Los dogmáticos del gobierno

Excélsior

En nuestra Constitución Política nunca se habla de que el Ejecutivo federal deba legitimar mediante una “promulgación” los actos del Poder Legislativo. La Constitución no le da esa facultad al Presidente para que éstos tengan validez. Para esto último, bastaría que fuesen publicados en el Diario Oficial de la Federación o, en caso contrario, debiera utilizar su capacidad de veto. 

Pero al margen de este procedimiento de reafirmación del presidencialismo, el hecho tangible es que se culmina un proceso de reformas constitucionales y legales que, en materia energética, lesionan no sólo la soberanía de la nación sobre nuestros recursos naturales sino que, además, afectarán gravemente la economía del país y, desde luego, impactarán negativamente en la vida diaria del conjunto de las y los mexicanos.

Esta opinión no se sustenta en planteamientos ideologizados que pretenden darle continuidad al anacrónico precepto de que el Estado debe ser el único ente que pueda involucrarse o decidir sobre la economía o sobre el conjunto de la vida de las sociedades. El estatismo, que durante muchos años fue contenido programático (y dogmático) de la izquierda,  ha sido superado por la realidad y a principios del siglo XXI no hay izquierda en ningún país del mundo que lo siga compartiendo.

En China, por ejemplo, el gobierno es conducido casi de manera absoluta por el Partido Comunista y éste, como en ninguna otra nación, ha impulsado el desarrollo capitalista y la economía de mercado, involucrando de manera decisiva —no  podría ser de otra manera— a los particulares nacionales y extranjeros. 

“No importa —decía Deng Xiaoping— de qué color sea el gato, lo que importa es que sepa cazar ratones”. Esta visión pragmática de los dirigentes del PCCH no es necesariamente lesiva, entre otras cosas porque han dejado atrás aquellas visiones  ideologizadas y totalitarias sobre el papel del Estado en la economía.

En el otro lado, el presidente de Estados Unidos —el país liberal por antonomasia— está proponiendo que desde una decisión del gobierno se pueda materializar un aumento generalizado a los salarios de los trabajadores en ese país. Obama considera que esta medida del gobierno —igualmente pragmática— es indispensable para reactivar su deteriorada economía.

El problema con los gobernantes en México es que, siendo “más papistas que el Papa”, insisten en darle continuidad a lo que en otros países ha sido superado, es decir, la llamada  “revolución neoliberal” que comenzó en los años 80 del siglo pasado y que desde hace décadas —igual que con el estatismo— ha evidenciado su inviabilidad económica y su fracaso político.

Son ellos, por lo tanto —no la izquierda— los dogmáticos, y bajo esa condición tratan el asunto de la Reforma Energética como un asunto de ideología. Se trata, entonces, desde la perspectiva de la “doctrina neoliberal”, debilitar al Estado,  reducirlo, minimizarlo en el sector de la economía más importante y estratégico para el país.

Pero ¿por qué aplicar esta visión a rajatabla en el sector energético y no en otras actividades?

Considero que esto es así porque, tomando en cuenta el PIB, la parte importante de la economía nacional continúa “petrolizada” y, por lo tanto, la privatización o el mayor debilitamiento de las empresas del Estado involucradas en el sector energético son para los dogmáticos del gobierno mexicano, parte obligada en la aplicación del liberalismo extremista.

Con objetividad, desde posiciones de una izquierda contemporánea, nadie pensaría en que no debieran participar, en ninguna circunstancia, los particulares en la industria energética; en realidad ya lo están haciendo y de manera importante. A lo que nos oponemos es a que los particulares nacionales o extranjeros controlen —en lugar del Estado— esta actividad estratégica para el país y eso fue precisamente lo que el gobierno está logrando con las reformas en materia energética.

El PRI y el PAN tienen mayoría en las Cámaras del Congreso, pero según la Constitución, la opinión de esta mayoría legislativa debiera ser ratificada o rectificada por la ciudadanía en una consulta popular. Así debe ser porque, según el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el asunto de la energía para el país es obviamente un tema de trascendencia nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debiera reafirmar este derecho político fundamental de las y los ciudadanos.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

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¡Es la política!

Excélsior

“¡Es la economía, estúpido!” Con esta célebre frase, Bill Clinton refutó contundentemente la gestión en la Casa Blanca de George Bush padre y la evidenció como claramente ineficaz para atender y resolver los grandes problemas por los que pasaba en 1992 (y sigue pasando en 2014) el poderoso país del norte. La frase llamaba la atención para que en lugar de una administración para la guerra, el gobierno volteara la vista hacia la solución de los problemas cotidianos de los estadunidenses, tales como el desempleo, la creciente pobreza, inseguridad, violencia, etcétera. La expresión de Clinton parecía contundente y certera, pero apenas pasaron algunos años para que el mundo se diera cuenta de que no era así. En 2008 se presentó la gran crisis económica tan sólo equiparable a la de los años 30 del siglo pasado.

¡La solución no era sólo la economía; era y sigue siendo, principalmente, la política!

La polémica sobre este asunto con toda seguridad continuará, pero para el caso de México me parece que la frase de Clinton tendríamos que adecuarla, para decir que el problema central del actual gobierno en México es la política.

Estoy cierto de que durante más de 35 años los respectivos gobiernos del PRI y del PAN han aplicado un modelo económico que ha devenido en un tremendo fracaso. Los datos y los números son inobjetables y deberían ser suficientes para que, con sentido común y con un elemental pragmatismo, el gobierno actual debería modificarlo. Sin embargo no sucede así, en razón principalmente, de que en los personajes que toman las decisiones fundamentales —en especial Peña Nieto y su secretario de Hacienda— prevalece la visión dogmática de intentar gobernar con la economía en lugar de con la política.

Nunca antes, en las últimas cuatro décadas, un gobierno había contado con tan extraordinarias herramientas de carácter económico —la mayoría surgidas del Pacto por México— para lograr superar el estancamiento de la economía, el desempleo, aumentar el ingreso de los trabajadores y, con ello, atenuar y disminuir la enorme desigualdad social. Y, sin embargo, ni la Reforma Hacendaria, la Financiera, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, y la Educativa, han sido aprovechadas adecuadamente y esto sucede porque los actuales gobernantes ni son tan eficaces en la economía y tampoco lo son en la política.

Los actuales gobernantes del PRI actúan como si administraran una tienda departamental y no un país; no actúan como los principales responsables en el gobierno para concebir y aplicar las medidas y las acciones políticas que hagan de la economía una herramienta para alcanzar o avanzar hacia una sociedad en donde la igualdad de derechos y oportunidades sean una realidad.

Ante un gobierno de corte liberal como el de Peña Nieto, no es adecuado citar a Marx o incluso ni siquiera a Keynes. Cito a otro liberal, a John Rawls, que dice: “De la necesidad de los gobiernos de adoptar las medidas de carácter político para igualar a todos los individuos ante la Ley —igualdad de derechos y oportunidades— […] y adoptar un esquema de organización social cuya justicia dependa esencialmente de la manera en cómo se asignen, por un lado, los derechos y deberes fundamentales y, por el otro, las oportunidades económicas y las condiciones sociales entre los diversos sectores de la sociedad”.

Las respuestas que el país demanda no vinieron antes y no vendrán ahora desde una tecnocracia dogmática que ve a la economía como un fin en sí misma. En sentido diferente, las respuestas que demanda la sociedad mexicana podrían venir desde gobernantes que hacen política teniendo como objetivo principal hacer tangible el derecho humano y constitucional de todas las personas al bienestar y a una vida de dignidad.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

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Derecho a decidir e izquierda democrática

En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.

Excélsior

La presentación por parte del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo en esa entidad ha generado una serie de reacciones adversas de algunos sectores conservadores, tanto de las derechas como de las izquierdas.

En 2015 habrá elecciones generales en el estado de Guerrero y ya desde ahora podemos observar a líderes políticos, incluidos algunos del PRD, enarbolando sus discursos alrededor del tema de la moral y lo religioso.

Sin embargo, en el Estado democrático y social de derecho, ninguna iglesia o político (así milite en la izquierda) pueden imponer que las mujeres vayan a la cárcel por decidir interrumpir un embarazo. Esas visiones son autoritarias, ambas penalizan la pobreza, ambas violentan derechos fundamentales de las mujeres.

En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.

Para las mujeres, principalmente las adolescentes que viven en las zonas de alta marginalidad del país, el embarazo no planeado es una de las causas de la pobreza familiar.

Para superar la pobreza femenina es indispensable que los gobiernos, especialmente si son de izquierda, hagan efectivos los derechos sociales básicos como son la educación, la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal para todas y todos. Pero también es necesario hacer aplicable el derecho humano fundamental de las mujeres a decidir sobre su vida y su propio cuerpo.

Hacer realidad el derecho de las mujeres a decidir implica llevar a cabo cambios legislativos y acciones de gobierno que impidan —como debe ser en un Estado laico— la imposición de postulados religiosos o criterios morales personales sobre preceptos legales basados en la ciencia de aplicación universal.

Ante esta realidad, el Estado mexicano está obligado a preservar su condición laica, la libertad de las personas a profesar o no cualquier religión, a compartir o no cualquier pensamiento político o moral, tal y como lo establece nuestra Constitución Política. Las concepciones religiosas de las personas están referidas al ámbito de lo particular y nuestra Constitución Política nos garantiza a los particulares el derecho a profesarlas. Pero esas concepciones particulares sobre religión, filosofía, ideología política, etcétera, no pueden imponerse a todas las personas. Cuando eso sucede, el Estado laico y republicano se desvanece y es sustituido por visiones totalitarias.

La igualdad entre los géneros, el reconocimiento a las diversas identidades sexo-genéricas y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son avances que debemos exigir al Estado laico que preserve, pero también debemos defenderlos en la propia izquierda ante visiones de quienes se dicen pertenecer a este espacio del espectro político, pero que en realidad sostiene visiones oportunistas y conservadoras.

        *Expresidente del PRD

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