Encuestas como si fueran pizzas

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En su origen, las encuestas fueron concebidas como herramienta para que empresas privadas, gobiernos, partidos políticos, universidades e institutos de investigación, pudieran obtener información acerca de los hábitos, costumbres, filias, fobias de determinados grupos sociales, tales como los consumidores, los votantes u otros conglomerados de la sociedad.

La información obtenida se convertía en cifras y números para que, con esos datos, finalmente se pudiera conocer el comportamiento de dichos grupos sociales y, con ello, elaborar propuestas, respuestas y soluciones a problemas específicos.

En 1953, Albert Kinsey publicó un estudio (basado en una encuesta) acerca del comportamiento sexual de los estadunidenses que causó un gran revuelo al difundir, por ejemplo, el porcentaje de personas casadas que habían cometido adulterio y, como consecuencia de ello, la existencia de una deficiente higiene sexual en ese país. Recientemente, otra encuesta sobre las familias norteamericanas reveló que los castigos corporales a los niños y niñas ocasionan problemas sexuales cuando son adolescentes o adultos. Éste es un tema, pero hay muchos otros en que, para su mejor conocimiento, las encuestas resultan indispensables.

Cualquier empresa comercial del mundo hace uso de las encuestas para vender mejor sus productos, y no hay partido político o candidato que no recurra a las encuestas para conocer de los sentimientos, afinidades, pasiones, razones y comportamientos de los electores.

Sin embargo, la razón original de los estudios estadísticos y demoscópicos se ha desvirtuado, especialmente en la política. En esta actividad esencial de toda sociedad y de todo grupo humano, las encuestas sirven ahora para tratar de condicionar y direccionar, en muchas ocasiones con engaños, el voto de los ciudadanos. Muchas de las “casas encuestadoras” venden su producto como si vendieran pizzas, es decir, con los ingredientes (los números) que el cliente pida.

Leo Zuckermann (Nexos, marzo 2012) relata una entrevista que hizo Joaquín López-Dóriga a Fausto Vallejo, el entonces candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán. “Inicialmente, (dice Vallejo sobre la casa encuestadora GCE) me daba a mí ventaja, pero (como) no llegamos a ningún acuerdo y obviamente pasó a otros momios a favor de la (otra) candidata”. El “acuerdo” al que hace referencia Vallejo era sobre montos de dinero, y la sola declaración debiera ser suficiente para que el IFE y los organismos privados que procuran la profesionalización de las encuestas llevaran a cabo una elemental investigación. Es claro que la publicación de esa encuesta, como de otras, debiera, como cualquier propaganda, entrar en la contabilidad de los gastos de campaña de los respectivos partidos y candidatos.

No pocas de las encuestas difundidas profusamente atienden al pago de determinado monto de dinero o al establecimiento de compromisos —una especie de pagarés— para cobrarlos cuando el candidato sea, eventualmente, gobernante.

Dice el IFE que, para propósitos de los gastos de los candidatos, va a “contabilizar hasta los volantes y las botellas de agua”, pero intencionadamente olvidan su obligación de contabilizar la propaganda vía encuestas o los infomerciales de campaña que se llevan a cabo en muchos medios de comunicación. Desde luego que hay excepciones, tanto en casas encuestadoras como en medios de comunicación. Lamentablemente, son pocas las que actúan con rigor científico y profesionalismo. La mayoría atienden a los partidos y candidatos como si fueran clientes de pizzería, esto es: con los ingredientes (los números) que pida.

¿Son ciudadanas y ciudadanos las y los miembros de los partidos políticos?

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Giovanni Sartori define a un partido como “cualquier grupo político identificable mediante un membrete oficial que se presenta a las elecciones y que es capaz de colocar, a través de las elecciones, a candidatos para los cargos públicos”.

Como se puede deducir de esta definición, una de las principales funciones institucionales de un partido político es lograr que sus miembros ejerzan directamente el poder o tengan influencia sobre él. Esta función ha sido estigmatizada a tal grado que muchos actores políticos y sus partidos adoptan un discurso demagógico y se presentan ante la sociedad como líderes y organizaciones que no buscan ejercer ningún tipo de autoridad que devenga del poder público.

La estigmatización referida llega al grado de descalificar a los miembros de un partido político por el hecho de postularse a algún cargo de representación popular. El discurso demagógico descansa sobre el falso argumento de que los partidos políticos tendrían que postular a los ciudadanos.

¿Son las y los miembros de un partido político ciudadanas y ciudadanos? La simple lógica nos ayudaría a responder afirmativamente, pero veamos los siguientes fundamentos normativos:

Según la Constitución Política, en el artículo 34, son ciudadanos quienes, teniendo la calidad de mexicanos, sean mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir. En correlación a lo anterior, el artículo 41, fracción I, establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.

No queda duda de que los miembros de un partido político, siempre y cuando cumplan con los preceptos constitucionales, son ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos plenos.

Es de llamar la atención los cuestionamientos a los partidos políticos por “no incluir a los ciudadanos en sus candidaturas”. Las y los miembros del partido al que pertenezco no aterrizaron el día de ayer provenientes de Marte, sino que son ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos, quienes decidieron participar primordial y activamente en la política para transformar al país.

¿Desde dónde lo iban a hacer? ¿Desde una empresa? ¿Desde una institución académica? ¿Desde un medio de comunicación? Podrían haberlo hecho desde cualquier ámbito, pero decidieron hacerlo a través de las instituciones idóneas para ello: los partidos políticos.

En este contexto, llama la atención que parte de los cuestionamientos contra los miembros de los partidos —que son candidatos— provengan de las mismas personas que promueven la reelección bajo el argumento de que se necesita profesionalizar al Poder Legislativo.

A pesar de la propaganda constante para desprestigiar a las personas que se dedican profesionalmente a la política, la mayoría de la sociedad no le apuesta a la improvisación ni a las ocurrencias. Basta ver las reacciones a la postulación de personajes provenientes del mundo del espectáculo y del deporte.

Sobre el falso dilema de ellos (políticos) contra nosotros (ciudadanos), aprendimos de la peor manera la lección con un “forastero” del sistema político que se ostentaba asimismo como alguien ajeno a los partidos y a las instituciones: Vicente Fox.

Para terminar, me gustaría dejar claro que, así como considero legítimo que los miembros de los partidos políticos sean candidatos a puestos de elección popular, considero indispensable que los demás ciudadanos y ciudadanas interesados en los asuntos públicos del país puedan ser postulados de manera independiente. Por ello, he impulsado sistemáticamente una reforma política que contemple, entre otros puntos, las candidaturas independientes.

Otro dilema falso: ciudadanía vs. política

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Es, cuando menos, chocante observar la actitud casi frenética de algunos periodistas que tratan de convencer a sus lectores de que la gran solución a los males del país reside en despreciar la política y en repudiar a los políticos. Existen algunos programas en la radio, en la televisión y reportajes en periódicos cuyo contenido se limita a denigrar cada vez más a la política. Y más delirante aún es el comportamiento de políticos que, en el colmo de la esquizofrenia, rechazan a la política.

No es nuevo este comportamiento hipócrita y, más bien, es tan antiguo como la política. Hay ahora —y han existido siempre— aquellos que, detentando el poder político y económico, acusan frecuentemente a sus opositores ¡de políticos!, y también hay aquellos que, buscando acceder al poder —la mayoría de ellos, políticos— reniegan y rechazan, sin pudor alguno, a la política.

En alguna propaganda reciente, he visto a un aspirante a diputado manejar la estúpida consigna “De menos política, más ciudadanos”. Este individuo no tiene la menor idea del desarrollo de las sociedades humanas en donde es imposible avanzar en ciudadanía excluyendo o minimizando a la política, y avanzar en la política excluyendo a la ciudadanía. En sentido diferente: mayor y mejor pensamiento político, mayor y mejor ciudadanía.

Pareciera —según todas estas necias opiniones— que lo adecuado en estos tiempos es abstenerse de “tomar partido”, abstenerse de asumir posiciones políticas. A Zhou Enlai, durante mucho tiempo canciller en el gobierno de la República Popular China, le preguntaron su opinión sobre Robespierre. El astuto compañero de Mao evitó la respuesta diciendo con humor que “200 años no eran tiempo suficiente para madurar una opinión”. Con menos gracia y sí con mayor daño, algunos de los “ciudadanos” repelentes a la política evitan dar respuestas contundentes en temas trascendentes, como la despenalización del aborto y a lo que más llegan es a sugerir las consultas.

Esta tontería de alejarse lo más posible de la política es un error en cualquier ciudadano, pero se convierte en comportamiento peligroso entre quienes buscan dirigir al Estado, el gobierno o a influir en el rumbo de éste.

Maquiavelo escribía que “el Príncipe debe en lo posible evitar declararse neutral, porque, en la política y en la ciencia del gobierno, se necesita ser amigo o enemigo franco”.

Un político por excelencia, como lo es Fidel Castro, decía en una entrevista —recién habiendo derrotado a Batista— que el movimiento 26 de julio “no era político” y, más bien, buscaba que los ciudadanos ingresaran al gobierno. Desde luego, tal declaración del Comandante de la revolución cubana, claramente, no era cierta. Al paso de los años, Fidel asumió el poder y, si algo hizo en su vida, fue precisamente política. Acertada o no, ése será tema de otra reflexión.

En México tenemos grotescos comportamientos, como el de los dirigentes del llamado “Partido Verde” que, siendo integrantes de una agrupación política, llaman a no votar “por los políticos”. Esta declaración exuda cinismo y los sitúa como personajes de tal tipo que son, ciertamente, incapaces de entender la política.

Andrés Manuel López Obrador es un político honrado y estoy seguro que desea mejoría para México. Pero comete un error al declarar que “para cambiar al país, es necesario tener a una organización, no a un instituto político”.

El debate acerca de la necesidad o no de la política lleva siglos dándose en el mundo, y también en México. Y si nos atenemos a la realidad, a los hechos, a la historia, debemos seguir concluyendo que las sociedades y los países no se transforman, no cambian si no es con el imprescindible instrumento de la política. Cada vez una mejor política, pero no sin ella.