En defensa del sistema de partidos

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Se han escrito diversos tratados en varios países del mundo para intentar entender qué es el populismo y, desde luego, en ellos se encontrarán elementos para comprender mejor este fenómeno político. Pero, sin menospreciarlos, creo que la siguiente frase —tan celebrada entre muchos políticos mexicanos como ejemplo de astucia— da más luces para comprender lo que es el populismo.

¡Al pueblo lo que pida!

Y entonces, siguiendo al pie de la letra esta sentencia, los populistas se transfiguran, literalmente, para convertirse en los únicos y genuinos interpretadores de lo que el pueblo pide o quiere.

Los populistas se guían siempre por lo que consideran que es el “sentimiento común del pueblo” y éste, suponen, es el que sólo ellos interpretan y representan.  Cierto que en ocasiones se ayudan de algo más mundano: las encuestas.

De tal manera que si lo que entienden como “sentimiento común del pueblo” se encuentra expresado en las encuestas y éstas dicen que la solución al problema de la delincuencia es la pena de muerte, entonces, en el centro de su proposición será incluida de inmediato la propuesta legislativa de instaurar la pena de muerte.

Si en las encuestas el “sentimiento común” les dice que los derechos humanos y las libertades individuales (como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o el derecho a tener determinada preferencia sexual) no son importantes, entonces los populistas lo repetirán hasta el cansancio, pues eso les generará simpatías y votos.

Si del llamado “sentimiento común” se desprende —como es obvio— que no hay que pagar impuestos o servicios, entonces los populistas dirán que ¡no hay que pagar impuestos ni servicios!, y ello lo convierten en una enorme y rica veta de votos para las elecciones.    

Los populistas son parte de un partido sólo circunstancialmente, pero no necesariamente porque compartan su propuesta política-programática. Si por circunstancias inevitables de cumplimiento con una legalidad electoral se ven obligados a contar con uno, entonces ipso facto lo crean, siempre y cuando éste sea de su exclusiva propiedad. Hay casos en que no existe ni siquiera la necesidad de crear un partido, pues pueden alquilar alguno de los ya existentes. 

Pero, como ahora sucede con las candidaturas independientes, ni siquiera existe ese requisito legal, entonces se pueden evitar el “enfadoso” proceso de ser parte de un partido y hasta pueden —la tentación les merodea— aspirar a la eliminación total del sistema de partidos. Esto ya lo hemos vivido en muchas experiencias en México y en el mundo. Para los populistas que realizan su actividad en el ámbito público y para los que se desenvuelven muy activamente en el ámbito privado, el sistema de partidos y la democracia son, aparte de algo perfectamente dispensable, una carga económica y un obstáculo para la gobernabilidad, y de los que hay que desprenderse lo más inmediatamente posible.

Los que así opinan, en realidad están jugando con fuego, porque el ascenso de los populismos, sean de derecha o de izquierda, generalmente ocasiona la instauración de gobiernos autoritarios, los que, invariablemente, tienden a debilitar la existencia del régimen plural de partidos; es decir, de la democracia política, y se orientan, casi siempre, a la instalación de concepciones absolutistas, totalitarias acerca del Estado y el gobierno. En estos regímenes desaparecen los partidos, las elecciones, los parlamentos, el sistema de equilibrio entre poderes, la República y todo ello es sustituido por un partido único y, por sobre él, un individuo concentrador de todo el poder del Estado. En México hemos vivido ya esa experiencia y ha sido infausta, trágica.

Por ello debiéramos entender, especialmente en la izquierda, que en una sociedad diversa como la que existe en el México del siglo XXI, no es verdad que exista ese llamado “sentimiento común”, pues en realidad la pluralidad del pueblo mexicano lo que genera es un “sentimiento de pluralidad” en el cual existen diversas culturas, diversas visiones morales y concepciones políticas, y junto a ello múltiples intereses que nunca podrán ser representados por un solo individuo ni por un solo partido. En sentido diferente, esa diversidad social sólo podrá ser representada por una pluralidad política, básicamente reflejada en un sistema democrático de partidos.

*Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/

agsjom52@gmail.com

Juez en propia causa

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Desde hace milenios existe un principio general del derecho conocido como: Nemo esse iudex in sua causa potest —Nadie puede ser juez en propia causa—.Este principio de derecho es sencillo de comprender, pero aun siendo así, imaginemos que un juez en materia penal es acusado de un delito por el que es sometido a un proceso judicial. Imagine que este juez designa a uno de sus empleados como el que lo va a juzgar. ¿Sería muy difícil saber de antemano que la sentencia sería exculpatoria? ¡Por supuesto que no!

Esto mismo es lo que sucede en los escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno federal. El hecho de que el secretario de la Función Pública sea un subordinado del Presidente de la República, nombrado y removido sin ninguna limitante por este último, le resta al mencionado secretario cualquier atisbo de credibilidad y certeza en sus investigaciones y conclusiones.

Por lo anterior, no es de sorprender la justa y airada indignación de amplios sectores de la población tras la absolución por parte de Virgilio Andrade —secretario de la Función Pública—, quien no encontró ningún conflicto de interés del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera ni del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la compra de tres polémicos inmuebles al Grupo Higa, empresa privada que tiene 22 contratos con el gobierno federal. El mencionado dictamen de absolución es contrario a cualquier contenido democrático y republicano.

Para Norberto Bobbio, la democracia se puede definir de diversas formas, pero la definición siempre debe incorporar la visibilidad o transparencia del poder. Esto es así debido a que existe un poder al que el mismo Bobbio llama “invisible”, y que se incrusta en el poder visible o legal, y el cual tiene, como una de sus manifestaciones, “al subgobierno”.

El subgobierno aparece cuando el Estado asume funciones en la economía y desde éstas, la clase política ejerce el poder, ya no sólo a través de las formas tradicionales de la ley, del decreto legislativo, de las distintas clases de actos administrativos, sino también a través de la gestión de centros de poder económico —adjudicaciones, coinversiones, administración de empresas paraestatales, por ejemplo.

Este “gobierno invisible” impacta negativamente en los temas de fiscalización y rendición de cuentas, puesto que los integrantes del gobierno invisible impiden, en alguna forma, legal o extralegal, que los asuntos polémicos del ejercicio de los recursos públicos sean conocidos por la mayoría de los ciudadanos.

El costo de este subgobierno y sus redes de corrupción es enorme para las y los mexicanos. No sólo lo es en materias evidentes como la seguridad pública, sino que, a nivel económico, la corrupción impacta directamente en la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas, ahoga a emprendedores y les suma un costo asfixiante a los costos de producción y a los precios de los servicios. 

Para evitar que se repitan casos como los llamados: Casa Blanca y la casa de Malinalco —y si se repiten, que no queden en la impunidad— es indispensable fortalecer los mecanismos autónomos del Estado para el control, fiscalización y rendición de cuentas del gobierno. Deben, los entes fiscalizadores, ser autónomos e independientes para que en el sistema de equilibrios y controles se combata de manera eficaz la corrupción en el gobierno federal o en otras instituciones del Estado nacional.

No es correcto que investigaciones sobre conflictos de interés entre funcionarios y particulares sean realizadas por quien, a su vez, incurre en un conflicto de interés (SFP) por investigar y, en su caso, sancionar a su jefe, es decir, al Presidente de la República.

Los asuntos de posibles actos de corrupción o de conflicto de interés debieran ser investigados de manera independiente para que, relaciones del poder público con intereses privados que falten a la ética y a la ley, estén sujetas a mecanismos que las detecten y las castiguen.

Mientras no superemos la grave crisis que vive el Estado mexicano por la corrupción, nuestros anhelos de un país seguro y desarrollado se verán truncados por el “gobierno invisible”.

*Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

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El mito de los salvadores de la patria

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Thomas Carlyle, el célebre escritor escocés, decía que “la democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan”. Esta definición sobre la democracia es, lamentablemente, la que con terquedad hemos insistido en asumir la gran mayoría de las y los mexicanos a lo largo de nuestra vida como nación. Nuestra historia nacional escrita es la referencia casi exclusiva a esos héroes, a esos individuos “excepcionales, singulares” a los que Carlyle asigna “todo el avance de la humanidad”.

Si el autor de Los héroes tiene una visión casi totalitaria sobre el papel que juegan tales individuos “excepcionales” en la historia de la humanidad, ésta no es diferente a la que comparte la mayoría de las y los mexicanos, incluida una buena parte de los que se asumen de izquierda y que ven la presencia de “los salvadores” como una necesidad de sobrevivencia de la nación.

Por eso, a personajes como Hidalgo los adoptamos como a nuestros “Padres de la Patria” y lo mismo sucedió con Antonio López de Santa Anna, “su alteza serenísima”, a la cual en once ocasiones le fueron a buscar para que, como Presidente de la República, “salvara” a la patria. Así también sucedió con Juárez y no fue diferente con Porfirio Díaz.

En el siglo XX, los caudillos revolucionarios, los presidentes de la República, crearon a Pedro Páramo y nos convirtieron, a todas y a todos los mexicanos, en sus hijos, porque, como decía Federico Campbell: “Pedro Páramo es una mentalidad, un resultado histórico y social”.

De la misma manera, a principios del siglo XXI, seguimos como nación buscando a ese padre y, por ello mismo, muchos de los que pretenden ser  presidentes buscan denodadamente aparecer ante la gente como los nuevos “salvadores de la patria”, buscan reencarnar en nuevos Juárez, en nuevos López, en otros Porfirios, es decir, en esos seres excepcionales, únicos, singulares, insustituibles, infalibles y a los que el pueblo de México —así lo piensan— sigue esperando.

Esta cultura política resultado de la visión individualista, personalista de los acontecimientos históricos y de los  procesos sociales; esta visión feudal de identificar al Estado en un individuo, nos recorre horizontalmente como país y de manera particular se recrea en la vida de los partidos políticos.

A mediados de enero de 2012, el entonces candidato presidencial del PRI se reunió con un grupo de periodistas y politólogos a quienes externó su opinión sobre varios temas, pero puso énfasis en los relacionados a la gobernabilidad del país. Ahí dijo estar en favor del presidencialismo, de disminuir el número de legisladores, de darle mayor peso y amplitud cuantitativa a la cláusula de gobernabilidad; habló de las minorías eventualmente virulentas, rudas, difíciles; de fortalecer al Poder Ejecutivo y evitar lo que identificó como “la trampa de la relación del Ejecutivo-Legislativo”.

Peña Nieto reflejaba con sus palabras lo que decía Ernst Cassirer: “Siempre que hay una empresa peligrosa y de resultados inciertos surge una magia elaborada y una mitología conectada con ella (...) En situaciones desesperadas, se recurre a medidas desesperadas y si la razón nos falla, queda el último recurso, queda el poder de lo mitológico. El anhelo del caudillo aparece cuando un deseo colectivo ha alcanzado una fuerza abrumadora y, por otra parte, se ha desvanecido toda esperanza de cumplir ese deseo por la vía normal, ordinaria (democrática) y se declara que los vínculos sociales como la ley, la Constitución, han perdido todo valor y lo único que queda es la autoridad del caudillo, y el caudillo es toda la autoridad”. (Ernst Cassirer. El mito del Estado. FCE, México, 1968).

En sentido diferente, la izquierda debería comprender que en tiempos de crisis es cuando hay que derrumbar las antiguas formas de dominación y, dentro de éstas, se encuentra el mito de que por su idiosincrasia, el pueblo de México necesita un nuevo “salvador de la patria”.

El cambio verdadero en el país debiera hacerse al margen de esa simbología mitológica que se empeña en sustituir a la razón política. Avanzaremos en la medida en que dejemos de idolatrar al personaje providencial, al cacique, para, en sentido diferente, construir un nuevo régimen de gobierno apuntalado en una nueva mayoría social y política, en un sistema de instituciones democráticas y en un nuevo pacto social.