El neoliberalismo fracasó, y ello ha conducido al mundo a una grave crisis económica de la que no alcanza a salir.
En días pasados Moody’s Investors Service mejoró la calificación de los bonos soberanos de México. Moody’s explica las razones que le llevaron a tal determinación y entre éstas, menciona el hecho de que durante 2013 se hubiesen llevado a cabo varias “reformas estructurales” en nuestro país.
Entrecomillo “reformas estructurales” porque esta palabra tiene diversas connotaciones. Una de éstas tiene que ver con aquellas reformas que a partir de la década de los 80 impulsaron y llevaron a cabo los grupos y partidos situados en la ultraderecha económica, y alentados por el enorme deterioro que vivieron en sus economías, los países del llamado “socialismo realmente existente”.
Con la caída del muro de Berlín se habló, incluso, “del fin de las ideologías”, lo que para algunos significaba la preeminencia absoluta (y eterna) del mercado sobre el Estado. La “revolución neoliberal” reducía a su expresión mínima al Estado y le despojaba de facultades para intervenir en la economía y de obligaciones para regularla.
Pero como sucede con todas las visiones extremistas, el neoliberalismo —como también el estatismo— fracasó, y ello ha conducido al mundo a una grave crisis económica de la que no alcanza a salir.
La mayoría de las reformas de 2013 en México son ciertamente estructurales aunque no deben tener esa connotación neoliberal. Son estratégicas porque —en sentido diferente— tuvieron en su concepción el objetivo de recuperarle al Estado su facultad constitucional para intervenir eficazmente en el desarrollo de la economía y en aquellas otras actividades fundamentales para la vida del país.
En el Pacto por México se trataba, no de terminar con la economía de mercado, sino de impedir que continúe el “libertinaje en el mercado”; terminar con los poderes fácticos que crecieron al amparo de éste y crear nuevos instrumentos —del Estado— para reorientar el rumbo del país.
Las reformas educativa, de competencia económica, hacendaria, financiera, política, de seguridad social y de telecomunicaciones son estratégicas, porque remueven viejas estructuras que durante décadas minaron el poder del Estado en el propósito de favorecer intereses de mafias políticas y de grupos económicos oligárquicos. Sin embargo, es de lamentar que no todas tengan este contenido.
Ciertamente, las reformas en materia energética, a mi parecer, no cumplen con los propósitos anteriormente mencionados. Esto lo digo, no en razón de que mantenga una negativa ideologizada, dogmática a la participación de agentes privados en esta industria, sino porque el contenido básico de estas reformas (en particular para la industria eléctrica y la de los hidrocarburos) sí ponen en riesgo la seguridad energética de la nación y permiten que prevalezcan los intereses privados sobre las necesidades públicas y sobre el interés general.
Esta última, que en mi opinión es perjudicial al país, la combatiremos con los propios instrumentos que nos da la Constitución y con estos mismos buscaremos que las leyes secundarias de todas, fortalezcan al Estado nacional, pero que sobre todo se traduzcan en bienestar para la gente.
Sirve la calificación de Moody’s, pero eso se desvanecerá en el aire si no hay crecimiento de la economía, si no hay nuevos empleos, si no se garantiza la seguridad social para todas y todos, si no hay bienestar general. Éste es el desafío principal de los políticos reformadores, de todos, pero especialmente de los de izquierda.
*Expresidente del PRD
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