La crisis del Estado y el Pacto por México

Excélsior

En algunos integrantes de la izquierda y de manera particular entre militantes del PRD, existe la convicción de que el Estado Mexicano padece de una severa crisis estructural cuyas manifestaciones observamos todos los días y “a flor de piel”.

Sé que habrá quienes concluyan que exageramos respecto a la crisis estructural del Estado, pero permítanme dar algunos de nuestros argumentos. Por ejemplo, las instituciones del Estado encargadas de la procuración e impartición de justicia viven (casi todas) una grave crisis de carácter normativa, funcional y desde luego de credibilidad; lo mismo sucede con aquellas otras instituciones encargadas de la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad de las personas, en su vida y en su patrimonio.

La crisis de las policías en los diversos niveles de gobierno, es de tal magnitud que no sólo son claramente ineficaces en el cumplimiento de tal tarea, sino que incluso es una fuerza armada que frecuentemente se vuelve contra el propio Estado.

¿Y qué decir de la soberanía del Estado sobre el territorio nacional? En la realidad actual, el Estado ha perdido control en no pocas partes de nuestro territorio y en éstas, la norma que rige no es la Constitución y tampoco es la fuerza del Estado —en sentido contrario— la que se impone, es la de los poderes fácticos —la delincuencia organizada, de manera sobresaliente—que dictan la norma que verdaderamente se aplica.

Igualmente, entendemos que un Estado moderno debe mantener controles normativos sobre algo que es igual o más importante que el territorio, y me refiero desde luego, a la economía. Es obvio que en los tiempos contemporáneos, el Estado que pierde el control de su economía nacional y de sus finanzas públicas pierde soberanía. En nuestro país, antes que el Estado, son los monopolios y otros poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros los que deciden de manera determinante la situación de nuestra economía.

Pero quizás una de las manifestaciones más delicadas de esto que identificamos como crisis estructural del Estado, la podemos observar en las instituciones representativas de los ciudadanos, de manera particular en los partidos políticos y el Congreso.

Estoy seguro que no se pierde de vista por los lectores, de la permanente campaña, desde diversos medios y espacios de poder, para descalificar, desprestigiar y finalmente debilitar, aún más, a estas instituciones de representación. De ello hay causas atribuibles a la irresponsabilidad de los políticos. Pero hay otras que son alentadas desde visiones autoritarias, las mismas que añoran el viejo régimen de partido de Estado y que pugnan por reinstalarlo.

Hay esas pretensiones. Pero también es verdad que el sistema de partidos que hoy tenemos, no está respondiendo a las necesidades del país. Estamos, unos más unos menos, atrapados en un laberinto en donde pequeños intereses, chovinismos partidarios o hasta ridículas vanidades personales, se sobreponen al interés superior que debiera ser, como dice la Constitución, promover la participación ciudadana en la vida democrática, contribuir a constituir la representación nacional y hacer posible a través del sufragio, el acceso de los ciudadanos al poder público.

Así como es un absurdo suponer que la solución a la crisis de las instituciones de procuración de justicia es desaparecerlas, igualmente la crisis de las instituciones representativas no se soluciona desapareciendo a los partidos. En sentido diferente, la debilidad del Estado se podrá superar si estos se fortalecen reformándolos y haciéndolos actores influyentes para la solución de los grandes problemas del país.

Es así, que al impulsar una serie de reformas que fortaleciendo las instituciones representativas de los ciudadanos, contribuyen a su vez a dar una respuesta a la crisis estructural del Estado. No es lo único que debe hacerse, pero esta respuesta es fundamental. A eso, cuando menos desde el punto de vista del PRD, responde nuestra participación en la creación del Pacto por México.

Si se leen los compromisos del Pacto por México se podrá observar que esencialmente buscan restablecer la autoridad y la fortaleza del Estado mexicano a partir de que éste recupere sus responsabilidades, sus facultades y obligaciones constitucionales.

Las reformas del Pacto por México pretenden terminar con los monopolios que, sustituyendo al Estado, ahora deciden el rumbo de nuestra economía; buscan la vigencia de las instituciones encargadas de aplicar la Constitución y las leyes; la vigencia de aquellas obligadas a garantizar los derechos de las personas; y desde luego, la permanencia de aquellas cuya razón de existencia es la de representar la pluralidad de la sociedad mexicana.

Las reformas contempladas en el Pacto por México no son una opción, son una necesidad para restablecer el Estado nacional como representante del interés general.

Cassez: expediente abierto

Excélsior

El 23 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Florence Cassez al considerar que hubo violaciones a sus derechos fundamentales en el proceso que condujo a su condena a 60 años por colaborar con la banda de secuestradores Los Zodiaco.

La francesa fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 en el estado de Morelos y llevada a un rancho a fin de que participara en un montaje televisivo preparado por las autoridades. El montaje realizado al día siguiente, simuló una operación en vivo en la cual la Policía Federal arrestaba a Cassez, transmitida supuestamente en vivo y en directo por Televisa y TV Azteca. Poco más de un año después, Genaro García Luna, quien fungía entonces como director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), admitió que a “petición” de las televisoras simuló la detención.

La SCJN determinó que la captura de la francesa, así como los actos de autoridad, estuvieron plagados de ilegalidades, las cuales atentaron contra el debido proceso, resaltando la violación del principio de presunción de inocencia, la negación de la asistencia consular tras el arresto.

Información pública, incluyendo testimonios de víctimas de secuestro de la banda de Los Zodiaco, indica que Cassez estuvo involucrada con la organización criminal, pero la impericia, abuso de autoridad y protagonismo mediático de las autoridades federales de ese entonces, impidieron integrar un expediente judicial que resistiera la revisión de un órgano jurisdiccional imparcial.

Tal vez la Policía y el Ministerio Público federal se allegaron de pruebas en contra de la detenida, pero al hacerlo, violando garantías constitucionales y derechos humanos, estas pruebas carecieron de valor probatorio al ser obtenidas ilegalmente.

Ante la responsabilidad criminal de Cassez, la decisión de la SCJN de liberarla ha generado malestar y frustración entre la población en general.

Con ayuda de algunas empresas mediáticas y sectores ligados al ex presidente Calderón, se ha generado un ambiente contrario a la Suprema Corte, tratando de minimizar el hecho de que este órgano no tuvo otra opción frente a las violaciones a las garantías individuales que no permitieron conducir el caso en el marco del debido proceso y arribar a la determinación de la verdad jurídica.

A pesar de la liberación de la ciudadana francesa, este caso está abierto. Resulta indispensable, sobre todo después de que la SCJN determinó que existieron violaciones a derechos, abusos de autoridad y actuaciones al margen de la ley que se proceda penal, administrativa y políticamente contra todos aquellos funcionarios policiacos y ministeriales que con sus acciones, orientadas más al lucimiento de la imagen presidencial que a la búsqueda de la justicia, provocaron que una persona involucrada en uno de los delitos que más lastima a nuestra sociedad haya quedado libre. Sería una tragedia que quedaran impunes quienes finalmente son los responsables de que no se haya hecho justicia.

El egoísmo partidario

Excélsior

La vida política del país experimenta un serio problema que los políticos no hemos acertado en resolver y cuya esencia se localiza en lo que llamo “egoísmo partidario”.

El egoísmo, según el diccionario significa: “la tendencia a considerar, privilegiar sobre cualquier cosa el interés personal”. En ese sentido el “egoísmo partidario” sería “la tendencia a considerar, privilegiar sobre cualquier cosa el interés partidario”. Así, de esta manera, los partidos que deberían ser representantes de la sociedad o de una parte de ésta, que deberían trabajar por hacer realidad una propuesta, un programa que represente las aspiraciones, los intereses de la sociedad o de una parte de ella, se “desnaturalizan”, pierden su razón de ser originaria y en lugar de ser medios para lograr un propósito social, se convierten en sí mismos, en un fin.

De ser representantes de partes o sectores de la sociedad, se deforman —ante esa sociedad— en representantes de sí mismos.

En El Contrato Social, Jean Jacques Rousseau dice que “en la medida que el Estado está mejor organizado más preeminencia tienen los negocios públicos sobre los privados”. Esto no sucede ahora en México y así se observa en diversos ámbitos y espacios del Estado, al grado de que los partidos que son parte de éste y que —al margen de la ideología que enarbolan— debieran entenderse como instituciones de servicio público y para el interés general, dan preeminencia sin excepciones, a los intereses que en estricto sentido de la palabra, les son estrictamente “privados”.

De defensores de los derechos e intereses de los ciudadanos se están convirtiendo en defensores de sus “derechos e intereses” frente a los ciudadanos.

Como he dicho, esto sucede en mayor o menor medida, en todos los partidos (en los que tienen registro y en los que aspiran a tenerlo) y lo que debiera ser parte esencial de ellos en un Estado democrático, es una permanente lucha y un constante esfuerzo por hacer posibles sus propuestas programáticas en razón del interés general. Sin embargo, se está convirtiendo en la sinrazón de preservarse a sí mismos como única causa de su existencia.

A esta problemática algunas personas de pensamiento autoritario y absolutista tienen como “solución” la desaparición de los partidos; otros tienen como alternativa el regreso al régimen, igualmente autoritario de partido de Estado. Desde luego, ello es descabellado y por principio debiera desecharse. ¿Pero entonces en dónde se encuentra la respuesta a esta dolencia de nuestro sistema político?

Me parece que se encuentra entre los demócratas de todos los partidos (en nuestro caso a los Demócratas de Izquierda) que debemos adoptar varias decisiones en lo inmediato y que deben de materializarse en reformas legislativas de fondo y en comportamientos políticos diferentes a los que ahora realizamos.

De las primeras es necesario que se modifique la Constitución, para que además de ser los partidos entidades de interés público, sean instituciones para el interés público. Se requiere una ley de partidos políticos en donde se establezca, entre otras, ésta última obligación fundamental y las sanciones obligadas a quien no las cumpla. Se requiere de la creación del Instituto Nacional Electoral para que las representaciones locales de los partidos dejen de ser controladas por los gobernadores. Se necesita modificar el concepto del fuero constitucional para que no sea utilizado como escudo de impunidad de representantes y funcionarios. De una normatividad para que los gobiernos y los representantes electos estén obligados a aplicar el programa que ofrecieron durante las campañas y especialmente, es indispensable regular estrictamente el uso de los recursos públicos y del dinero privado en la actividad de los partidos.

Por último, el Pacto por México es una acción política que de manera directa ataca el “egoísmo partidario”. El Pacto hace que los partidos salgan de esa dinámica, de sus eternas disputas internas que poco o nada tienen que ver con los intereses públicos, y en sentido contrario pacten —como lo han hecho algunos— para darle preeminencia a los temas que más interesan a la gente y que son en beneficio del país.

Este pacto no elimina las diferencias entre los partidos, menos aún hace desaparecer la lucha de éstos por acceder al poder y, por lo tanto, no cancela la confrontación de tesis y programas. Lo que sí hace, cuando menos desde la perspectiva del PRD, es recuperar en algo lo principal de nuestra razón de existencia: Luchar por hacer realidad nuestro programa y que éste tenga como única razón la igualdad y el bienestar de la gente.