicos de la izquierda depende, necesaria y obligadamente, de alcanzar su unidad.

Siguiendo tal línea de pensamiento, alcanzar la unidad de las izquierdas como condición ineludible para acceder al poder, nos obligaría a que continuáramos minimizando, haciendo de lado u ocultando las diferencias conceptuales, programáticas, y aquellas otras que se derivan del quehacer político diario, para, como hemos dicho antes, seguir navegando en ambigüedades programáticas e ideológicas que nos conducirán, penosamente, a la esquizofrenia política que tanto daño ocasiona a la imagen del PRD ante la ciudadanía. 

Si bien tal ambigüedad en nuestros planteamientos permitió mantener formalmente una frágil unidad, ahora resulta evidente que soslayar, o esconder en el clóset tales diferencias, sólo conduciría al estancamiento del pensamiento de la izquierda mexicana y a su incapacidad para abordar con eficacia la grave situación en que se debate el país.

De manera diferente, opino que las izquierdas mexicanas necesitan rechazar sus antiguas mitologías para, en sentido contrario, confrontar sus ideas, planteamientos y teorías con una nueva realidad, que necesita innovar en su pensamiento, en sus proyectos y programas, y que eso será posible en la medida en que se pueda abrir a un debate sereno hacia su interior y hacia un diálogo, sin ataduras doctrinarias y dogmáticas, con el conjunto de la sociedad mexicana. Ello implicaría, necesariamente, un cuestionamiento crítico de sus antiguos modelos y paradigmas ideológicos y, desde luego, a su costumbrista y redundante acción política, aunque con ello ocasionara y propiciara, incluso, una división.

Atendiendo a esta situación, hay que decir entonces que existiendo, ciertamente, grandes diferencias entre las izquierdas mexicanas, que además no son superficiales o meramente coyunturales, sino que, indudablemente, son importantes e, incluso, lo son de carácter estratégico, entonces es necesario que tales diferencias objetivas se deban atender y discutir abierta y libremente. Ignorar esas diferencias y ello hacerlo en el nombre de la unidad, sólo haría que nos engañáramos a nosotros mismos.

En la realidad, la historia de la izquierda es la de sus encuentros y desencuentros. Así ha sido durante mucho tiempo y seguramente así seguirá. Las diferencias que existen en nuestro seno no son nuestro problema principal,  porque reconociendo nuestra diversidad éstas seguirán existiendo; como tampoco lo es la eventual división (la que por cierto, es una constante dentro de todas las organizaciones políticas de izquierda, de derecha y de cualquier otra identidad ideológica y programática). El problema central, medular, de la izquierda se encuentra en su indisposición o en su incapacidad de renovar su pensamiento, de desideologizarlo para poder insertarse en las nuevas realidades y condiciones de la sociedad mexicana y en consecuencia de poder representar de manera genuina, con autenticidad, las demandas y exigencias que tiene el conjunto de la población a principios del siglo XXI.

Éste —el de modernizar programática y políticamente a la izquierda— es nuestro desafío principal y en consecuencia es el que debemos enfrentar de manera radical, profunda.

En ese propósito es que apunta el esfuerzo de Agustín Basave en la presidencia del PRD, para que desde una izquierda democrática se confronte al autoritarismo que se encarna en el priismo o que se refleja en el populismo lopezobradorista; para desde una izquierda libertaria se encaren los dogmas y los mitos que nos siguen consumiendo; para desde una visión social y democrática de nueva generación podamos dejar atrás los fantasmas del estalinismo y del nacionalismo revolucionario.  

Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/

agsjom52@gmail.com

De algunas universidades corporativizadas

Excélsior

Hace unos días escuchaba al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien comentaba sobre la situación de la educación pública en esa entidad.

Atrajo mi atención explicando algunos datos acerca de cómo —y en contra de toda lógica— se ha disminuido el número de solicitudes de matrícula para cursar la educación primaria en las escuelas públicas y, en sentido diferente, cómo en tan sólo cinco años se ha aumentado en casi 40% las inscripciones —para el mismo nivel— en las escuelas privadas.

Una explicación de este fenómeno podría ser el de los frecuentes paros laborales, de las interrupciones en el calendario escolar, lo que ya es una constante en Michoacán  y, en consecuencia de todo ello, una drástica disminución de las horas-clase que reciben los alumnos.

Se presenta, entonces, algo aberrante: aumenta —en el presupuesto del estado— el porcentaje del rubro destinado a la educación pública y, sin embargo, crece de manera muy significativa el número de planteles educativos privados y de alumnos inscritos en ellos. Todo esto es, en muchos sentidos, deplorable. Lo es, porque se deteriora, a pesar de la mayor inversión, la educación pública; porque los padres y madres se ven obligados a gastar más, de los recursos familiares, en la educación de sus hijos, cuando este gasto debiera ser exclusivo para el Estado; y, aunque parezca menor el tema, aumentan las escuelas confesionales, con lo que se afecta a la educación laica.

Algo parecido sucede con la educación superior. La que imparte el Estado a través de las instituciones y universidades públicas se ha estancado por varias situaciones anómalas. La primera: la proporción de alumnos que ingresan a la educación superior es menor, mucho menor, con respecto al crecimiento de la población juvenil que alcanza la edad y se encuentra en condiciones de ingresar a una institución de educación superior. La segunda: aumenta la deserción en los planteles públicos de educación superior. La tercera: los egresados de las universidades públicas, en términos generales, tienen menores posibilidades y oportunidades que los egresados de las universidades privadas, para que, desde un empleo adecuado y digno, desarrollen sus conocimientos y potencialidades. Y la cuarta: el Estado, así como abandonó la educación básica y la entregó a grupos mafiosos, hizo lo mismo con la educación superior para que, salvo excepciones, las universidades autónomas y públicas de las entidades federativas se encuentren en manos de grupos de poder que las utilizan para privilegiar intereses particulares y acrecentar círculos y espacios de influencia política.

Por eso mismo, crecen las universidades privadas; crecen aquellas propiedad de particulares y de las cuales, la gran mayoría, no cubren elementalmente con las demandas y condiciones de calidad y excelencia que debiera exigir el Estado para que funcionen. No sucede esto y, por lo tanto, tenemos a centenas de miles de jóvenes que fueron engañados cuando se vieron obligados a pagar por un diploma o por un título que, aunque tenga validez ante la SEP, no la tiene ante la cruda e implacable realidad del mercado laboral.

¿Sería válido?, por ejemplo, que con recursos públicos asignados a diputados de Morena para tareas legislativas, este partido instituyera en varias entidades de la República “universidades” que expidieran “títulos” para ejercer la profesión de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera.

Creo que no sería válido, desde el punto de vista legal, pero menos aun desde cualquier concepción ética.

¿Cuántas “universidades” pretende crear AMLO? ¿Con qué recursos —académicos, económicos, de infraestructura— las construirá y las sostendrá? ¿Es función de un partido político crear o fundar universidades? ¿Qué haría diferente a una universidad que crean e instituyen los jesuitas o los legionarios de Cristo a otra que crean los dirigentes partidarios de Morena? ¡Desde luego que no es función de un partido crear universidades! Esto es tarea fundamental del Estado, aunque no exclusiva, pero, además, todo indica que no habría diferencia sustantiva, pues las dos —aun de ritos diferentes— parecerían confesionales y claramente corporativizadas.

No hay que posibilitar la creación de más “universidades patito”. En sentido diferente, hay que alentar el fortalecimiento de las universidades públicas alentando su desarrollo y haciendo crecer la calidad de la educación que imparten y, claro, hay que aumentar la matrícula para que más y más jóvenes puedan ejercer, verdaderamente, el derecho a estudiar en una institución de educación superior.

Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/

agsjom52@gmail.com

De error financiero a crimen social

Excélsior

Cuando terminen su encargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirán, cada uno de ellos, como parte de su pensión vitalicia, 258 mil 796 pesos por mes. Podrán, con ese ingreso, gozar de un retiro y de una vejez con dignidad.

Nadie debiera regatearles a los ministros de la SCJN o a cualquier otra persona servidora del Estado o trabajando en la economía privada que, al final de su vida laboral, puedan disfrutar de una generosa pensión de retiro. Esto es lo justo, pues toda persona tiene derecho a una pensión que le garantice bienestar y dignidad en el último tramo de su vida.

Negar ese derecho, como sucede en México, se ha convertido en una gran injusticia y en un factor de empobrecimiento para amplios sectores de la población.

Contrario a lo que sucede con los ministros, la gran mayoría de las y los adultos mayores que viven en nuestro país y que durante 30, 40 o 50 años han aportado su fuerza de trabajo a México o a una empresa privada, lamentablemente, no tienen posibilidad alguna de acceder a este derecho que debiera ser inalienable, de contar con una pensión digna.

La imposibilidad de una pensión digna para la gran mayoría de las y los mexicanos es uno de los grandes problemas que conforman la realidad de la sociedad mexicana, caracterizada principalmente por una terrible desigualdad social y económica y por el crecimiento, que pareciera irresoluble, de la pobreza.

Parte del drama que vive nuestra nación es que más de la mitad de las y los mexicanos vive en la pobreza, pero quizá lo más angustiante es que los más pobres entre los pobres sean los niños, las niñas y las y los adultos mayores. Estos son los sectores de la población que tienen mayores carencias de lo elemental para la vida; son estos quienes más dificultades tienen para acceder a los derechos humanos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la salud; son quienes se encuentran más desprotegidos por el Estado y a quienes más se les imposibilita una vida de dignidad.

Y esto sucede, entre otras causas, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad de garantizar para todas y todos la elemental e indispensable seguridad social, y que incluye, necesariamente, el derecho humano a una pensión en la vejez.

La visión dogmática neoliberal de quienes dirigen las principales instituciones del Estado mexicano, empezando por la Presidencia de la República, están terminando con la concepción solidaria sobre la seguridad social, la misma que fue ejemplo para el mundo durante varias décadas, especialmente durante el proceso de fundación y consolidación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En lugar de ello, los neoliberales se encuentran inmersos en una “cruzada ideológica” para debilitar al Estado y para generar entre la población un sistemático repudio y un consistente rechazo hacia todo aquello que signifique lo público y lo societario.

Lo que fomentan es el individualismo y, con ello, lo único que han logrado es ahondar en la desigualdad y en mayor pobreza para las y los mexicanos. No han querido asumirlo, pero la estrategia de privatizar las afores ha resultado en el gran fracaso de los economistas neoliberales. Han acabado con los recursos del IMSS, con los del ISSSTE y con otros de las grandes empresas paraestatales, han dilapidado sus reservas; y de manera más trágica, han terminado con los ahorros de los millones de trabajadores mexicanos que se encontraban destinados para asegurar sus pensiones. Esos recursos ahora están en las cuentas bancarias de los dueños y directivos de las afores o en inciertos movimientos de especulación financiera. 

Por ello mismo, lo que debiera ser un derecho para todos, como lo es el de contar con una pensión que garantice dignidad y elemental bienestar para los últimos años de la vida, se convierte en un privilegio para el que tienen acceso apenas unos cuantos.

Convertir los ahorros de los millones de trabajadores mexicanos en un negocio privado significó un grave error de los gobiernos neoliberales que ha alcanzado la dimensión de un crimen social.

Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/

agsjom52@gmail.com