martes, 11 de junio de 2013

Reforma telecom: iniciativa plural


Como he reiterado en este espacio: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se sumó ni avaló el Pacto por México, sino que ha sido su impulsor y actor fundamental en sus trabajos. El mismo papel jugó en la llamada reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones (telecom).

El PRD impulsó que en la reforma de telecom se garantizara la libertad de expresión, como un derecho que implica el recibir y a emitir información y opiniones sin censura, a través de los medios de comunicación. De la misma manera, se garantiza el derecho de réplica, al establecer que toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas por radio o televisión, cuya divulgación pueda causarle un perjuicio tienen derecho a efectuar en el mismo medio su rectificación (de forma gratuita).

Asimismo, impulsamos que en todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales, especificando que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado debe proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. De esta manera, defendemos la potestad de la nación sobre las señales, pero ya no sólo sobre la base de la utilización del espacio aéreo, propiedad de la nación, sino sobre la noción de interés público.

En el mismo sentido, promovimos un nuevo régimen de concesiones basado en la transparencia e imparcialidad. Así, las concesiones deberán ser otorgadas mediante un proceso de licitación pública, a través de concursos transparentes y con reglas claras. Existirá una contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones con fines de lucro. Paralelamente, fuimos muy insistentes en la figura de “concesiones sociales”, por lo que podrán concesionarse señales para servicios educativos, culturales, comunitarios y de orientación social.

Por otro lado, para evitar que la propaganda electoral y los anuncios comerciales sean disfrazados de información, se prohíbe expresamente la venta de tiempo de transmisión para cualquier tipo de mensaje político-electoral, mientras que la transmisión de publicidad se debe identificar como tal y diferenciarse claramente del programa.

Para que nuestras propuestas anteriormente enunciadas no queden nada más como un precepto constitucional, subrayamos la necesidad de una efectiva regulación; para ello se crea un órgano público con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas, entre cuyas principales atribuciones encuentran: a) Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones; b) Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones y el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; c) Otorgar, modificar, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones; d) Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso en adecuadas condiciones de precio y calidad; e) Vigilar el debido cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia; y, f) Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Estas son algunas de las aportaciones con las que contribuimos desde el PRD a esta trascendente reforma, la cual no fue iniciativa de un sólo poder o individuo, sino producto de las aportaciones de todos los actores que participamos en el Pacto por México.

lunes, 10 de junio de 2013

Una nueva forma de hacer política

Algunos críticos al Pacto por México lanzan sus dardos desde el propio poder político, otros lo hacen desde las trincheras que durante décadas han construido poderes meta estatales; es decir, aquellos a los que para todo propósito identificamos en el propio texto del Pacto como poderes fácticos, y otros más atacan desde las filas de la izquierda.

Como dice Marcos Rascón, al Pacto por México se le ha puesto enfrente "otro pacto" conformado, paradójicamente, por la derecha calderonista, por la ultraizquierda dogmática y fundamentalista y, en medio de estos extremos, la oligarquía económica que se sabe afectada en sus más preciados intereses.

El "anti Pacto" reaccionario se ha puesto en acción y desafía desde las pantallas televisivas que están bajo el control del duopolio de la información; reta desde las oficinas de los dueños y directivos de los monopolios que desde hace décadas controlan y manipulan a su antojo sectores estratégicos de la economía del país. Reacciona desde el conservadurismo que se disfraza de estridencia revolucionaria o desde aquel de la derecha que no se atreve a decir su nombre. El "anti Pacto" es improvisado instrumento de muchos políticos (de todos los partidos) que entran en pánico ante la posibilidad de cambios que trastoquen el confort en el que quieren seguir viviendo. Y, desde luego, el conservadurismo impugna desde los resentidos (los más peligrosos) que todo lo ven mal, especialmente aquello que fue creado, elaborado y construido en su ausencia; tiemblan, consumiéndose en la fiebre de su vanidad herida.

Todos, los del "anti Pacto" conocen el poder, porque de una u otra forma lo han ejercido. No les espanta, dicen, porque han estado ahí muchas veces, con él han convivido y de él, muchos, se han beneficiado personalmente. Saben del poder autoritario, antidemocrático, presidencialista; conocen de sus secretos, de sus mecanismos, de sus resortes y se mueven en él como peces en el agua.

Son estos los expertos en la "negociación" al estilo del viejo régimen, en la negociación que sabe "facturar caro" para sí mismos, para sí como grupo político u económico o, incluso, para sí como partido.

"Se ha perdido capacidad de negociación con el gobierno", dicen nuestros críticos y, para que no exista confusión, añaden: "las batallas electorales no se ganan el día de la elección; se ganan o se pierden antes". 

Es decir, para estos "expertos negociadores" el asunto del Pacto por México se debió reducir a una transacción electoral, a una concertacesión para repartir poder entre quienes ya lo detentan. Esto es, negociar para ver de qué tamaño deben ser las tajadas que cada partido se lleve. Son los usos y costumbres del viejo sistema político, y en esta concepción de la política se encuentra, precisamente, el error estratégico de algunos de estos críticos.

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El Pacto por México tiene –según el PRD– propósitos mucho más importantes y trascendentes que los de "facturar caro a favor de nuestro partido".

La gente aspira a que el quehacer político tenga como propósito fundamental el bienestar de los mexicanos, a que los partidos actúen en razón del interés superior del país.

Y, por ello mismo, ahora hemos comprendido en el PRD que la lucha por el poder, consustancial a la política y elemento inherente a los partidos, debe tener el ingrediente conceptual de que el poder o es utilizado para el bienestar general o no tiene ningún sentido aspirar a él. El poder por el poder mismo, o el poder para satisfacer objetivos particulares, no encaja en la visión de una izquierda democrática. 

Por ello, lo sustantivamente diferente del Pacto por México es el cambio paradigmático sobre el contenido y el quehacer de la política.

Para el PRD, los acuerdos del Pacto por México son una de las partes medulares de una definición política de carácter estratégica, tan indispensable como urgente, para alcanzar las fórmulas y las acciones que permitan sacar al Estado Nacional de la crisis estructural en la que se encuentra; para recuperar su vigencia ante el desafío que le han puesto múltiples poderes fácticos (la delincuencia organizada, la desorganizada, la oligarquía económica, los monopolios, los grupos políticos como el de Elba Esther y otros líderes sindicales corruptos, los "señores feudales" existentes en varios estados, etcétera).

¿Rescatar al Estado? Se preguntan algunos. 

¡Si! Definitivamente.

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Contra la opinión de algunos de los críticos del Pacto, El Tema para el país y la gente sí son los 95 puntos del Pacto, porque ahí están comprendidas, si no todas, si algunas de las reformas más necesarias para la transformación del país y el fortalecimiento del Estado.

El Tema sí es una reforma política que garantice y amplíe los derechos políticos y ciudadanos, que termine con la utilización de los programas sociales como instrumento electoral, que termine con el feudalismo electoral de los gobernadores y, principalmente, que impida de manera definitiva la restauración del viejo régimen.

Sin embargo, algunos políticos y otros intereses fácticos insisten en aplicar aquella máxima de que "si la realidad no coincide conmigo, peor para la realidad" y, tozuda, obcecadamente, insisten en poner como centro de la negociación los intereses particulares de los partidos o de algunos de los políticos más relevantes. 

Esto, en realidad, le interesa un bledo a la gente. Como no es, en lo más mínimo de su interés, el futuro político del calderonismo, del lopezobradorismo, de Peña Nieto, Ebrard, Beltrones, Cordero, Camacho, Madero, Zambrano o cualquier otro personaje de la clase política. El futuro de estos y otros personajes le tiene sin cuidado a la gente.

Seremos una oposición más fuerte y eficaz en la medida en que aumentemos nuestra capacidad de decidir sobre el rumbo del país y de hacerlo a partir de materializar nuestra propuesta programática.

La oposición debe luchar contra los monopolios, debe luchar por construir un sistema universal de seguridad social. Y si ello lo logramos desde acuerdos en el Congreso con las otras fuerzas, entonces nuestra condición de oposición se fortalece. La oposición de izquierda en México y en el mundo existe no porque sabe decir no, o por que sólo sabe obstruir. Existe por que es capaz, con la fuerza adquirida y con su acción política, de influir a favor de la igualdad, de la libertad, de la democracia, que son los principios por los que verdaderamente debe luchar. 

Ser y parecer una oposición que construye, que tiene respuestas, que critica con razones y argumentos y que materializa su programa, es lo que la ciudadanía valora positivamente.

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El Pacto no es ningún remedio mágico, es sólo el esfuerzo conjunto de varios actores políticos y de las fuerzas que representan. Ello ya le da valor agregado. 

Es también un esfuerzo extraordinario, fuera de lo común, y ello también le agrega otro ingrediente positivo.

Es una manera diferente de hacer y entender a la política. Se trata de dejar atrás el egoísmo individual y el partidario; se trata de poner en el centro de nuestra acción y de nuestro pensamiento el interés superior del país y hacer posible el derecho de las y los mexicanos a la prosperidad y al bienestar. 

¿Puede fracasar? Es posible, y sería lamentable. 

Pero la izquierda mexicana, y particularmente el PRD, debiéramos mantener la decisión de impulsarlo, porque el país necesita un cambio profundo, estructural. Lo grave es dejar pasar inadvertido que para estas reformas nadie tendría capacidad de hacerlas por sí mismo, tampoco la izquierda sola, aun si se encontrara ocupando Los Pinos.

Desde un nuevo pensamiento de izquierda, estamos obligados a reconocer la pluralidad política y saber que, para esos cambios de gran calado, se requieren grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas y, ciertamente, de la participación activa de la sociedad.

martes, 4 de junio de 2013

Reformas para una gobernabilidad democrática


Hasta ahora, los resultados del Pacto por México son, en términos generales, satisfactorios si tomamos en cuenta los objetivos que este instrumento político se propuso.

Se han aprobado por el Congreso de la Unión reformas constitucionales de gran calado, especialmente en materia de educación, telecomunicaciones, competencia económica y se han presentado a los legisladores otras reformas, como la financiera por ejemplo, que está sujeta a su apreciada consideración. Vendrá, si así lo dispone el Congreso, uno o varios periodos extraordinarios para tratar y, en su caso, aprobar la reformas correspondientes.

En fila de espera de las reformas se encuentra la llamada reforma política. Ésta es de gran importancia porque no se trata, según lo acordado, de una más de las múltiples reformas electorales que desde 1979 hemos tenido en nuestro país. No, eso sería desperdiciar las potencialidades del acuerdo establecido entre los tres principales partidos y el gobierno de la República. En sentido diferente, la reforma política que nos proponemos tiene un contenido estratégico, es decir, de cambios tan profundos que nos permitan, a los mexicanos y mexicanas, terminar con los resabios del ancien régime, del viejo sistema al que don Daniel Cosío Villegas identificó como “una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”. Tal sistema ha sufrido modificaciones y a ello han contribuido las jornadas electorales de 1988, la alternancia partidaria en 2000 y, desde luego, las batallas electorales de 2006 y 2012.

Sin embargo, ese viejo sistema no ha fenecido y se siguen apareciendo algunos elementos que lo caracterizaron en sus años de mayor fuerza. Me refiero, por ejemplo, al “presidencialismo”, esa concepción del ejercicio del poder político concentrado en un solo individuo al que se endiosa y se le convierte, efectivamente, en una especie de monarca, del cual depende todo lo que sucede en el país y del cual, exclusivamente, surgirían las posibles soluciones a los más grandes problemas nacionales. Es, el presidencialismo, una tara histórica y cultural que ha sido y seguirá siendo el mayor obstáculo que ha enfrentado nuestro largo y tortuoso camino hacia una verdadera gobernabilidad democrática.

Por lo anterior, la reforma política inscrita en el Pacto por México debe proponerse avanzar hacia una República de equilibrio y separación de poderes; más aún, hacia el modelo de gobierno que desarrolle rasgos de un sistema parlamentario que democratice el poder. En ese sentido debiéramos tomar en cuenta tres elementos, a mi juicio fundamentales:

El primero es que el Poder Ejecutivo federal debe estar sujeto a un verdadero control por parte de la representación popular, por el Congreso de la Unión. Es verdad que el Poder Legislativo tiene, según nuestra Constitución, facultades exclusivas para legislar, pero igual o más importantes son sus facultades de control del Poder Ejecutivo y que lamentablemente no ejerce. Así, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que formalmente es instrumento de la Cámara de Diputados para fiscalizar el ejercicio de los recursos administrados por el Poder Ejecutivo, en realidad no cumple con ese propósito de control, teniendo como consecuencia la existencia de pésimas administraciones y una corrupción rampante que ha invadido las oficinas gubernamentales. La ASF “hace como que audita” y el gobierno “hace como que es auditado”. En la realidad, el Poder Ejecutivo hace uso de los recursos fiscales sin control efectivo, lo que propicia excesos, desorden y corrupción. En este caso se debieran explorar en la mencionada reforma dos soluciones:

Dotar a la ASF de verdaderas facultades para auditar y fiscalizar o crear un Tribunal de Cuentas autónomo con verdadera fuerza constitucional para ejercer el control y la vigilancia sobre el uso de los recursos fiscales. Este sería un paso significativo para combatir con eficacia el terrible mal de la corrupción.

El segundo elemento es constituir gobierno de gabinete en donde sus integrantes no sólo le rindan cuentas a su jefe, el Presidente, sino que le rindan cuentas también al Congreso, en lugar del actual modelo unipersonal de los secretarios del Presidente. Ello aumentará la eficacia de la administración pública y de igual manera aportará al combate a la corrupción. Con un gabinete ratificado por el Congreso de la Unión, sus integrantes serán controlados permanentemente en el ejercicio de sus responsabilidades y, en su caso, ser motivo de censura por parte de la representación congresual.

El tercer asunto que debiera contemplarse en la referida reforma política es el de terminar con uno de los pilares en donde aún se sostienen resabios del viejo régimen. Hago referencia al control político que mantiene el Ejecutivo sobre amplios sectores de la población a través de la ejecución de programas sociales. Desde luego que no pretendo la suspensión de éstos, pues ello sería un absurdo. Con tanta pobreza los programas sociales son indispensables, pero éstos no deben ser utilizados para propósitos partidistas. Aparte de ser una ruindad aprovecharse de la pobreza de mucha gente para beneficiarse políticamente, es una práctica que sólo refleja atraso, siendo es el peor síntoma de una “gobernabilidad” autoritaria y antidemocrática. Una respuesta a ello sería la creación de un sistema nacional de aplicación de los subsidios gubernamentales y de los apoyos sociales, el cual estaría sujeto a una total transparencia, así como a una constante y exhaustiva auditoría ciudadana.

Se trata de acciones y cambios estructurales que dejen atrás las prácticas del viejo régimen y que nos adelanten hacia un nuevo sistema político de gobernabilidad verdaderamente democrática.