Réplica / Responde Jesús Ortega a Roberto Zamarripa del Diario Reforma

Reforma

Sr. Director:

Solicito publicar este escrito como réplica al artículo de Roberto Zamarripa del lunes 27 de octubre.

1.- Zamarripa: "La inserción económica del narco es la derrota del Estado y de sus Políticas Públicas".

Réplica: Coincido, pero si el Estado está siendo derrotado, entonces tiene que asumir que es el conjunto de sus instituciones, todas, las de la administración federal, estatal y municipal; los partidos, los Poderes de la Unión, los organismos autónomos, etc.

Sin embargo, desde su parcialidad "políticamente correcta", Zamarripa no menciona una sola vez quién es el Jefe de Estado y menos precisa que de éste es la responsabilidad constitucional de perseguir los delitos del orden federal, como lo es el narcotráfico.

2.- Zamarripa: "El narcotráfico es la expresión más salvaje del capitalismo".

Réplica: Aceptemos esta generalidad, pero Zamarripa se comporta como aquellos antiguos políticos de izquierda que, desde la comodidad de culpar al capitalismo de todos los males, eludían señalar a responsables directos de delitos. En el caso de Iguala, los narcotraficantes, dentro y fuera de la administración publica, tienen nombre y deben ser castigados por los crímenes cometidos.

3.- Zamarripa: "El PRD arguye que el Estado y los partidos, todos, están en crisis por la infiltración criminal".

Réplica: Apoyándome en su argumentación. Desde luego, el Estado está en crisis, incluidos los partidos. Pero no sólo el Estado se encuentra infiltrado por el narco, también lo están -no puede ignorarlo el periodista- grandes empresarios del comercio, los medios de comunicación, la industria, la banca; algunas iglesias y grupos o individuos de la llamada sociedad civil. Es, el narco, como dice Zamarripa, un negocio y hay, no pocos capitalistas privados, asociados con él desde hace años.

4.- Zamarripa: "Quién iba a decirlo, el partido heredero de esa memoria de lucha contra la represión y defensa de la vida tiene en sus filas a los responsables intelectuales y políticos de la masacre en Iguala".

Réplica: En el PRD cometimos un error: postular a presidente municipal de Iguala, a uno de los presuntos asesinos, recomendado por Lázaro Mazón, a su vez, precandidato de López Obrador a gobernador de la entidad. Lamentable y costoso error. Pero Zamarripa, erigido en juez de la causa, señala que él sabe quiénes son "los responsables intelectuales y políticos" de la masacre. Como ya lo sabe, entonces debe dejar, por unas horas la redacción de Reforma e ir al Ministerio Público federal, ante Murillo Karam a denunciarlos.

Si no lo hace, entonces se vuelve cómplice del crimen o vulgar calumniador. Le exijo poner la denuncia para que en lugar de desatar su "furia de converso", contribuya a esclarecer el crimen y castigar a los responsables. Ésa es su obligación como ciudadano y más como periodista.

Jesús Ortega Martínez.

¡Hay algo podrido en México!

Excélsior

Nuestro país huele a sangre y este hedor se hace ya insoportable para la mayoría de las personas, aunque no para todas...

Shakespeare ponía en voz de Hamlet la siguiente expresión: “There is something rotten in Denmark” —“Hay algo podrido en Dinamarca”—.

A esta célebre expresión del dramaturgo inglés, al paso de los años se le han dado diversas traducciones, pero casi todas tienen la misma connotación: Algo apesta en Dinamarca, para referirse a que las cosas están muy mal, apestan, hieden.

Ante la situación que actualmente se vive en México bien podríamos decir: “There is something rotten in Mexico”, pues nuestro país huele a sangre y este hedor se hace ya insoportable para la mayoría de las personas, aunque lamentablemente no para todas.

Para algunos —los menos—, aun sintiendo el terrible olor de la sangre, prefieren ignorarlo; les barrena el interior de sus narices y sin embargo buscan —¿pueden?— fingir indiferencia. Oler la sangre que se coagula en la tierra de las fosas clandestinas o el de aquella que corre por las calles de las ciudades, les interrumpe en su confort hasta que... no sea la suya, la propia, la que despida el penetrante olor.

Otros huelen la sangre pero extrañamente no les huele a sangre, les huele a tinta y en realidad no les desagrada —o  en todo caso la soportan—, pues les sirve para escribir la nota que por la noche leerán desde el teleprompter en su noticiero. Esta es su rutina diaria, salvo que “de arriba o desde más arriba” les ordenen cambiar el color de la nota. Así sucedió, por ejemplo, con el caso de Tlatlaya o en Ecatepec —¿alguien sabe qué ha sucedido con los fusilados de la bodega o con el feminicidio oculto en la “modalidad” de fosa acuática?—.

Pero también existen los que oliendo la sangre se excitan como murciélagos y la buscan para nutrirse política y electoralmente. Son los que comparten la teoría de “cuanto más peor, mejor” y AMLO es uno de sus entusiastas seguidores. Esto es: entre más ingobernabilidad, entre mayor inseguridad, entre mayor encono social, entre más violencia, entre más incapacidad del Estado para contenerla, entre mayor debilidad de las instituciones para aplicar la ley, entonces… mejor para ellos, pues suponen —desde esta delirante concepción— que empeorando más y más la situación del país se crearán las condiciones políticas y sociales más adecuadas para que ellos “aparezcan” —literalmente— como los “salvadores de la patria”.

Esta teoría política que alguna vez fue entendida entre la izquierda como “eficaz estrategia revolucionaria”, resulta, especialmente ahora, francamente deleznable, perversa, miserable, pues para obtener rédito político se utiliza el sufrimiento de las víctimas, la indignación de la sociedad por lo sucedido en Iguala y el rencor social acumulado durante años. Esta “estrategia” de muchos políticos y de no pocos grandes empresarios, de prevalecer intereses particulares por sobre los del país y los de la gente, responde en parte, a la pregunta acerca de ¿qué es lo que se está pudriendo en México?

Esto es cierto, pero no es toda la verdad. La otra parte y más importante aún, es que el viejo Estado mexicano, ése en donde la ley se acata pero no se cumple, en donde la ley se escribe pero no se aplica, el de los poderes fácticos sobre los constitucionales, el de la opacidad en lo público, el de la corrupción como sinónimo de negocio, el de la impunidad que alienta la violencia, ese Estado tiene tiempo pudriéndose, está y huele mal,  hiede, pero nos resistimos a cambiarlo.

PD: Sé que el PRD cometió un grave error al postular a Abarca como candidato y de ello estamos acusando severos daños. Ni modo, los errores y más en la política, se pagan caros y, sobre todo, se cobran implacablemente.

        *Expresidente del PRD

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La “salida política” o el Estado de derecho: he ahí el dilema

Excélsior

En la plenitud del régimen priista, el de “la dictadura perfecta” como la identificó magistralmente Mario Vargas Llosa, “la ingobernabilidad” en una entidad era entendida como expresión de inestabilidad política para el régimen y que ponía en riesgo su hegemonía autoritaria, siempre al margen de la Constitución y las leyes.

En el sistema autoritario la llamada “ingobernabilidad” se “resolvía” con una decisión del solitario del Palacio, es decir, del Presidente de la República, la misma que trasmitía al secretario de Gobernación para que éste a su vez ordenara al Senado la destitución de manera implacable, de un gobernador y ello, mediante la manida fórmula de “la desaparición de poderes”.

El secretario de Gobernación, para ejecutar la instrucción de “desaparecer poderes”, tenía que crear en el conjunto de la sociedad la percepción de “ingobernabilidad” y para ello contaba con un instrumento cuasi indispensable, esto es: con los medios de comunicación que, prestos —eran soldados del PRI, con raras excepciones—, difundían los boletines redactados en alguna oficina de Bucareli.

Desde luego que quien sabía cuándo había “ingobernabilidad” en una entidad federativa o en un municipio o en un sindicato —obrero o patronal—, en una organización social, en una universidad o en cualquier entidad, en cualquier parte del país, era sólo y exclusivamente el Presidente —no se olvide que éste era omnisciente, omnipresente y omnipotente—.

Por cierto, aunque la Constitución le da al Senado la facultad de declarar acerca de si se encuentran desaparecidos los poderes en una entidad, contrariando a la Carta Magna el Presidente de la República y el Senado no declaraban la posible inexistencia de los poderes, sino que éstos, sin investigación o indagación alguna, los desaparecían.

Así era en el sistema autoritario priista y, aunque parecía que eso ya no existía en nuestro país, algunos nostálgicos de ese presidencialismo omnímodo, algunos nostálgicos de las “salidas políticas”, pretenden restaurarlo, ya sea con “ciertas modalidades”, pero con la misma esencia autoritaria.

En el caso de Guerrero y como consecuencia de los trágicos hechos en Iguala, no pocos medios de comunicación, algunos dirigentes del PRI y del PAN regresan al pasado para “cortar cabezas” —en este caso la expresión es “política” y no literal, aunque el propósito sea el mismo: eliminar a enemigos o contrincantes— para con ello satisfacer sus objetivos que pueden situarse en una amplia gama, y que van desde la búsqueda de ganancia electoral, de venganza política, de acrecentar rencores sociales, de desprenderse de responsabilidades propias y algunos, con sentimientos religiosos, de expiar culpas.

Este comportamiento, aparte de los grados de miseria que conlleva, es claramente inútil para resolver el problema de la violencia generalizada en el país, completamente estéril para terminar con la inseguridad pública; es rotundamente vano para terminar con el narcotráfico y es evidentemente ineficaz para castigar a los responsables de las muertes y de las desapariciones en Iguala.

En sentido diametralmente diferente lo que debería hacerse es, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, aplicar el Estado de derecho.

Si de las investigaciones se desprende que Ángel Aguirre es responsable directo, corresponsable por omisión o por acción, entonces debe aplicarse la ley y sujetarlo a las sanciones penales o administrativas correspondientes. Si lo son funcionarios de la administración local, si lo es el presidente municipal, si lo son mandos militares en la región, si lo son autoridades de la PGR, incluyendo una posible omisión de Jesús Murillo Karam; si lo son, como es evidente, las bandas de narcotraficantes y sus sicarios, entonces reitero, para avanzar hacia tener un Estado de derecho debe aplicarse la ley y no “la salida política” con el espectáculo incluido de “cortarle la cabeza a alguien, al que sea, para que, finalmente, todo siga igual”.

¿Cuántos altos funcionarios “renunciaron” por lo de Acteal y Aguas Blancas y cuántos de éstos fueron procesados?

Esta fue característica del régimen priista y sería ahora la “fuga perfecta” para que el Estado mexicano continúe en su deterioro y los poderes fácticos —los de la delincuencia organizada y otros— sigan imponiendo a la sociedad la violencia, el crimen y el terror.

*Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

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