La Línea 12: transparencia y legalidad

Hace unos días un Tribunal Federal declaró absuelto a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del Gobierno del DF cuando AMLO era el jefe de Gobierno de la ciudad capital. Como se sabe, la detención de este exfuncionario estuvo enmarcada en los videoescándalos, de los que fueron parte Víctor Trujillo en su papel de Brozo (el que los difundió en Televisa); René Bejarano, entonces secretario particular de López Obrador; la ahora titular de la Sedesol a nivel federal y el truhán de Carlos Ahumada.

Excélsior 

Este “misil” fue enviado con tal precisión que le explotó al PRD en su “línea de flotación”. Nos causó severo daño, pues nos pegaba en un tema especialmente sensible a la población (lo sigue siendo ahora) como lo es la corrupción.

En ese momento el PRD respondió como debía y podía. A diferencia de otros hechos similares en donde los actores fueron otros partidos y gobiernos, en el caso mencionado, varios funcionarios fueron a la cárcel. Ahumada, igualmente fue recluido, otros enfrentaron juicios penales y la dirección de nuestro partido expulsó de sus filas a varios de sus principales dirigentes para que finalmente todos, incluido el PRD, experimentáramos el tremendo juicio de l@s ciudadan@s.

Guardando toda comparación, ahora el Gobierno del DF enfrenta el problema de la Línea 12 del Metro, que nadie debiera minimizar y nadie debiera intentar —como lo hace ahora mismo el PAN, chantajeando— “archivar”, ni el asunto de Oceanografía, Banamex, Citibank y Pemex o como los priistas lo han hecho antes, “enterrando” los asuntos de Moreira, Pemexgate y otros muchos más.

Frente a la ciudadanía y especialmente ante los asuntos de corrupción, el PRD tiene que evidenciar —como lo hizo en aquella ocasión— un comportamiento diferente. Es decir: necesitamos que nuestros gobiernos actúen con transparencia y con legalidad.

La población capitalina debe saber con claridad las causas de carácter técnico que obligaron a suspender el funcionamiento de esta nueva línea del Metro; debe conocer quiénes son los responsables (empresas constructoras, dependencias administrativas o funcionarios encargados) que por omisión o por comisión están causando este daño a la ciudad, a sus habitantes y a su patrimonio. En ese propósito debe llevar a cabo, necesariamente conforme a los procedimientos legales, una exhaustiva investigación sobre este lamentable hecho.

Conforme a la ley, implica hacer a un lado cálculos políticos; obliga a la Procuraduría capitalina actuar con rigurosidad y con la convicción de que su principal tarea y deber es proteger los derechos y los intereses de los ciudadanos del DF y en lo que corresponde a los del país. La Ciudad de México, no debiera olvidarse, es la capital de la República.

Antaño, la izquierda con una visión ideológica profundamente equivocada veía a la ley como un instrumento de dominación clasista y en consecuencia se sujetaba o no a ella en razón de estrategias políticas. La despreciaba si en sus consideraciones no le resultaba útil en el cumplimiento de sus objetivos y la admitía y respetaba si eso se ajustaba a sus planes. Esa no puede ser una concepción correcta del principio constitucional de la legalidad.

Esa percepción de la legalidad no sirve para avanzar en la convivencia civilizada en la sociedad mexicana y, desde luego, no sirve para el crecimiento y desarrollo de la izquierda. Se puede conspirar para llevar a cabo un delito y eso es grave, pero también se puede conspirar para ocultarlo y eso es igual de dañino. 

Contrario a ello, un gobierno que se pretende distinguir como de izquierda democrática es aquel que recurre y se ampara en la ley siempre, y no sólo cuando le conviene políticamente; que apela a la ley por permanente obligación ante la ciudadanía y no como instrumento para la propaganda partidista o para la promoción personal; que recurre a la transparencia siempre y no sólo cuando le beneficia; que informa constantemente a l@s ciudadan@s por respeto a la Constitución y no por ocurrencia personal.

Esta es una nueva visión de una izquierda que se precia renovada en el pensamiento y la acción política. Esto, tarde que temprano, será justipreciado por la ciudadanía.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

                http://ortegajesus.blogspot.com/

                ortegamartinezjesus@hotmail.com

La izquierda reformadora

El Estado mexicano asume un papel verdaderamente regulador para, con ello, impedir la existencia de monopolios.

Excélsior

En días pasados el IFT adoptó una serie de decisiones entre las que destaca declarar a América Móvil y a Televisa como “agentes económicos preponderantes”. Al declararlas preponderantes, el Estado mexicano asume un papel verdaderamente regulador para con ello impedir la existencia de monopolios; permite, además, que el must carry y el must offer sean realidad y con ello se aliente la competencia; permite que pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones puedan retransmitir gratuitamente los contenidos de las grandes cadenas televisivas y la interconexión (a precios competitivos) con las grandes empresas telefónicas; se prohíbe la exclusividad para la transmisión de contenidos que son de interés público (el Campeonato Mundial de Futbol, por ejemplo).

El IFT podrá establecer tarifas de interconexión telefónicas, evitando abusos de las empresas dominantes del mercado y con ello se podrá beneficiar el público usuario con tarifas más bajas y con mejoría en el servicio; se expedirá, dice IFT, la licitación para dos nuevas “cadenas” nacionales de televisión abierta, lo que alentará la competencia y mejora en la prestación de servicios de telecomunicaciones; se iniciará la construcción de la “cadena” televisiva del Estado, etcétera, etcétera.

Todo esto parecía imposible de llevarse a cabo. ¿Qué sucedió entonces para que la realidad cambiara?

La respuesta se encuentra en el Pacto por México y en la acción reformadora de políticos del PRI, del PAN y, desde luego, del PRD. Estas reformas verdaderamente estratégicas no son resultado del Espíritu Santo; tampoco lo son de “un salvador” ni “aparecieron por generación espontánea”; son, por el contrario, resultado de acuerdos entre políticos que comprenden la necesidad de cambios profundos para dejar atrás un viejo orden económico y político para nuestro país.

Pocos, sin embargo, lo entenderán así. Para los extremistas de izquierda, ésta y otras reformas “son una cortina de humo” o son medidas “dictadas” por el FMI, por la OCDE, por el imperialismo yanqui y hasta por “el trotskismo internacional”. Es decir: las mismas respuestas absurdas, delirantes y obtusas de siempre. Para los extremistas de derecha, las decisiones del IFT son de carácter “socialista” que tienen el propósito de atacar a la “iniciativa privada” (lo mismo dicen estos últimos de la Reforma Hacendaria y de seguridad social).

Pero los políticos reformadores, especialmente los del PRD y la izquierda no debieran sorprenderse ni de las opiniones de los extremistas ni… de la incomprensión, de la mayoría de la población, sobre la profundidad y trascendencia de la mayoría de las reformas producidas por el Pacto por México.

Los políticos con visión de Estado no debieran parar en su acción reformadora porque su propósito no debieran ser el de buscar, principalmente, reconocimiento electoral o reconocimiento personal. En sentido diferente, debieran actuar en razón de los intereses del país y de los derechos de todas las personas, aun con su indiferencia. Esto último es lo que verdaderamente transformará el quehacer político en México.     

Para consuelo de los reformadores, Maquiavelo (el gran político y el gran hombre de Estado) escribió que “debe considerarse que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni con más incertidumbre de éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas, ya que el reformador tiene enemigos en todos aquellos que se benefician del viejo orden y solamente defensores indiferentes en todos aquellos que se benefician por el nuevo orden. Esta indiferencia proviene, parcialmente, del miedo a sus adversarios que tienen las leyes a su favor; y parcialmente, de la incredulidad del hombre, que verdaderamente no cree en nada nuevo hasta que no lo haya experimentado realmente”.

                *Expresidente del PRD

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El derecho a ser consultados

Desde hace décadas, las izquierdas han impulsado y concretado reformas trascendentales para construir la democracia en México.

Excélsior

Si bien todavía falta un largo camino que recorrer, de gran importancia son los logros alcanzados en materia de democracia representativa, como son el sistema electoral y la división de Poderes.

Pero la visión de una izquierda que le apuesta a la democracia por las vías legales e institucionales no se restringe únicamente a la representación, sino que va mucho más allá e incluye el fortalecimiento de la democracia participativa como uno de sus objetivos.

En congruencia con la anterior, fuimos firmes promotores de la reforma al artículo 35 de nuestra Constitución Política publicada el 9 de agosto de 2012, por medio de la cual se introdujo al texto constitucional una nueva figura jurídica: la institución de las consultas populares.

Con la citada reforma la Constitución dispone en su artículo 35 que es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. En el mismo artículo queda establecido que las consultas comprenden en el ámbito federal todo tipo de materias, sean determinaciones tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, quedando excluidos únicamente los temas relativos a la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Así, la reforma que impulsamos del artículo 35 constitucional significa un gran avance para el ejercicio de la democracia directa en nuestro país. En el mismo sentido, la minuta de la Cámara de Diputados referida a la Ley Federal de Consulta Ciudadana y su aprobación por parte del Senado de la República el pasado 27 de febrero, contribuye a ejercer el derecho constitucional de los ciudadanos a ser consultados en temas de transcendencia nacional.

Con ella, se da un paso más en la ruta de hacer realidad el derecho constitucional de las y los ciudadanos a ser consultados en asuntos públicos de trascendencia nacional, se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana y se mejora la calidad de nuestra democracia.

La minuta precisa y define con claridad algunos preceptos del artículo 35 constitucional que eran malinterpretados de forma dolosa por quienes desde ahora se oponen a que la sociedad utilice este tipo de mecanismos participativos, anticipándose sobre todo a una consulta sobre la reciente Reforma Energética.

De esta manera, esta ley reglamentaria precisa que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten en una parte significativa de la población, quedando expresamente establecido que las consultas pueden ser sobre reformas constitucionales.

Asimismo, establece que los ciudadanos puedan respaldar más de una consulta popular (vale recordar que la minuta de la Cámara impedía absolutamente a los ciudadanos firmar dos solicitudes) y mandata al Instituto Federal Electoral para que promueva la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio instituto.

De aprobarse en los términos referidos la Ley de Consulta Popular por la Cámara de Diputados, no existirá ningún margen para tergiversar el texto constitucional y contaremos con las condiciones óptimas para que en las próximas elecciones de 2015 se sometan a la consideración de la ciudadanía las reformas que se hicieron a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética.

                *Expresidente del PRD

                Twitter: @jesusortegam

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