¿Cuándo es jefe del Estado el Presidente?

Excélsior

En Tlatlaya, presumiblemente un grupo de elementos del Ejército mexicano ejecutó a 22 personas, mismas que supuestamente pertenecían a una banda de delincuentes que operaba en esa región del sur del Estado de México. Ante ese terrible acontecimiento tanto Eruviel Ávila como la Procuraduría estatal, las autoridades federales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se apresuraron, irresponsablemente, a concluir que tales muertes habían sido resultado de un enfrentamiento. Ahora, y como repercusión de un reportaje de la agencia Associated Press, se está evidenciando que muy posiblemente se trató, literalmente, de un fusilamiento.

En Iguala, en el estado de Guerrero, un grupo de estudiantes normalistas por un lado y un equipo de futbol juvenil por otro —ambos que transitaban en vehículos diferentes— fueron sujetos de un atroz ataque con armas de fuego por parte de policías municipales y —se  presume— de un grupo de civiles armados vinculados a la delincuencia organizada.

En Reynosa, Tamaulipas, murieron otras personas como resultado de un tiroteo. En Jalisco es secuestrado y posteriormente asesinado el diputado federal Gabriel Gómez Michel, y lo mismo sucedió en Guerrero con un dirigente del PAN.

Aunque estos acontecimientos son alarmantes,  no son por desgracia los únicos y menos son “incidentes circunstanciales o aislados”. ¡No! Son en realidad consecuencia de la existencia de una severa crisis del Estado mexicano que le impide cumplir con una de sus principales responsabilidades, es decir: garantizar a las personas la seguridad en su vida y su patrimonio.

Como se sabe, todas las teorías acerca de la formación de los Estados nacionales establecen que la principal razón de su Constitución es la de  procurar y garantizar —en el conjunto de un territorio determinado— la seguridad de las personas y, por lo tanto, cuando un Estado no cumple con esa obligación, evidentemente está dejando de serlo y se encuentra, como es el caso del Estado mexicano, en una condición de deterioro creciente que puede llegar al caso extremo de su inexistencia.

En los trágicos eventos mencionados en este escrito y con muchos otros casos a lo largo y ancho del territorio mexicano, es notoria la incapacidad de diversas instancias e instituciones (policías, gobiernos municipales y estatales, procuradurías de justicia estatales y federales, poderes judiciales y legislativos, ejército, etcétera) para hacer cumplir la razón fundacional del Estado, pero sin duda y aun tomando en cuenta nuestro sistema federalista, la principal responsabilidad de esa incapacidad recae en el llamado “jefe del Estado nacional”, es decir, en el Presidente de la República.

El Presidente de la República, según la Constitución,  es el único encargado de la administración pública federal y los actos de sus secretarios u órganos dependientes del Ejecutivo, según Tena Ramírez: “Son en derecho actos del Presidente”.

Esto es importante reafirmarlo porque en el régimen presidencialista que se practica en México, el Presidente es el representante del Estado y es, al mismo tiempo, el encargado del gobierno y, en consecuencia, de él depende principalmente hacer cumplir la obligación del Estado mexicano para garantizar seguridad en la vida y patrimonio de las y los mexicanos.

No excluyo la parte de responsabilidad que tienen el Poder Judicial o el Congreso de la Unión o los gobernadores o presidentes municipales, pero aun tomando en cuenta ello, el Presidente de la República representa al Estado mexicano, no sólo para las ceremonias protocolarias o ante gobiernos de otras naciones, representa al Estado, además, para hacer valer con sus amplias facultades los derechos y garantías constitucionales de l@s mexican@s, todas, pero principalmente la garantía a vivir con seguridad y dignidad.

En Tlatlaya, Iguala, Acapulco, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, etcétera, etcétera, debe ubicarse la parte de responsabilidad de las autoridades locales y estatales, la de los policías y jueces, la de los militares, pero no se puede omitir la responsabilidad, la mayor de todas, la del Presidente de la República, la del “jefe del Estado mexicano”.

                *Expresidente del PRD

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La violencia y el tráfico de armas

Excélsior
Hay un tráfico ilegal de armas hacia nuestro país que es constante y que va en aumento, pero también existe uno que es oficial y que contó y cuenta con el beneplácito de las autoridades de Estados Unidos...

A pesar de lo que reiteran los funcionarios del gobierno federal la violencia en México persiste, como continúa el número de personas asesinadas por armas de fuego. Tan sólo hay que recordar el terrible acontecimiento sucedido recientemente en el municipio de Tlatlaya, ubicado en el sur del Estado de México y en donde murieron por armas de fuego 22 personas.

Según información oficial, la muerte de estas personas fue resultado del enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y bandas delincuenciales que operan en esta región. Sin embargo, otras informaciones dan cuenta de un presunto fusilamiento. Desde luego que esto deberá investigarse por las autoridades correspondientes, pero en el fondo de éste y otros eventos en donde se hace presente la violencia extrema, se encuentran dos elementos que deben abordar con seriedad y objetividad el gobierno y el conjunto de la sociedad mexicana.

Me refiero en primer término a la revisión del prohibicionismo como la estrategia única de combate al narcotráfico. Es evidente que esta política impuesta por el gobierno norteamericano a nuestro país ha resultado un fracaso en cuanto a reducir el consumo de drogas ilícitas tanto en México como en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también ha ocasionado el aumento de la violencia y los delitos relacionados con este redituable negocio.

El negocio de la producción, tráfico y venta de las drogas ilícitas es tan enorme e involucra a tantas personas e instituciones —incluyendo funcionarios gubernamentales de México y EU, a fuerzas policiacas, a bancos, etcétera— que es iluso pretender terminar con éste a partir de liquidar o encarcelar a los jefes del negocio. Es iluso porque cuando se liquida a uno de estos, de inmediato surge el nuevo capo que toma el mando de la “empresa”.

Pero esta estrategia prohibicionista se agrava cuando se presenta la terrible paradoja de que siendo el gobierno de Estados Unidos el que nos haya impuesto una “guerra contra el narcotráfico”, sean precisamente ellos —los norteamericanos— los que provean de armas a los narcotraficantes mexicanos.

Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF) y otros de la PGR y la Sedena, 71% de las armas aseguradas en nuestro país provienen de Estados Unidos, pero hay un dato más revelador que da cuenta de la estupidez de continuar con esa estrategia de violencia y muerte: Según la Government Accountability Office del gobierno estadunidense, 90% de las armas utilizadas en México provienen de dicho país (artículo: “Tráfico ‘oficial’ e ilícito de armas a México”, Revista: El punto sobre la i, número 14; G. Aguilar Zínser, J. Schutte, F. Gómez Mont, J. M. Castillo Hernández).

Hay un tráfico ilegal de armas hacia nuestro país que es constante y que va en aumento, pero también existe uno que es oficial y que contó y cuenta con el beneplácito de las autoridades de Estados Unidos y presumiblemente de las mexicanas. Me refiero a la operación Rápido y Furioso que inició en 2009 y que consistió en facilitar —por parte de autoridades estadunidenses— la introducción de más de dos mil armas de fuego, en su gran mayoría fusiles de alto calibre —algunas informaciones hablan de veinte mil— con el “propósito de darles seguimiento y ubicar a los destinatarios”.

Rápido y Furioso fue una operación oficial aunque clandestina, y que dejó de serlo cuando se evidenció que con una de estas armas fue asesinado un oficial fronterizo estadunidense. Es bueno preguntar: Aparte del oficial fronterizo ¿cuántos jóvenes, cuántas personas de origen mexicano fueron asesinadas con las armas introducidas oficialmente por la ATF?

Ello posiblemente no se conocerá porque el gobierno de Obama hace todo lo necesario para “enterrar a Rápido y Furioso” y porque las autoridades mexicanas hacen, de igual manera, todo lo necesario para que este hecho tan grave pase al olvido.

                *Expresidente del PRD

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Política Teletón

Los poderes fácticos han sido identificados por el Pacto por México y por múltiples estudiosos de las teorías del Estado, como determinados actores económicos, políticos o delincuenciales que actúan al margen o incluso en contra del Estado nacional y de sus instituciones. 

Michael Coppedge afirma que hay “actores estratégicos en la sociedad política, que son aquellos que tienen suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico o, en general, afectar la marcha de la sociedad, ya sea porque poseen determinantes bienes de producción, 

o mueven organizaciones de masas, o tienen influencia sobre la maquinaria administrativa del Estado, o manejan las armas, o poseen la capacidad de diseminar con fuerza ideas e informaciones sobre la sociedad”. 

Ejemplos de poderes fáctico, son por ejemplo, los monopolios económicos o las mafias delincuenciales existentes en México, ambas, que crecen y se desarrollan, que obtienen extraordinarios ingresos, que se convierten en entes de un enorme poder de control sobre la economía y la política del país, y todo ello hacen a pesar de que se encuentran prohibidos por la Constitución General de la República y por ello mismo prohibidos por el Estado nacional. 

Estos poderes, obviamente, minan la autoridad y la fuerza del Estado, lo debilitan en ocasiones a niveles extremos hasta poner en riesgo su propia existencia. Hay muchos ejemplos de naciones que cuentan con un Estado formal, pero éste, en la realidad, no ejerce prácticamente facultades y se encuentra sin posibilidad alguna de regulación de la vida social y sin capacidad de aplicación de las leyes. 

¿Cómo se termina con la existencia de los poderes fácticos? No hay muchas alternativas, sin embargo, algunos piensan que un camino, que una estrategia viable consistiría en pedirles que, por voluntad propia, dejen de ser monopolios y dejen de ser poderes fácticos. Este es el caso de AMLO que en días pasados pidió a Emilio Azcárraga (dueño del monopolio de la información y del negocio 

del fútbol profesional) que deje de ser uno de estos poderes fácticos.

Según información difundida por el portal Sin Embargo, el dirigente de Morena pidió a Azcárraga que ayude a los ciudadanos del municipio de Chichihualco en la producción y venta de balones de fútbol. “Ojala pueda hacer algo” le suplica AMLO a Azcárraga. 

Con esa estrategia antimonopólica de AMLO ¿por qué no pedirle a Azcárraga —aprovechando la ocasión— que suelte el control político y económico que tiene sobre el negocio de la información y sobre la industria altamente redituable del fútbol profesional? ¿Por qué no pedirle a Azcárraga que deje de ser de la “mafia del poder” y a la cual el propio AMLO ha fustigado de manera permanente? 

Pero supongamos que a partir de la petición de AMLO, Azcárraga se invade de un ánimo filantrópico o que “se le ablanda el corazón”, o que con algún sentido político accede a la petición de AMLO y “apoya” a los productores de balones de fútbol de Chichihualco. ¿Cambia en algo su condición de jefe de un monopolio?

¡En nada absolutamente! Pero ello sólo contribuiría a la realización de un acto misericordioso de AMLO y a una reacción políticamente redituable para el dueño de Televisa. 

En la realidad de la vida política los principios de moral religiosa, como el de la misericordia o el “amor al prójimo” no son, en modo alguno, respuestas a la terrible desigualdad social y económica que se vive en el país. 

Las soluciones son de carácter diametralmente diferentes y se construyen cuando las fuerzas políticas principales que se asumen como parte del Estado logran acuerdos de carácter estratégico para —recurriendo incluso a la fuerza legítima del propio Estado— se imponen a dichos poderes fácticos para que estos sean sometidos a las leyes y a la obligada sujeción a las instituciones estatales.

Para disminuir la pobreza, para avanzar hacia la igualdad, para impulsar el empleo, para lograr bienestar general, se requiere, más que de misericordia, de justicia; más que de llamados a la filantropía de los poderosos, de un Estado fuerte que sea capaz de cumplir con la Constitución y con la aplicación de las leyes; más que de peticiones cándidas a los monopolios, se necesita de someterlos a la fuerza legal del Estado.

Ciertamente hay que transformar al Estado para fortalecerlo y eso requiere de una fuerza social y ciudadana apoyada en un programa político, no en una prédica a la generosidad de los poderosos. 

*Expresidente del PRD

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