El ahijado de Chiapas

Excélsior 

En el proceso electoral de Chiapas del pasado 19 de junio se presentaron más de ¡25 opciones de partidos o coaliciones! para que, de todas éstas, los electores de esa entidad… optaran por una.

Para que eso pudiera ser posible, en muchos municipios y distritos las boletas de votación estaban impresas ¡por ambos lados! Esto es inédito en el país, pero seguro estoy que asimismo sería en cualquier parte del mundo.

Esto sucede no porque exista en Chiapas una extraordinaria cultura democrática desde la cual muchos ciudadanos se presentaron como candidatos independientes o porque otros formaron, por su extraordinaria iniciativa política, nuevos partidos. ¡No, esa no es la realidad!

En sentido diferente, la existencia de tantas opciones electorales es resultado de una vulgar maniobra del gobernador del estado para inventar partidos con el propósito de dispersar el voto y, de esta manera, asegurar para la coalición PVEM-PRI la mayoría en el Congreso local y el control de la gran mayoría de los ayuntamientos de esa entidad.

A esta maniobra hay que sumar otras aun más grotescas, como las de la compra de los votos en una buena parte de los ayuntamientos o la presión a los pueblos y las comunidades indígenas para votar por el PVEM y sus múltiples “coaliciones”, so riesgo de suspenderles los apoyos de los programas sociales y terminar con otro tipo de prerrogativas.

Esto es posible hacerlo con impunidad en razón de que en Chiapas, como es conocido, 97% de sus recursos presupuestales proviene de la Federación y casi 60% de los habitantes de esa entidad obtienen la totalidad o una parte de sus ingresos vía un empleo del gobierno estatal, de los municipios, de las múltiples delegaciones u oficinas de carácter federal o de algún tipo de prerrogativa, convenio, concesión o apoyo derivado de los programas asistenciales del gobierno. A los empresarios, por ejemplo, la vía de las concesiones de obras del gobierno les es vital; a los medios de comunicación locales —salvo poquísimas excepciones—, los “convenios de colaboración” les son imperiosos para su existencia, y como un extremo de la dependencia a que está sujeta la mayoría de la población chiapaneca, existen los “apoyos” de los cientos de programas sociales que les son, literalmente, indispensables para su sobrevivencia.

Chiapas, como ninguna otra, es la entidad del país que casi en su totalidad depende económicamente de los recursos fiscales de la Federación.

Esta dependencia provoca, entre una buena parte de la población, ausencia de lo que llamamos ciudadanía y, consecuentemente, ausencia de una vida y una cultura democráticas. Por eso, las elecciones en esa entidad —como en otras de condición similar— no son un evento ciudadano para que los votantes ejerzan su soberanía, sino que son un proceso perverso que organiza el gobierno para que un individuo mantenga un control político sobre la población. Éste, el gobierno, decide cómo se hacen las elecciones y, desde luego, resuelve de antemano cuáles serán los resultados.

Pero el caso es aún más grave cuando el gobernador de Chiapas tiene evidentes aspiraciones para ser el próximo Presidente de la República y éstas son avaladas, justificadas y apoyadas por el actual encargado del Ejecutivo federal.

Velasco ha creado una extensa red de intereses económicos y de apoyos políticos que le permiten actuar con la más grosera impunidad en Chiapas. A Peña Nieto le dice “padrino”, pero el padrinazgo político lo extiende a Manlio Fabio Beltrones, a Osorio Chong, a Videgaray, a Sabines, a Jorge Emilio González, a Emilio Azcárraga y a otros muchos personajes que le protegen en sus tropelías.

La más reciente es esta vergonzosa elección, en donde, aparte de lo ya mencionado, hay que agregar el uso grotesco del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) para convertir una elección en un evento utilitario para sus aspiraciones personales. Pero, además, desacata al Tribunal Electoral de la Federación, humilla al Instituto Nacional Electoral, menosprecia y ningunea a la Fiscalía para Delitos Electorales, utiliza descaradamente los recursos públicos para favorecer sus objetivos políticos, ¡y nada sucede, porque tiene poderosos “padrinos” que, sabe, lo protegerán!

Ésa es, lamentablemente, la situación en Chiapas y en eso derivaron las pasadas elecciones.

*Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

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agsjom52@gmail.com

Del ridículo a lo trágico

Excélsior 

Escribe Jesús Silva Herzog Márquez que ahora cuando hablemos del Estado mexicano debemos entrecomillarlo. Debemos decir “Estado” mexicano para que las comillas pongan en razonable duda su existencia. Tiene razón el prestigiado analista y reafirma —con la contundencia a la que nos tiene acostumbrados— lo que hemos estado diciendo desde hace varios años: el “Estado” mexicano experimenta una crisis orgánica que, según una definición de Gramsci, es aquella en donde “la clase dominante no es más —dirigente— sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva. (…) La crisis consiste, justamente, en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”.

¿Se puede, siguiendo el razonamiento de Gramsci, conducir al Estado sólo a partir y exclusivamente de la fuerza coercitiva? Eso podría haber sido posible en los tiempos del nacimiento de los Estados en donde los monarcas, los príncipes en las ciudades-Estado contrataban mercenarios (condottieri) para constituir una fuerza militar que sometiera a su poder a todos aquellos individuos (señores feudales, siervos) que habitaban determinado territorio que el monarca consideraba como su patrimonio. Eso sucedía en el Estado primario, pero esa visión de la antigüedad resultaría —en los Estados modernos— claramente incomprensible, insostenible.

Ahora, el uso de la violencia como monopolio del Estado, es obviamente insuficiente para la conducción del Estado y eso lo podemos observar en muchas partes del mundo, pero de manera especial, lo vivimos en nuestro país.

Desde la anterior administración de Felipe Calderón se privilegió la estrategia bélica para abatir la criminalidad. Sin la visión de fortalecer al Estado, se desplegó en todo el territorio al Ejército y a la Marina Armada, pero no se trabajó en la recomposición del sistema de justicia, el cual, al permanecer intacto y plagado de vicios, continúa ofreciendo alternativas a los delincuentes para burlar la ley, evidenciar la debilidad del mismo Estado e incrementar su poderío bélico.

Esa misma estrategia es la que aplica Peña Nieto, utiliza lo coercitivo sin ninguna visión diferente, por lo tanto, los resultados son iguales a los de Calderón.

La crisis orgánica del “Estado” mexicano súbitamente trasciende fronteras, y es más evidente ahora, casi a la mitad de la administración de Peña Nieto, quien suma un escenario crítico a los varios que ya tiene y que no ha podido zanjar en bien de las instituciones y la estabilidad del país.

Es insuficiente, entre otros aspectos, porque el “Estado” mexicano no tiene el monopolio de la violencia: ese monopolio se lo disputan (y con gran eficacia) otros poderes, particularmente los de la delincuencia organizada, cuya fuerza es de tal naturaleza que, como lo vemos, supera a la propia del “Estado”. Estas últimas, las fuerzas armadas del crimen organizado, controlan una buena parte del territorio y, dentro de éste, las cárceles.

Evidente, son una especie de territorios autónomos dominados por la delincuencia, que con su enorme poder económico, con su gran capacidad corruptora, con su creciente fuerza armada ha suplido al “Estado” en la organización, conducción, dirección y control de varias instituciones del Estado, entre ellas, las penitenciarías. Hay muchos ejemplos para demostrarlo, pero el más evidente, el más dramático y patético lo significa la reciente fuga de El Chapo Guzmán de la cárcel de alta seguridad del Altiplano.

Habrá quienes celebren el “ingenio y la audacia” de El Chapo; escribirán y cantarán corridos recordando “la hazaña”; podrán hacerse guiones cinematográficos como los que se hicieron hace años para relatar los crímenes de El Negro Durazo. Y quizás eso resulte inevitable, pero atrás de todo ello existe el tremendo drama de un gobierno, el de Peña Nieto, que ante el país completo y ante el mundo aparece haciendo no sólo el mayor de los ridículos, sino que, además —lo más peligroso—, se muestra al “Estado” mexicano en una fase aguda de su crisis orgánica y, en consecuencia, expresando sus limitaciones que son, posiblemente, irremediables.

La crisis del “Estado” nacional es de tal naturaleza que no sólo no dirige, sino que parece que tampoco domina.

*Expresidente del PRD

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Levantando altares al personalismo

Excélsior 

Una premisa obligada: debo decir que yo mantengo una posición favorable a las candidaturas independientes en razón de dos convicciones principales: una de orden constitucional y otra de carácter político. La primera consiste en que, si la Constitución protege el derecho de tod@s los ciudadanos a votar y ser votados, ninguna ley secundaria podría condicionar el ejercicio de ese derecho a la obligación de ser postulados por un partido político. La segunda, es que las candidaturas independientes —al terminar con el monopolio de los partidos para postular candidatos— obligarán a éstos a salir del estado de confort y autocomplacencia en que ahora se encuentran.

Dicho esto, veamos ahora el error en el que incurren frecuentemente ciertos analistas “especializados” en los resultados electorales, cuando observan superficialmente uno de los árboles y a partir de ello sacan sus conclusiones definitivas sobre el conjunto del bosque. Sólo por poner un ejemplo, veamos precisamente el tema de las candidaturas independientes. Apenas se conocían por la tarde del domingo 7 de junio datos preliminares de algunas encuestas de salida en Monterrey y en Guadalajara, cuando algunos de los referidos especialistas ya sentenciaban —desde las mesas de análisis que se transmitían por la televisión— el principio del fin del sistema de  partidos políticos en México.

Sin mesura, más de uno de esos analistas se atrevió a afirmar que con lo sucedido en Nuevo León se “inauguraba una nueva etapa de la vida del país, en donde los candidatos independientes —aparte de desplazar a los partidos políticos— serían, a partir de ahora, los protagonistas principales en los procesos electorales y en la política en general”.

Esta descabellada conclusión ha llevado a que algunos personajes de la política del país, y con un extenso trabajo partidario atrás, con enorme incongruencia, estén anunciando “su independencia” de los partidos, y otros, acusando ingenuidad, se preparan para anunciar su candidatura independiente a la Presidencia de la República.

¿Qué es lo que hay en el fondo de ese febril esfuerzo, del que participan tirios y troyanos para levantar el gran cadalso que descabece al sistema político de partidos en México?

¿Qué motiva a muchos políticos para defenestrar a la política, para disfrazarse de ciudadanos, para cambiar su acta de nacimiento como partidos y adoptar como nuevo nombre el de movimientos?

¿Cómo explicarnos que algunos dirigentes políticos llamen, en su propaganda electoral, a NO votar por los políticos?

¿Qué es lo que realmente prevalece en ese afán, del que participan poderosos medios de comunicación, por erigir grandes altares a la diosa de la individualidad?

Habrá motivaciones de diversa naturaleza, pero en algunos lo que persiste es, llanamente, un vulgar oportunismo… político.

Esto es de lamentarse, pero lo verdaderamente grave de su comportamiento se encuentra en su irredento rechazo a todo lo público, a lo común, a lo societario.

Decía Paul-Armand Challemel-Lacour, un político francés, en 1888: “Desde que los avances del descontento se traducen en un estado de progresiva y universal preocupación, asistimos a un espectáculo alarmante; hay quienes fomentan el malestar general ilusionados con explotarlo a sus anchas y en su beneficio particular” […] y a su vez,  los antiguos cesaristas, los que quieren un régimen de fuerza, proclaman al unísono <>.

Ni constitucionalmente ni políticamente las candidaturas independientes agreden al sistema público de partidos políticos que, históricamente, es el que mayormente alienta la vida democrática. El problema surge, y de manera grave, cuando ciertos poderes con historia y tradición autócrata pretenden utilizar las candidaturas independientes —como podría suceder en Nuevo León— para explotarlos a sus anchas y en exclusivo beneficio de sus intereses,  que no son los del país ni los de la ciudadanía.

*Expresidente del PRD

Twitter: @jesusortegam

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