La crisis que vivimos en nuestro país es de Estado, es decir, de carácter estructural; de agotamiento del tipo de régimen político y de consumación del modelo económico, y superarla implicaría respuestas de la misma naturaleza, esto es, de contenido estructural.
Hace unos días conversaba con un amigo y, desde luego, el tema no podría ser otro que el de la grave situación que vive México. Mi interlocutor reiteraba, una y otra vez, que el país se encuentra en una crisis de tal magnitud (ante la cual nadie tenía una respuesta) que aseguraba el derrumbe es inminente. El sentimiento de mi amigo (un ciudadano alejado de la política, como la gran mayoría) refleja el sentir de gran parte de las y los mexicanos. Y no es que tal sentimiento de frustración sea un fenómeno nuevo entre el conjunto de la sociedad; por el contrario: es añejo, pero ahora crecido a tal grado —por los terribles crímenes en Iguala-Cocula y por presumibles actos de corrupción gubernamental— que ciertamente podríamos decir que en México se vive una situación de crisis.
Pero hay de crisis a crisis. Los gobiernos en cualquier parte del mundo las viven de manera frecuente, pero algunos cuentan con mecanismos institucionales, sobre todo en las democracias más desarrolladas, para sortearlas con relativa facilidad. En Italia, por ejemplo, las crisis de gobierno son parte de su cotidianidad y son enfrentadas mediante acuerdos entre los partidos para disolver gobiernos y construir otros emergentes. Pero, salvo excepciones, estas crisis no causan fracturas sociales tan profundas como las que ahora padecemos en México.
La crisis que vivimos en nuestro país es de Estado, es decir, de carácter estructural; de agotamiento del tipo de régimen político y de consumación del modelo económico, y superarla implicaría respuestas de la misma naturaleza, esto es, de contenido estructural.
Por ejemplo, es evidente que el problema de la corrupción es a tal grado generalizado que ha invadido casi todas las instituciones gubernamentales. También a una parte importante de las grandes empresas privadas, como lo vemos ahora en el caso de la licitación del tren México-Querétaro y de sus posibles implicaciones.
Casos como éste no podrían resolverse con medidas “ordinarias” o con aquellas de corte mediático (que no aparezca en los noticiarios o en las páginas de los diarios) y, menos aún, con “tácticas de contención” para que al transcurso de los días se olvide por la conciencia colectiva.
Si el gobierno hace esto, aparte de iluso, será responsable de la agudización de la crisis estructural del Estado Nacional.
Cierto que se necesita de decisiones estratégicas como son el cambio de régimen político, del sistema de justicia y de un nuevo modelo económico. Pero transformaciones de esta naturaleza, aparte de enunciarlas, se requiere de implementarlas. Por ello, la pregunta más importante es cómo hacer esto.
¿Con la fórmula de López Obrador de entre más peor mejor?
¿Con la de los “revolucionarios” que se preparan para “la toma del palacio de invierno?”
¿Con la del gobierno, de anunciar cambios para que todo siga igual?
Ninguna de éstas sirve, salvo para proteger intereses propios y para agudizar la problemática del país.
La que serviría, pienso, es la vía que el PRD definió en 1994-1995, es decir, la vía pacífica, democrática, la de las reformas profundas para la transición; que hagan de Iguala el punto de inflexión entre el México del antiguo régimen y el México del siglo XXI, el del Estado democrático, social y de derecho.
*Expresidente del PRD
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