martes, 15 de enero de 2013

El que pacta, transa: el sustrato de la antipolítica

Excélsior


Es bastante común entre politólogos o periodistas que para sus reflexiones sobre el Pacto por México recurran al ejemplo de los Pactos de la Moncloa, que se llevaron a cabo en España después del franquismo y que, sin duda, dieron espacio y camino para que este país avanzara hacia la modernidad en todos los sentidos; se pudiera convertir, en relativamente poco tiempo, en una nación integrada a Europa, que dejara el aislacionismo en que la mantuvo la dictadura y finalmente, diera pasos enormes en su desarrollo.

Los Pactos de la Moncloa contuvieron decisiones en materia política —el cambio de régimen para acceder a la democracia—, en materia económica y social —la vigencia de las libertades y un mayor bienestar para el conjunto de las y los españoles— y, a mi juicio lo más importante, en materia de la reconstitución de un Estado democrático y de derecho.

En los mencionados acuerdos participaron los republicanos y los monárquicos; los falangistas, los franquistas, los comunistas y socialistas; además de otras fuerzas políticas diversas y todas, como se sabe, enfrentadas entre sí —incluso militarmente— durante años.

La inclusión de todas o la gran mayoría de las fuerzas políticas y partidos es lo que le dio el mejor sustento para la realización, la viabilidad y la concreción de dichos pactos. Habrá, pero serán pocos, los que afirmen que los Pactos de la Moncloa no sirvieron para dar lugar a una transformación profunda por la vía de un pacto para la transición política. Durante varias décadas España avanzó y fue ejemplo de una transición pacífica.

En este momento existe una situación de crisis económica que es profunda y que está deteriorando no sólo las relaciones políticas y la democracia sino que se encuentra impactando la crisis, la vida de las y los españoles. Hoy se acentúa la desigualdad, aumenta de manera alarmante el desempleo, la pobreza y en general el nivel de vida de los habitantes de aquel país peninsular. Hay que mencionar, además, que la crisis propicia que el asunto de las nacionalidades autónomas, que en algún modo se desarrollaban en el marco de los principios constitucionales, ahora —este tema— tan sensible se esté deteriorando al grado de poner en riesgo la integridad misma del Estado español.

En esa difícil realidad, el periódico El País ha publicado una encuesta en donde, entre otras cosas, pregunta a los entrevistados: ¿Si consideran necesario, para resolver la crisis y sus consecuencias, el establecimiento de un PACTO entre los líderes políticos, sociales, partidos y gobiernos de las nacionalidades? El resultado de la encuesta que es publicada en el mencionado periódico dice que ¡más de 80% de los simpatizantes del Partido Popular (PP) y más de 80% de los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consideran necesario ¡UN NUEVO PACTO!

Los mexicanos estamos más acostumbrados a los enfrentamientos y si bien hay en nuestra historia pactos exitosos, sigue prevaleciendo entre sectores importantes de la población la perniciosa idea (alentada durante décadas por el sistema priista y por los sectores más totalitarios) de que el que acuerda, transa. El que acuerda, transa es la visión que sintetiza la antipolítica y es el sustrato que alimenta la exclusión, la intolerancia y los totalitarismos.

Tenemos poca experiencia en política de acuerdos, pero hay en otras latitudes, otros países que sí la tienen —España, Chile, Sudáfrica, Brasil, etcétera— y de los cuales debiéramos, con humildad, aprender.

martes, 8 de enero de 2013

Sociedad de derechos vs. ogro filantrópico



En la gloriosa Revolución Francesa de 1789 se dio el cambio histórico más importante en las relaciones sociales y particularmente entre aquellas que tienen que ver con el ejercicio del poder.

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano marca el fin y al mismo tiempo el inicio de una nueva era en la humanidad. Esta declaración es el principio de la instauración en el mundo de lo que ahora llamamos Sociedad de Derechos.

La Asamblea Nacional estableció como derechos “naturales e imprescriptibles”, la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión e igualmente reconoce que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y la justicia.

Han pasado más de 200 años desde esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en México recién hablamos de reformar a la Constitución política y a otras leyes para reconocernos, la sociedad mexicana, como una sociedad de derechos.

En el antiguo sistema priista los derechos de los ciudadanos existían formalmente en la Constitución, pero en los hechos era el hombre fuerte, el caudillo, el cacique, el Presidente en turno, quien decidía si se podían ejercer. Esta suplantación de la soberanía popular no se terminó plenamente con la alternancia y desde luego que existe ahora en no pocos grupos de presión y de poder, la pretensión de regresar al sistema del “soberano poder presidencial” que en los hechos cancelaría la ansiada, durante tantos años, sociedad de derechos.

La base de esa sociedad de derechos se encuentra en el artículo primero Constitucional, especialmente, a partir de las enmiendas que se aplicaron en la reforma del año 2001, donde se establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias (sexuales, reforma 2012) el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” y la reforma del año 2012 que obliga a las autoridades a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Estos párrafos de la Constitución son la antítesis del “ogro filantrópico” como definía Octavio Paz al Estado mexicano presidencialista. Ese ogro rapaz y también dadivoso (…) acostumbrado a extraer y gastar, a succionar y despilfarrar a financiar clientelas vendiendo petróleo y a vivir de su producción (Denise Dresser, 2009).

En realidad ésa es la gran disyuntiva del país en la actualidad. O somos capaces de construir a la sociedad mexicana como una sociedad de derechos exigibles y cumplibles o, como quieren algunos, revivimos al monstruo, al ogro filantrópico, aquel que quita todo para entregar migajas; al que anula derechos para dar concesiones, al que da ayudas a los pobres (Procampo, Solidaridad) en lugar de garantizar, en el uso de sus facultades, el ejercicio pleno de los derechos humanos y constitucionales para todas y todos los mexicanos.
La desaparición del ogro filantrópico no será por voluntad de él mismo; por el contrario, sólo podría ser posible como resultado de una acción política y social de la que participen —y es mejor en acuerdos— todas y todos aquellos que comprendemos que el cambio fundamental que necesitamos es el de dejar de ser un país de súbditos que piden canonjías al Presidente para convertirnos en ciudadanos que le exigen al Estado el cumplimiento de sus derechos.

martes, 1 de enero de 2013

Los poderes fácticos no son invencibles



Como observamos recientemente, sobre todo con la reforma educativa, el Pacto por México comienza a concretarse. El impulso a las reformas planteadas en el Pacto deberá aprovecharse en 2013 para llevar a cabo las acciones legislativas y ejecutivas que permitan hacer realidad los objetivos ahí planteados.

Por otra parte, uno de los puntos del Pacto por México más estratégicos para el desarrollo del país es el relativo a las telecomunicaciones. Para garantizar un acceso equitativo de clase mundial, se tienen contempladas, entre otras, las siguientes medidas:

1.- Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.

2.- Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones, garantizando el crecimiento de la red de CFE; los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado.

3.- Crear una instancia específicamente responsable de la agenda digital nacional que se encargue de garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos, fomentando la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico, e instrumentando una estrategia de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos.

4.- Fortalecer la competencia en radio y televisión, para lo cual se licitarán más cadenas nacionales, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia.

5.- Fortalecer la competencia en telefonía y servicios de datos, para lo cual se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre.

6.- Legislar una nueva arquitectura institucional para el sector, en la cual la Comisión Federal de Competencia cuente con mejores herramientas legales para determinar y sancionar posiciones dominantes, precisando en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia; reforzar la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula; y, crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades del sector.

Obviamente, estas reformas encontrarán la reticencia de los intereses que se pretenden regular, sobre todo de los actores monopólicos en posición de dominancia. Sin embargo, con la reforma educativa quedó en evidencia que cuando las principales fuerzas políticas deciden con visión de Estado, los poderes fácticos no son invencibles.