¿La fuerza del Estado o la fuerza de la delincuencia?

Excélsior

El principal objetivo de cualquier estrategia gubernamental de seguridad pública debiera concentrarse en garantizar el que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, entre ellas, la de vivir en paz, con libertad y con seguridad para sus vidas y patrimonio.

Para ser consecuentes con lo anterior, los gobiernos federal, estatal y municipal se encuentran obligados a asumir y poner en práctica políticas comunes que los entrelacen, los hagan coincidir en las acciones y les permitan contar con la eficacia en el combate a la delincuencia. Hasta hoy eso no ha sucedido y lo que tenemos es un conjunto de Fuerzas Armadas del Estado, las mismas que actúan de manera dispersa, con grandes diferencias en los objetivos que persiguen y que sólo están evidenciando una terrible ineficacia en su funcionamiento.

En México existen decenas y decenas de cuerpos policiacos que, dispersos, diluyen su fuerza y desperdician sus capacidades, pero más grave aún: muchos de estos cuerpos han sido ya cooptados por la delincuencia organizada. Son, en los hechos, instrumentos para posibilitar la transgresión a las leyes y la impunidad. 

Así, en el marco de este caos de violencia e impunidad que se vive en el país, los gobiernos de cualquier nivel han estado perdiendo la capacidad de constituirse, de manera plena, en garantes del ejercicio de derechos y con ello se alejan cada vez más de la condición de legitimidad y constitucionalidad para ejercer la fuerza.

¿Cómo podrían tener legitimidad para ejercer la fuerza del Estado, si cuando actúan es para servir a la delincuencia organizada y no a la población? Esto es lo que sucede con muchos gobiernos municipales, con gobiernos estatales y con no pocas instancias del gobierno federal.

¿Cómo podrían fungir como representantes de un Estado democrático si la fuerza con la que cuentan está siendo utilizada para proteger, no los derechos de la ciudadanía, sino los intereses de la delincuencia? Y, lamentablemente, esto es lo que sucede con muchos mandos militares y policiacos de entidades federativas, y lo que acontece en muchos municipios del país, en donde los jefes de la policía o son amenazados o son comprados por la delincuencia.

Desde luego que todos sabemos que en las policías del orden federal existen socios y cómplices del narcotráfico y que lo mismo sucede en las policías estatales, pero igualmente debemos reconocer que son los municipios la parte más frágil y, por ello, la más susceptible de ser cooptada.

¿Cómo se puede atender esta problemática? Una respuesta equivocada es la que parte de los ortodoxos del federalismo que se rasgan las vestiduras cuando se ha planteado el que los ayuntamientos dejen de tener la responsabilidad de la seguridad pública. A estos defensores de la ortodoxia preguntémosle lo siguiente: ¿Con qué fuerza, con cuántos efectivos, con qué armas, un ayuntamiento, cualquiera que éste sea, podrá hacer frente al poder económico y a la enorme capacidad de fuego que tienen los jefes de la delincuencia organizada? Obviamente, estos ortodoxos siempre eluden alguna respuesta porque eluden la realidad, y la realidad nos dice y nos vuelve a decir, que nunca por sí solos los ayuntamientos tendrán la capacidad policiaca y la fuerza pública para poder vencer aquella con la que cuenta el negocio del narcotráfico.

Y esto es así porque el negocio del narcotráfico está vinculado estrechamente al negocio de las armas y, entre más grande sea uno, igual crecerá el otro. De esta manera resulta una ilusión y un engaño pretender que la violencia y la inseguridad podrá ser resuelta desde los gobiernos municipales y desde los policías que dependen de éstos.

La violencia y la inseguridad que vive nuestro país requiere una estrategia de dos brazos. El primero y más importante tiene que ver con la aplicación de una política de desarrollo económico y de combate a la desigualdad que posibilite ejercicio de derechos sociales y de libertades para todas y todos los mexicanos. El segundo tiene que entenderse desde la perspectiva de  contar con cuerpos policiacos eficaces con la fuerza y la capacidad para enfrentar con suficiencia a la delincuencia organizada. Los empleos dignos y bien remunerados, educación, oportunidades para el desarrollo, espacios culturales y deporte son lo principal y de eso ni duda cabe, pero también se necesita de una fuerza policiaca que, respetuosa de los derechos humanos, de los principios democráticos, de los derechos civiles y de la legalidad, sea capaz de superar a la fuerza ilegítima de la delincuencia.

En ese sentido, una de las alternativas viables que se pueden aplicar es la de un esquema de policías estatales con Mando Único y funciones claramente integradas en el cumplimiento de objetivos estratégicos. El llamado Mando Único debiera significar el que los estados de la Federación, al integrar a las policías de los municipios, se homologue la capacitación, investigación, el equipamiento, el análisis e inteligencia, hasta lograr una policía científica que garantice la seguridad ciudadana. Esto no tiene por que entenderse como un agravio a la autonomía municipal.

Expresidente del PRD

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Sin mitos ni ataduras ideológicas

Excélsior

Por muchos años, en la izquierda mexicana —y especialmente en los 26 años de existencia del PRD— se ha pensado que el logro de sus objetivos estratégicos de la izquierda depende, necesaria y obligadamente, de alcanzar su unidad.

Siguiendo tal línea de pensamiento, alcanzar la unidad de las izquierdas como condición ineludible para acceder al poder, nos obligaría a que continuáramos minimizando, haciendo de lado u ocultando las diferencias conceptuales, programáticas, y aquellas otras que se derivan del quehacer político diario, para, como hemos dicho antes, seguir navegando en ambigüedades programáticas e ideológicas que nos conducirán, penosamente, a la esquizofrenia política que tanto daño ocasiona a la imagen del PRD ante la ciudadanía. 

Si bien tal ambigüedad en nuestros planteamientos permitió mantener formalmente una frágil unidad, ahora resulta evidente que soslayar, o esconder en el clóset tales diferencias, sólo conduciría al estancamiento del pensamiento de la izquierda mexicana y a su incapacidad para abordar con eficacia la grave situación en que se debate el país.

De manera diferente, opino que las izquierdas mexicanas necesitan rechazar sus antiguas mitologías para, en sentido contrario, confrontar sus ideas, planteamientos y teorías con una nueva realidad, que necesita innovar en su pensamiento, en sus proyectos y programas, y que eso será posible en la medida en que se pueda abrir a un debate sereno hacia su interior y hacia un diálogo, sin ataduras doctrinarias y dogmáticas, con el conjunto de la sociedad mexicana. Ello implicaría, necesariamente, un cuestionamiento crítico de sus antiguos modelos y paradigmas ideológicos y, desde luego, a su costumbrista y redundante acción política, aunque con ello ocasionara y propiciara, incluso, una división.

Atendiendo a esta situación, hay que decir entonces que existiendo, ciertamente, grandes diferencias entre las izquierdas mexicanas, que además no son superficiales o meramente coyunturales, sino que, indudablemente, son importantes e, incluso, lo son de carácter estratégico, entonces es necesario que tales diferencias objetivas se deban atender y discutir abierta y libremente. Ignorar esas diferencias y ello hacerlo en el nombre de la unidad, sólo haría que nos engañáramos a nosotros mismos.

En la realidad, la historia de la izquierda es la de sus encuentros y desencuentros. Así ha sido durante mucho tiempo y seguramente así seguirá. Las diferencias que existen en nuestro seno no son nuestro problema principal,  porque reconociendo nuestra diversidad éstas seguirán existiendo; como tampoco lo es la eventual división (la que por cierto, es una constante dentro de todas las organizaciones políticas de izquierda, de derecha y de cualquier otra identidad ideológica y programática). El problema central, medular, de la izquierda se encuentra en su indisposición o en su incapacidad de renovar su pensamiento, de desideologizarlo para poder insertarse en las nuevas realidades y condiciones de la sociedad mexicana y en consecuencia de poder representar de manera genuina, con autenticidad, las demandas y exigencias que tiene el conjunto de la población a principios del siglo XXI.

Éste —el de modernizar programática y políticamente a la izquierda— es nuestro desafío principal y en consecuencia es el que debemos enfrentar de manera radical, profunda.

En ese propósito es que apunta el esfuerzo de Agustín Basave en la presidencia del PRD, para que desde una izquierda democrática se confronte al autoritarismo que se encarna en el priismo o que se refleja en el populismo lopezobradorista; para desde una izquierda libertaria se encaren los dogmas y los mitos que nos siguen consumiendo; para desde una visión social y democrática de nueva generación podamos dejar atrás los fantasmas del estalinismo y del nacionalismo revolucionario.  

Expresidente del PRD

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De algunas universidades corporativizadas

Excélsior

Hace unos días escuchaba al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien comentaba sobre la situación de la educación pública en esa entidad.

Atrajo mi atención explicando algunos datos acerca de cómo —y en contra de toda lógica— se ha disminuido el número de solicitudes de matrícula para cursar la educación primaria en las escuelas públicas y, en sentido diferente, cómo en tan sólo cinco años se ha aumentado en casi 40% las inscripciones —para el mismo nivel— en las escuelas privadas.

Una explicación de este fenómeno podría ser el de los frecuentes paros laborales, de las interrupciones en el calendario escolar, lo que ya es una constante en Michoacán  y, en consecuencia de todo ello, una drástica disminución de las horas-clase que reciben los alumnos.

Se presenta, entonces, algo aberrante: aumenta —en el presupuesto del estado— el porcentaje del rubro destinado a la educación pública y, sin embargo, crece de manera muy significativa el número de planteles educativos privados y de alumnos inscritos en ellos. Todo esto es, en muchos sentidos, deplorable. Lo es, porque se deteriora, a pesar de la mayor inversión, la educación pública; porque los padres y madres se ven obligados a gastar más, de los recursos familiares, en la educación de sus hijos, cuando este gasto debiera ser exclusivo para el Estado; y, aunque parezca menor el tema, aumentan las escuelas confesionales, con lo que se afecta a la educación laica.

Algo parecido sucede con la educación superior. La que imparte el Estado a través de las instituciones y universidades públicas se ha estancado por varias situaciones anómalas. La primera: la proporción de alumnos que ingresan a la educación superior es menor, mucho menor, con respecto al crecimiento de la población juvenil que alcanza la edad y se encuentra en condiciones de ingresar a una institución de educación superior. La segunda: aumenta la deserción en los planteles públicos de educación superior. La tercera: los egresados de las universidades públicas, en términos generales, tienen menores posibilidades y oportunidades que los egresados de las universidades privadas, para que, desde un empleo adecuado y digno, desarrollen sus conocimientos y potencialidades. Y la cuarta: el Estado, así como abandonó la educación básica y la entregó a grupos mafiosos, hizo lo mismo con la educación superior para que, salvo excepciones, las universidades autónomas y públicas de las entidades federativas se encuentren en manos de grupos de poder que las utilizan para privilegiar intereses particulares y acrecentar círculos y espacios de influencia política.

Por eso mismo, crecen las universidades privadas; crecen aquellas propiedad de particulares y de las cuales, la gran mayoría, no cubren elementalmente con las demandas y condiciones de calidad y excelencia que debiera exigir el Estado para que funcionen. No sucede esto y, por lo tanto, tenemos a centenas de miles de jóvenes que fueron engañados cuando se vieron obligados a pagar por un diploma o por un título que, aunque tenga validez ante la SEP, no la tiene ante la cruda e implacable realidad del mercado laboral.

¿Sería válido?, por ejemplo, que con recursos públicos asignados a diputados de Morena para tareas legislativas, este partido instituyera en varias entidades de la República “universidades” que expidieran “títulos” para ejercer la profesión de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera.

Creo que no sería válido, desde el punto de vista legal, pero menos aun desde cualquier concepción ética.

¿Cuántas “universidades” pretende crear AMLO? ¿Con qué recursos —académicos, económicos, de infraestructura— las construirá y las sostendrá? ¿Es función de un partido político crear o fundar universidades? ¿Qué haría diferente a una universidad que crean e instituyen los jesuitas o los legionarios de Cristo a otra que crean los dirigentes partidarios de Morena? ¡Desde luego que no es función de un partido crear universidades! Esto es tarea fundamental del Estado, aunque no exclusiva, pero, además, todo indica que no habría diferencia sustantiva, pues las dos —aun de ritos diferentes— parecerían confesionales y claramente corporativizadas.

No hay que posibilitar la creación de más “universidades patito”. En sentido diferente, hay que alentar el fortalecimiento de las universidades públicas alentando su desarrollo y haciendo crecer la calidad de la educación que imparten y, claro, hay que aumentar la matrícula para que más y más jóvenes puedan ejercer, verdaderamente, el derecho a estudiar en una institución de educación superior.

Expresidente del PRD

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