Digamos que los preceptos fundamentales que tienen que seguir las personas que comparten una religión se sustentan en la fe, en la creencia. Estas creencias que unifican, que motivan a muchas personas en el mundo son, no sólo respetables sino que, además, son un derecho para profesar una religión y éste se encuentra en muchas constituciones y en diversos pactos internacionales.
Lo que no es un derecho, y de igual manera así se encuentra establecido en legislaciones del mundo que emanan de Estados laicos y democráticos, es que nadie, ninguna persona con autoridad civil o religiosa o sin ellas, puede imponer su creencia o religión al otro, a su coterráneo, que en su acepción más amplia, somos todos los seres humanos que compartimos el planeta llamado Tierra.
Esto que ahora nos parecería elementalmente lógico, obvio, obligado, indispensable para la convivencia civilizada, no lo ha sido así. Ya no digamos en los tiempos del oscurantismo medieval, sino en tiempos mucho más recientes. Ahora mismo en muchas partes del mundo, fanáticos religiosos como los del Estado Islámico llevan a cabo horrendos crímenes en nombre de su dios. Por su parte, Donald Trump llama, cual cruzado, al pueblo norteamericano para que lleve a cabo una guerra en contra del Islam. En México, hasta hace poco —menos de un siglo—, la Iglesia católica promovía que se levantaran en armas y en el nombre de Cristo miles y miles de mexicanos para echar abajo la Constitución, la misma que ahora nos rige a principios del siglo XXI.
En este ambiente de creciente intolerancia, algunos jerarcas de la Iglesia católica y otros líderes de organizaciones evangélicas se encuentran en franca rebelión en contra de la Constitución y —como naturalmente lo han hecho durante siglos— participan en la política para imponernos a todos sus preceptos, sus creencias, su fe, pero, sobre todo, su concepción moral y religiosa sobre la sexualidad. Esto último es, en realidad, por lo que combaten los matrimonios igualitarios. Es por ello que en el periódico de la arquidiócesis, Desde la Fe, “lo natural” en el matrimonio es sólo la unión de un hombre y una mujer para la reproducción de la especie. Para esto existe una argumentación teológica que se sustenta en que la sexualidad es el origen del pecado y, por lo tanto, es la mayor afrenta a lo que ellos mismos han construido como la ley de Dios. El ataque a esa ley es, por lo tanto, un ataque a la esencia misma de su Iglesia y de los intereses que defiende.
Pero la argumentación grotesca es la que dio apenas hace algunas semanas el cardenal y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda: ¡Un tornillo —dice— necesita de una tuerca y no de otro tornillo! ¡Aleluya!, pues han encontrado la argumentación que más necesitaban algunos priistas, panistas y morenistas; han encontrado, a la moral de ferretería, a la del tornillo que sólo puede entrar en una tuerca. Cualquier otra acepción o connotación sobre el matrimonio les será antinatura, aberrante, perversa.
Pero Desde la Fe también miente, pues en su argumentación, la del pasado domingo, dicen que el Tribunal de Estrasburgo, el mismo que surge de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950, decidió, apenas, “que los únicos matrimonios legítimos o válidos son los realizados entre heterosexuales y, por lo tanto, que los matrimonios entre personas del mismo sexo no son un derecho”.
¡Se van a ir al infierno por mentirosos!
Lo que resolvió dicho Tribunal dista mucho de lo que afirma Desde la Fe, pues dicho Tribunal resolvió —ante la queja interpuesta por dos personas de nacionalidad austriaca que, sostienen, fueron discriminados— que los Estados que son parte de la Comunidad Europea tienen para sí la facultad para decidir, desde el punto de vista legislativo, si los matrimonios son sólo entre heterosexuales o comprenden también a homosexuales y lesbianas; los jueces de este Tribunal resolvieron que no tienen facultades para decidir sobre las leyes soberanas de los Estados que pertenecen a la Comunidad Europea. Tan es así que en España y Francia los matrimonios entre personas del mismo sexo son un derecho ya establecido en sus propias legislaciones y por sus propios tribunales, pero en Polonia o en Hungría aún no lo son y los cuatro países son parte de la UE.
Son respetables la fe y las creencias de quienes practican una religión. Es necesario que las leyes garanticen a las personas su derecho a profesar una religión, cualesquiera que sea o para no profesar ninguna, pero la ley civil, como sucede en todo Estado laico, no puede ser sustituida por ninguna creencia religiosa.
