Ante el fracaso del prohibicionismo, la regulación como alternativa

Excélsior

Los actuales gobernantes, especialmente el encargado del Ejecutivo federal, insisten en combatir la violencia derivada del tráfico de estupefacientes a través de la implementación de una “estrategia prohibicionista”.

El resultado de ello ha devenido en un monumental fracaso, pues no sólo han sido incapaces de impedir y disminuir el nocivo e impresionante negocio del tráfico ilícito de drogas, sino que también día con día aumentan los hechos de violencia que lo acompañan y que han convertido al país en un “campo de batalla”. Vivimos una guerra y es evidente que la va perdiendo el Estado, y como sucede con todas las guerras, los más afectados son los “civiles”, es decir, los miles de hombres y mujeres que en todas las regiones del país son asesinados, secuestrados, amenazados, extorsionados o aterrorizados.

Otro “daño colateral” de esta guerra absurda lo padecen particularmente las y los jóvenes, muchos de ellos, en lugar de trabajar o estudiar, de aportar al bienestar de su familia, comunidad y país, son trágicamente “carne de reclusorio”, y lo son a tal grado que la gran mayoría de quienes se encuentran en cárceles, sujetos a procesos por delitos contra la salud o delincuencia organizada, son precisamente jóvenes menores de treinta años.

¿Qué futuro tiene una nación si lo que ésta les ofrece a sus jóvenes en el presente es la cárcel o la muerte temprana y violenta?

Siendo esto una lamentable parte de nuestra realidad, México no tendrá en el futuro inmediato ni paz ni prosperidad ni desarrollo ni libertad. 

Esta lamentable historia persistirá a no ser que el gobierno entienda, de una vez, que su estrategia prohibicionista es un fracaso, y que, por lo tanto, es una necesidad impostergable el cambiarla.

Por esto es tan significativo el sentido que habrá de tener la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca del recurso de amparo que un grupo de ciudadanos interpusieron para garantizar, como lo establece la Constitución, el derecho que tenemos las y los mexicanos al “libre desarrollo de nuestra personalidad”. Este tema sobre la protección de nuestra libertad como individuos tiene que ver, y mucho, con el grave problema de la violencia que hoy padecemos como personas y como sociedad, pero también lleva implícito el hacer de la libertad una plena garantía constitucional y un derecho humano fundamental.

En su ponencia y basado en amplia información científica, el ministro Zaldívar establece que el alcohol o el tabaco son sustancias mucho más nocivas que, por ejemplo: la mariguana, y para evitar o reducir su consumo sería más eficaz la regulación que la prohibición. Esto que dice el ministro Zaldívar es lo que, desde hace décadas, vienen diciendo expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, la regulación en lugar de la prohibición se está practicando ya en muchos países, especialmente en Estados Unidos, el mismo que le impuso al mundo la estrategia de la “guerra” contra la mariguana y otros tipos de psicofármacos.

La regulación por parte del Estado de la producción y consumo de la mariguana se convertiría en un severo golpe a los grandes negociantes del tráfico ilegal de drogas y con ello también se reduciría la terrible violencia que hoy tiene ensangrentado al país.

Ojalá, quienes integran la Sala de la SCJN que tratará sobre este amparo, se doten de la mayor información científica, puedan desechar presiones conservadoras y, con ello, contribuir a que la opinión pública se pueda despojar de prejuicios. Todo ello será muy significativo, más aún lo será el que se pueda mantener vigente uno de los principios vertebrales de nuestra Constitución, es decir: el de la libertad de las personas para el desarrollo de su propia personalidad y sin que ello signifique —esto es de gran importancia en el fallo de la Corte— la afectación de los derechos y libertades de las demás.

El próximo miércoles la SCJN podría iniciar un camino diferente para que la sociedad mexicana y las instituciones del Estado se decidan a enfrentar, con mejores resultados, el flagelo de la violencia derivada del narcotráfico.

*Expresidente del PRD

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La violencia y la incapacidad del Estado para contenerla

Excélsior

La UNESCO encargó a un selecto grupo de sabios, de varias partes del mundo, especialistas en filosofía, sociología, medicina, fisiología, economía, etcétera; un estudio para descubrir las causas de la violencia.

Este trabajo, aparte de extenso, es —como digo— multidisciplinario, transdisciplinario, y tiene el propósito de aportar a los Estados, a los gobiernos, conocimiento científico que contribuya a frenar la violencia, a disminuirla y, en su caso, a eliminarla de la vida de las sociedades.

Vale la pena leerlo en cualquier momento, pero más ahora que la violencia crece y domina las relaciones sociales en gran parte del orbe.

En México la violencia nos domina como sociedad y nos oprime individualmente.

Se vive de la violencia, se sobrevive con ella y se ha vuelto parte de nuestra cotidianeidad y de nuestras relaciones familiares y sociales. Ciertamente, lo dicen los autores del mencionado estudio, la violencia es claramente multicausal, pero tratando de hacer una apretada síntesis de uno de los estudios, citaré a Jean-Marie Domenach que explica: 

“Lo que llamamos hoy ‘violencia’ se cristaliza progresivamente en tres aspectos principales: primero: el aspecto sicológico, explosión de fuerza que cuenta con un elemento insensato y con frecuencia mortífero; segundo: el aspecto moral, ataque a los bienes y a la libertad de otros; y tercero: el aspecto político, empleo de la fuerza para conquistar el poder o dirigirlo con fines ilícitos”.

Es el tercer sentido el que predomina en la actualidad, como permite ver esta definición del diccionario filosófico de Lalande: “Violencia: empleo ilegítimo, o por lo menos ilegal, de la fuerza”.

A partir de esta definición de violencia, la que existe ahora en México y que nos abate y nos postra hasta la asfixia, comprende los tres aspectos mencionados. La irracionalidad, la insensatez, la barbaridad, estuvieron presentes en los crímenes de Ayotzinapa, de San Fernando, de Tlatlaya, de Jalisco, de Michoacán y de muchos otros lugares del país. Pero en todos estos hechos de terrible violencia también existe el segundo aspecto que señala Domenach, el de carácter moral, es decir: el de un ataque a los bienes y a la libertad de otros. Este aspecto especialmente fue determinante, impactante, en la existencia de una violencia tan atroz que hasta imaginarla resulta difícil.

Si se reflexiona, por poner dos ejemplos de los más crueles, inhumanos, bárbaros, de la violencia como lo sucedido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y contra los migrantes en San Fernando, el ataque a la libertad fue una de las causales expresas. Decenas y centenas de personas fueron privadas de su libertad y otras asesinadas para impedir el ejercicio de sus derechos humanos y de sus libertades. 

Y, por supuesto, podemos encontrar el aspecto político al que hace referencia el autor, esto es: la violencia para preservar o conquistar poder. Reitero que la violencia es multicausal, sin embargo, los dos últimos elementos, el de carácter moral, que afecta derechos y libertades, y el político, que se sostiene en el propósito de preservar o alcanzar poder, son particularmente más notables, entre otras cosas, porque son de tal naturaleza que se pueden evitar.

Ciertamente, se pueden evitar a través de la acción del Estado. Los derechos humanos y constitucionales como el de poseer bienes y propiedades, el de la libertad y el de la seguridad en la vida de las personas, son derechos inalienables y el Estado tiene el deber y la obligación de preservarlos para todas y todos los mexicanos. Pero esto no sucede debido a que ese Estado y sus instituciones resultan incapaces de garantizar tales derechos.

El Estado es incapaz porque es débil institucionalmente, porque la corrupción lo ha invadido hasta la médula y muchos de los representantes del Estado como policías, fiscales, jueces, funcionarios, militares, gobernantes de cualquier nivel, se han constituido y funcionan para preservar los intereses y los poderes político y económico que no sólo son ilegítimos e ilegales sino, también, contrarios a la sociedad, a su convivencia civilizada y a los derechos de las y los mexicanos; es incapaz porque continúa aplicando una estrategia contra la violencia que ha resultado en un fracaso.

El Estado es incapaz porque en lugar de combatir la violencia mediante la legitimidad de su fuerza, utiliza a ésta, paradójicamente, para confrontar a la propia ley y al Estado de derecho.

*Expresidente del PRD

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Un fantasma recorre México

Excélsior 

Un fantasma recorre México: el fantasma de la política. Todas las fuerzas del conservadurismo mexicano se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma.

Desde la fe y desde el púlpito, algunos de los jerarcas religiosos lanzan los más feroces anatemas contra la política y contra todos aquellos que osan participar en ella.

Desde los confines norteños, el mismísimo “diablo” encabeza grandes campañas para fustigar con gran eficacia,  a todos los partidos políticos.

Los medios de comunicación, muchos de los cuales viven del presupuesto público —el que paradójicamente elaboran los políticos—, permanentemente vapulean, degradan, al Congreso de la Unión y a toda institución que se involucre en el quehacer público.

Intelectuales que meses antes, con gran fervor, defendían la política, ahora organizan “frentes ciudadanos” para defenestrarla.

Algunos periodistas que, desde siempre, le sirven a políticos oficialistas, ahora llenan sus columnas contra todo aquello que identifican con la política.  

Relevantes personajes que han hecho política durante toda su vida, ahora, ridículamente, se disfrazan de “independientes” para combatir la política.

Candidatos que lo fueron de partidos en varias ocasiones, ahora camuflan su discurso y vestimenta para aparecer como “ciudadanos” inmunizados de la política.

Líderes que únicamente lo han sido de partidos, ahora construyen “movimientos de renovación” enderezados contra la política.

¿Qué estrategia política puede ser más eficaz contra un contrincante que acusarlo de hacer política?

¿Qué mote más efectivo para zaherir, que señalar a alguien como político?

¿Qué mejor manera para ser candidato a un cargo político que renegar de la política?

¿Qué campaña electoral más redituable ahora, que aquella que se dirige contra la política y contra los políticos?

Pero todos estos, los de la antipolítica dirán: ¿Y acaso esta reacción no es justificada ante los atropellos, las corruptelas, los abusos que cometen y han cometido muchos políticos?

Y sí, es verdad que ésta es una explicación del porqué soplan vientos no sólo para rechazar a la política, sino para que se incube entre la sociedad, en su conjunto, un sentimiento de apatía, de alejamiento de lo público y de lo que nos es común.

Y, sin embargo, Gustavo Zagrebelsky, en su texto Contra la ética de la verdad, establece que “esas reacciones hacia lo público y hacia la política son reminiscencias que no prometen nada bueno. Los ciudadanos excitados ante esos atropellos e injusticias se movilizan (pero) para someterse al eslogan de bien-mal, amor-odio, vida-muerte (lealtad-traición), elementos todos que los pícaros de la política y la antipolítica despachan como revancha de los valores relativos de la democracia. Palabras que quizá podrán servir para ganar unas elecciones, pero que mientras tanto esparcen veneno sin que una opinión pública consciente sepa defenderse una vez que la routine cotidiana la ha convertido en obtusa”.

Por ello, por el contenido relativista de la democracia, no debería caerse en la trampa de los absolutismos que esparcen los devotos de la antipolítica, los mismos que, en lugar de programas, propuestas o idearios, difunden lo que, suponen, son verdades absolutas, dogmas encarnados en personajes mesiánicos.

Democracia y verdad absoluta, democracia y dogma son incompatibles. La verdad absoluta vale en sociedades autocráticas, no en sociedades democráticas.

Los de siempre de la antipolítica, apenas unos años antes, adoptaron al régimen autoritario priista como su quimera y su valor absoluto, y al cual durante décadas  confrontaron con el relativismo del sistema democrático de partidos.

Ahora, en un viraje absolutista, esos mismos pregoneros de la antipolítica utilizan las candidaturas independientes como si éstas fuesen, por naturaleza, contrarias a la política.

Se equivocan: las candidaturas independientes son consustanciales a un sistema democrático; conviven y coexisten perfectamente con un sistema de partidos. Las candidaturas independientes son, incluso, necesarias para combatir un grave problema que enfrenta la política hoy; es decir, su aislamiento de las y los ciudadanos.

Hay que terminar con ese aislamiento y ello es tarea, por supuesto, de los partidos y de los políticos, pero es también una necesidad del conjunto de la sociedad.

La política no es un fantasma que deba asustar a la sociedad, asusta, sí, a quienes insisten en mantener a los ciudadanos al margen de los asuntos públicos.

*Expresidente del PRD

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Salarios bajos: economía estancada y mayor pobreza

Excélsior 

De 1980 a 2014 el poder adquisitivo de los salarios ha sufrido una pérdida de 75 por ciento a nivel nacional. Este hecho se convierte en uno de los elementos principales que inciden en el pobre crecimiento de la economía del país, en el aumento de la desigualdad económica y, desde luego, en el aumento de la pobreza en México. Sin embargo, esta realidad no quiere ser reconocida por el gobierno federal ni por el gobernador del Banco de México que, aferrados a los dogmas neoliberales, insisten en mantener una estrategia de salarios bajos para preservar —dicen— la “estabilidad macroeconómica”.

Y no es que esté en contra de procurar mantener dicha “estabilidad macroeconómica” para el país, lo que no comparto es que, en torno al logro de este propósito, insistan en mantener la política del deterioro salarial.

¡Que no aumenten los salarios para, con ello, preservar la estabilidad macroeconómica! Dicen los directivos del Banco de México.

El sometimiento a este dogma por parte de quienes dirigen el rumbo de nuestra economía no sólo propicia mayor pobreza entre la población sino que, además, se convierte ya en un elemento que contribuye al estancamiento de la economía y, en el mediano plazo,  propiciará inestabilidad y profundización de la crisis económica que vive el país.

Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, ha escrito que: “La economía mexicana sigue sin crecer porque no cuenta con el fuerte impulso de la demanda interna”. Es decir: si no hay una revaloración del salario de los trabajadores no habrá crecimiento del mercado interno y, en consecuencia, no habrá crecimiento de la economía.

Esto que elementalmente debiera ser comprendido por el gobierno y por las cúpulas empresariales, no es atendido bajo el argumento de que el aumento al salario debe estar vinculado al aumento de la productividad. Sin embargo, no se es consecuente con ello, pues en México ha aumentado la productividad de manera significativa  y, aun con ello, los salarios continúan deteriorándose.

De un documento del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, elaborado para argumentar la propuesta de Obama con el fin de aumentar los salarios en ese país, se desprende que, de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que tiene los salarios más bajos, aunque sea el país de América Latina que más ha aumentado sus índices de productividad.

En realidad tal argumento es una engañifa y, en los hechos, se continúa utilizando el bajo salario de los trabajadores mexicanos como herramienta para atraer inversión extranjera, como instrumento para aumentar la competitividad del país en los mercados internacionales.

Cierto que hay inversión extranjera especialmente para la exportación manufacturera, pero si ésta continúa sosteniéndose en salarios bajos para los trabajadores, ello no contribuirá, como sucede, a dinamizar nuestra economía para lograr un crecimiento mayor y sostenible.

La desigualdad que propicia la política de contención salarial es, desde luego, un tema de injusticia social que debiera atenderse de inmediato, pero no es sólo un asunto de injusticia de por sí muy grave, es, además, un tema de políticas económicas eficaces. La misma OCDE en su informe que lleva por título “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?”, señala a México como uno de los países con la mayor desigualdad y advierte que “si no se trabaja para resolver la desigualdad, los gobiernos afectan el tejido social de sus países y perjudican con ello el crecimiento económico a largo plazo”.

Por ello es que, como afirma Miguel Alonso Raya, “sin una política que mejore los salarios reales, sin una política industrial y agrícola consistentes y sin un gasto público importante en la inversión productiva, la economía del país seguirá estancada y en riesgo permanente de crisis”.

*Expresidente del PRD

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