Reforma Política

Excélsior 

La Reforma Política que se discute actualmente en el Senado de la República contempla grandes avances en materia de derechos ciudadanos, de ahí la importancia de que sea aprobada.

Sin embargo, el tiempo para el Congreso de la Unión se agota si pretende que los cambios en materia electoral entren en vigor en 2012 y no hasta los próximos comicios federales de 2015. De ahí la importancia de convocar a lograr los consensos necesarios.

Dentro del dictamen que se encuentra a discusión en la Cámara de Senadores, se contemplan temas que la izquierda ha impulsado desde hace años, como el derecho político social para presentar candidaturas ciudadanas, es decir, que no deban ser necesariamente patrocinados por un partido político.

En esta materia, los legisladores del PRD pugnarán porque se apruebe la reforma política en este mismo periodo, pues han manifestado su rechazo a llevar a cabo una reforma constitucional innecesaria, cuando para poner en marcha este derecho ciudadano basta solamente con una modificación al Código Federal de Procedimientos Electorales.

Otro gran avance es la posibilidad de que los mexicanos puedan presentar iniciativas cuando tengan el apoyo del 0.25 por ciento de los miembros del padrón electoral nacional. Asimismo, los ciudadanos, el presidente de la República y el Congreso de la Unión podrán solicitar la aplicación de una consulta ciudadana, así como un referéndum y plebiscito cuando, en temas de interés nacional, quieran conocer la opinión de la población.

Los legisladores del PRD deberán estar atentos de que no se establezcan requisitos excesivos para solicitar cualquiera de estas herramientas de consulta popular, porque sería un engaño decirle a la gente que tiene este derecho, pero en la realidad no pudiera aplicarlo.

En materia electoral, el proyecto contempla la reelección legislativa hasta por nueve años para diputados federales y 12 para senadores, cambios que entrarían en vigor en 2015 y 2018, respectivamente.

Asimismo, en el dictamen se establece que si hubiera ausencia absoluta del presidente de la República, el secretario de Gobernación ocuparía el cargo en tanto el Congreso de la Unión se reúne, analiza la situación y nombra a un suplemente.

La izquierda debe estar parcialmente satisfecha con los avances en la Reforma Política, pues a pesar de las negociaciones y el intenso trabajo quedaron fuera asuntos también considerados de importancia.

Temas esenciales como la segunda vuelta en la elección presidencial, la ratificación del gabinete por parte del Congreso, la reducción de miembros en ambas Cámaras del Congreso, así como el incremento del porcentaje de votos necesarios para que los partidos mantengan su registro, tendrán que ser discutidos en un siguiente momento legislativo.

Esta semana los senadores se enfrentarán a una decisión que no debería ser difícil: o buscan lograr todos los acuerdos en los temas que se plantearon desde el inicio del análisis de la Reforma Política aunque les lleve mucho más tiempo, o avanzan paulatinamente con reformas importantes.

En estos momentos es necesario avanzar en los temas ya consensuados. Esto no quiere decir que los legisladores deban darse por satisfechos, pero no pueden quedarse en la posición de todo o nada. México requiere de impulsar acuerdos, si bien parciales, importantes para la vida democrática de nuestro país.

La aprobación de esta reforma política permitirá avances sociales y electorales de gran trascendencia, pero sobre todo abrirá el camino para que, paso a paso, los temas pendientes puedan discutirse y avalarse en poco tiempo.

Sexenio de violencia

Excélsior

Los recientes hechos violentos en diversas partes del país nos obligan a preguntarnos ¿hasta cuándo veremos resultados concretos de las autoridades y una disminución real del crimen? ¿Cuánto más podrá resistir el tejido social frente a esta situación que impera a lo largo y ancho de México? ¿Y por qué las autoridades encargadas de procurar justicia parecen no inmutarse ante estos acontecimientos?

Hace apenas unos días el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaró que tendrían que pasar siente años para ver una disminución en los índices de violencia, pues la experiencia internacional de estrategias aplicadas en lugares como Chicago, Nueva York y Colombia, encaminadas a terminar con el crimen organizado, así lo demuestran.

Tan mal se encuentra la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que aunada a las declaraciones de García Luna y sus “siete años” de violencia, se encuentra la decisión del Ejecutivo de cambiar, de nuevo, al titular de la Procuraduría General de la República, sin que los anteriores hayan tenido que rendir cuentas de sus nulos resultados.

Marisela Morales será la tercera persona en ocupar durante este sexenio el cargo de Procuradora General de la República, pero mientras esta institución se mantenga supeditada como parte del gabinete presidencial no tendrá forma de cumplir con sus funciones constitucionales, y así no le sirve a la sociedad.

A finales de marzo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, James Winnefeld, declaró que el crimen organizado mexicano cuenta, por ingresos disponibles, con el equivalente a una de las 10 fuerzas armadas más grandes del mundo, mientras que el director del FBI, Robert Mueller, afirmó que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, se continúa desatando una “violencia extrema”.

Mientras las acciones de la administración de Felipe Calderón han resultado inútiles, pues mantener al Ejército en las calles no ha evitado que, según cifras que publicó un periódico de circulación nacional la semana pasada, en lo que va de este sexenio se han localizado alrededor de 700 cadáveres en narcofosas en diversos estados de la República.

Este diario también señala que de diciembre de 2006 a la fecha han sido reportadas 121 narcofosas en al menos 19 estados del país, donde destacan Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas como las entidades donde más violencia se presenta.

La existencia de narcofosas y demás hechos violentos como en el que perdió la vida el hijo del poeta Javier Sicilia, obligan al gobierno federal a replantear su estrategia, pues estas situaciones son una clara muestra de que no es verdad que está “ganando la guerra” contra la delincuencia.

Somos testigos de que los programas para reincorporar a los jóvenes al sector productivo o darles oportunidades para que concluyan sus estudios son precarios. En lugar de buscarles alternativas para que no caigan en las manos del crimen organizado, el gobierno federal solamente se esmera en distribuir fuerzas federales en todo el país e instalar retenes para interrogar a posibles sospechosos. Nada más. ¿Y la inteligencia policiaca?, en ese rubro no hay avances.

Presumen ante los medios de comunicación a presuntos culpables “cabecillas de cierta organización” y se repite la escena hasta llegar a ser lugar común, pero la violencia sigue.

El gobierno no puede eludir su responsabilidad en el incremento de la violencia, y por lo mismo debe modificar su estrategia de combate al crimen organizado mediante acciones de prevención social del delito, labores de inteligencia financiera, policíaca y militar.

La sociedad está harta de la violencia y de los nulos resultados, pero al parecer en el gobierno federal hay poca sensibilidad y talento, por lo que siguen con un plan que nació muerto.

AMLO y su ideal moral

Excélsior 

El pasado 20 de marzo Andrés Manuel López Obrador presentó “Su Proyecto Alternativo de Nación”. En tal documento incluye una serie de planteamientos expuestos de manera tan general, que varios de ellos no hacen diferencia alguna entre una propuesta conservadora y otra que fuese de izquierda.

Si se escudriña se observará que en ningún momento habla de un programa de izquierda y sí pone especial atención en conceptos tales como “que no perdamos la fe”, a que se actúe con “elevados valores morales”, transformar a México buscando alcanzar “un ideal moral” y culmina con la idea de que “el propósito es contribuir a la formación de hombres buenos y felices”, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso.

¿Quién habla en el Auditorio Nacional? ¿Un dirigente político o un líder moral? ¿Un dirigente político de izquierda o un ministro religioso?

Especialmente, esta parte es la que requiere un riguroso exá reflejan en pensamientos que lamen, porque desde discursos con este contenido moral-populista se han incubado antes regímenes totalitarios y fundamentalistas. Buscar instalar un “ideal moral” es una pretensión no sólo profundamente conservadora, sino además es reaccionaria e identificada con un pensamiento de derecha.

En las sociedades democráticas debe existir un derecho que garantice justicia e igualdad entre grupos o individuos y puede o no existir, una moral. Pero si existiera una o varias, ninguna puede ser la moral de toda la sociedad, pues ese es el camino hacia totalitarismos o teocracias. La derecha siempre trata de imponer su moral a toda la sociedad, la izquierda debe de respetar los pensamientos, reflejo de su pluralidad.

La izquierda mexicana debe impulsar una propuesta política que haga posible construir un nuevo Estado Democrático, Social y de Derecho, es decir: construir un nuevo régimen político, un nuevo modelo económico y un nuevo entramado jurídico y legal. Esto es radical, sustantiva y esencialmente contrario al plan de instrucción moral que predica AMLO.

Pero además, un Estado Democrático como el que la izquierda busca construir en México, nunca debe pretender instaurar una “visión moral”, sino en sentido contrario, debe respetar el pluralismo ideológico. Un gobierno de izquierda no decide cuál es el “ideal moral” de la sociedad. No puede imponer una conducta moral en materia de arte, ciencia, religión, política; para la educación, incluso, la izquierda impulsa que el Estado apoye la laicidad como un elemento de formación democrática y libertaria para los jóvenes y niños. Cualquier pretensión de un sólo “ideal moral” es contraria a la pluralidad democrática y a la libertad que son identidades de la izquierda.

En oposición al proyecto de AMLO de lograr “un ideal moral”, la izquierda debe asumir -y respetar- el hecho de que en las sociedades y entre los seres humanos, existen -y seguirán existiendo- varios sistemas morales diferenciados entre sí y que son propios de los diversos grupos en que se articulan las sociedades.

¿Un proyecto político para un Estado Democrático, Social y de Derecho o una predica sobre “un ideal moral”?

La diferencia debería ser diáfana, pero aún no lo es. Un discurso moral-populista puede confundir a sectores de la sociedad, como aún confunde a una parte de la izquierda.